Los planes de Portugal para equilibrar los costes de su sistema eléctrico son más "creíbles" que los anunciados en España, según un informe de la agencia de calificación de riesgo Fitch. La agencia señala que los planes portugueses para atajar su déficit tarifario, un desfase entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, van acompañados de una agenda detallada y un proceso de supervisión y se ven beneficiados de la independencia de la regulación. Unos elementos, añade Fitch, que están ausentes, o menos desarrollados, en el plan de trabajo de España.
El Gobierno anunció el pasado 12 de julio un paquete de medidas para reformar el sistema eléctrico español y atajar el déficit de tarifa, una deuda que supera los 26.000 millones de euros, lo que equivale al 2,6 % del PIB. En Portugal, el déficit equivale al 1,7 % del PIB y su reforma, seguida trimestralmente por la "troika", busca eliminarlo en 2020.
La agencia -que reconoce que la volatilidad de la demanda eléctrica ha influido en este problema en ambos países- destaca que en España la falta de independencia de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha complicado más la situación al dificultar que los costes se mantuvieran bajo control. En este sentido, Ficth espera que la creación de un nuevo y mayor organismo, en referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), conlleve "una verdadera independencia reguladora".
No obstante, la agencia confía en que las medidas sirvan para controlar el déficit de tarifa español, aunque esperará a finales de este año para evaluar los primeros impactos. Los mercados de la electricidad en Portugal y España pueden ser "sostenibles" en el largo plazo, pero depende de varios factores como la evolución del consumo eléctrico y los costes de las fuentes de generación, resume Ficth, que advierte que si la crisis sigue lastrando la demanda los objetivos de estas reformas deberán revisarse.
Fitch confía más en la reforma eléctrica de Portugal que en la de España
La agencia destaca la falta de independencia de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para mantener los costes del sistema bajo control.
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