La nueva reforma de las pensiones (una más) ya está en marcha. La ha presentado este lunes Fátima Báñez, después de su reunión con sindicatos y patronal en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Supondrá dos cambios fundamentales en el sistema: por un lado, cambia la forma con la que se revalorizan cada año las prestaciones; por otro, implicará un ajuste de la paga de todos los nuevos jubilados a partir de 2019.
Los actuales pensionistas verán las consecuencias de los cambios propuestos por Báñez muy pronto. En teoría, si se cumplen las previsiones del Gobierno, a partir del próximo enero. La idea de Empleo es que el nuevo índice que sustituye al IPC entre en vigor el año que viene. Y la preguntan que muchos se hacen es ¿ganará o perderá el jubilado con el cambio?
El nuevo índice
La realidad es que no hay una respuesta. Como ha enfatizado Báñez, el índice de revalorización tendrá un suelo del 0,25%. A cambio, también tendrá un techo determinado por la suma del IPC más 0,25%.
La fórmula tendrá en cuenta numerosos factores: crecimiento de los salarios, evolución de la economía, comportamiento de las cotizaciones, precios y, también, los déficit estructurales del sistema. La lógica nos dice que a medio plazo implicará subidas inferiores al anterior sistema, que ligaba las prestaciones al IPC.
Para empezar, porque no tendría mucho sentido que el Gobierno se metiera a una reforma como ésta para subir el gasto de esta partida. Pero además, porque los elementos de corrección que tienen que ver con la evolución del sistema (relación entre el número de nuevos cotizantes y nuevos pensionistas) deberían tender a situar el índice por debajo de la cifra del IPC.
Además, hay que recordar que el margen de mejora respecto al IPC es mucho menor que el margen de pérdida. Por ejemplo, este año la inflación oficial rondará el 1%, una cifra muy baja. Pues bien, incluso así, hay un margen del 0,75% hasta el nuevo límite mínimo del Gobierno.
Imaginemos un año con un IPC del 3% y en el que el índice de revalorización lleve las pensiones a subir sólo un 0,25%. Sería una pérdida de poder adquisitivo (si asociamos éste a la inflación) de 2,75 puntos. Para recuperar, haría falta que durante muchos años el índice estuviera en el máximo.
Hijos y padres
La segunda parte de la reforma es la que tiene que ver con el factor de sostenibilidad. Según las propias palabras de Báñez, la idea que se esconde detrás de esta novedad es que "la cuantía de la pensión se module en función del tiempo que se vaya a recibir". En este sentido, la ministra ha asegurado que lo que se busca es que, en caso de igualdad de cotizaciones, los actuales trabajadores cobren una cantidad similar a la que cobran sus padres.
Esto podría llegar a ser cierto, pero sólo en parte. Cuando Báñez dice que los futuros pensionistas cobrarán lo mismo que los actuales, lo lógico es pensar en su prestación. Pero no, a lo que la ministra se refiere es a la cantidad total de lo que percibirán durante su jubilación, no a su paga mensual.
Se supone que cuando uno se jubile, el sistema calculará cuánto tiempo de vida le queda por delante (de media). Con esa cifra en la cabeza, se aplicará un coeficiente reductor a su pensión. Si le quedan 20 años, el coeficiente reductor será menor que si le quedan 30 años. En cualquier caso, la prestación que reciba en su banco cada mes será inferior, y mucho, a la de su padre. Si los dos cotizaron lo mismo y durante el mismo tiempo, el pensionista del futuro tendrá una paga bastante inferior al del presente.
Expertos y reformas
Hasta aquí, hemos visto las claves de la reforma del Gobierno. Pero tras la presentación de Báñez surgen dos preguntas: ¿por qué no ha seguido el consejo de los expertos? y ¿habrá más reformas como la de 2011?
El grupo de sabios convocado por Báñez para que diseñara el factor de sostenibilidad (que incluía éste y el nuevo índice) presentó una propuesta más dura que la finalmente presentada por Empleo. El índice anual tenía un suelo del 0% y eso sólo para los actuales pensionistas. Además, su fórmula implicaba subidas menores medias que la del Gobierno en caso de que no hubiera un crecimiento económico bastante intenso fuerte.
En lo que tiene que ver con el factor intergeneracional (lo que en la propuesta del Gobierno es el factor de sostenibilidad puro y duro), los expertos pedían una entrada en vigor inmediata y advertían de que si no se hacía así habría fuertes recortes en el futuro. Pero Báñez ha hecho caso omiso y retrasa los cambios hasta 2019. Está claro que alguien se equivoca. O los sabios eran muy pesimistas o el equipo de Empleo está pecando de optimismo.
En cualquier caso, la pregunta abre la puerta a otra cuestión, ¿habrá más reformas? No hay que olvidar que el determinante fundamental de las prestaciones no reside en estos factores, que son sólo correctores. Lo más importante son las condiciones de acceso al sistema: años cotizados para tener derecho a una prestacion contributiva, años de cálculo, edad de jubilación, etc... En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una reforma que endurecía todos los requisitos pero se quedaba lejos de las peticiones de muchos analistas, que vaticinan una quiebra del sistema a partir de 2035-2040 si no cambian los fundamentos.
En teoría, el factor de sostenibilidad aprobado debería servir para limitar este peligro. Pero al limitar las bajadas año a año (de hecho, siempre se revalorizarán al menos un 0,25%) y plantear una fórmula intergeneracional menos ambiciosa, se corre el riesgo de perder su efectividad. Y los españoles se preguntan, ¿para cuándo la nueva reforma?