Fátima Báñez no seguirá las recomendaciones del grupo de expertos sobre el factor de sostenibilidad que ella misma convocó. En dos de los temas principales, la fecha de entrada en vigor de la medida y la congelación de las prestaciones en caso de recesión, el Gobierno legislará en contra de sus consejos.
Es evidente que en esta cuestión los problemas no surgen de un día para otro. La Seguridad Social no va a tener un déficit del 20% el año que viene. Por lo tanto, si los cálculos de Empleo son incorrectos (y los expertos acertaron), serán los próximos ejecutivos los que tendrán que lidiar con esta patata caliente.
Tampoco es la primera vez que un Gobierno da una patada a seguir en este tema. Es difícil políticamente presentar una reforma que implique rebajas en un tema tan sensible. Siempre es más fácil dejar que sean los que estén en Moncloa en 2020 los que lo solucionen.
¿Hasta 2019?
Lo cierto es que los últimos datos de paro han generado bastante optimismo en el Gobierno. La crisis no ha acabado, pero la sensación es que se mejorarán las previsiones oficiales que presentó el Ministerio de Economía y que hablaban de un 27% a finales del año que viene.
Una mejora en las cifras de empleo relajará algo la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social, que han mejorado, además, por la decisión de sacar las pensiones no contributivas del sistema. Esto da cierto margen de actuación al Gobierno. Y parece que lo utilizará.
Este jueves, El Mundo, hablaba de finales de la próxima legislatura (2018-2019) para comenzar a aplicar el factor de sostenibilidad. Estas fechas coinciden con el voto particular realizado por Miguel Ángel García, el miembro del comité cercano a CCOO, que votó a favor del informe, pero pidió que se retrase la entrada en vigor de la reforma a 2018-2019. De hecho, la postura oficial de los sindicatos va más allá, puesto que piden no hacer nada al menos hasta 2027, cuando finalice la aplicación progresiva de la reforma puesta en marcha por el anterior Gobierno socialista. Desde un punto de vista electoral, es una perspectiva muy atrayente para Moncloa, que se quitaría un problema de encima.
Pero los cambios respecto a lo que pide el informe podrían no quedarse sólo en los plazos. También se eliminará la medida más polémica. Los expertos apuntaron a que la fórmula sólo debería estar limitada por un suelo que impidiese que las pensiones bajasen de un año para otro. Es decir, que si la cifra tras aplicar el factor de sostenibilidad salía negativo en un momento determinado, se optase por congelar las prestaciones.
Desde el principio, hubo muchas protestas sobre esta cuestión, porque implicaba desindexar las pensiones. Ya no subirían automáticamente en función del IPC. Ahora el Gobierno se plantea dar marcha atrás. No es que las pensiones vayan a seguir ligadas a la inflación oficial, pero tampoco tendrán el 0 como suelo. No se congelarán. La alternativa sería poner un límite de revalorización mínimo: bien una cifra (1%) o un índice algo inferior al IPC (por ejemplo, en IPC a impuestos constantes).
Los 'trucos'
La realidad es tozuda. Y es evidente que el sistema no podrá seguir siendo tan generoso como hasta ahora. Sin embargo, los diferentes gobiernos han intentado suavizar el impacto de las reformas en la opinión pública. No sus implicaciones, sino la información que llega al ciudadano medio.
En un tema tan importante, muchas veces se echa en falta algo más de claridad. En los últimos años, en España, estos han sido tres de los trucos más habituales de los políticos, y los peor explicados (probablemente, seguirán siéndolo en las próximas décadas):
- ¿Qué paga la Seguridad Social?: aunque en teoría la Seguridad Social es un sistema contributivo, siempre se ha hecho cargo de otro tipo de prestaciones. Como había dinero, era más cómodo pagar todas las pensiones con cargo a esta cuenta, antes que tensar aún más el presupuesto del Estado. Pero la crisis se ha llevado este propósito por delante. Desde este año, las pensiones no contributivas se sacan del sistema.
Lo lógico es que luego lo hagan todas las prestaciones que no correspondan estrictamente a los antiguos cotizantes. Incluso, en un momento dado, podría sacarse el gasto de gestión de la Seguridad Social (personal, estructura administrativa,...). Todo con tal de mantener el mito de la "sostenibilidad del sistema". Pero esto tiene truco, porque lo que sale de aquí, entra directamente en el Presupuesto. Es decir, se paga igual, pero vía impuestos. Aunque permite que los políticos digan que no hay déficit en la Seguridad Social o que la hucha sigue creciendo.
- Las condiciones de acceso: la reforma de Zapatero no tocaba las pensiones actuales, como sí haría el factor de sostenibilidad desde el momento en que comenzase a aplicarse. Lo que hacía era cambiar las condiciones de acceso al sistema. Para empezar, nos jubilaremos a los 67 años. Para cobrar el máximo, habrá que cotizar más tiempo (37 años). Y el período de cálculo será más largo, con lo que cogerá los primeros años de la vida laboral, cuando el sueldo era más bajo.
Con todas estas medidas, las pensiones futuras bajarán, pero de forma más sibilina. Nadie verá reducida su prestación. El recorte llega al acceder al sistema. No es fácil que el nuevo jubilado se dé cuenta, pero implica un incumplimiento de la promesa que le hicieron cuando empezó a trabajar. Los gobiernos siempre prefieren estas reformas, en las que además suele haber consenso, porque no tienen efectos inmediatos. Y se hacen a través del Pacto de Toledo. Probablemente, para mantener el edificio en pie sean imprescindibles, pero no estaría de más una explicación un poco más detallada, más allá de las clásicas llamadas a la "sostenibilidad del sistema".
- La subida de la pensión media: en lo que hace referencia a la percepción general, el Gobierno (éste y los futuros) tiene una aliado silencioso en el progreso general del país. Los españoles cada vez llegan a la edad de jubilación con más años cotizados y sueldos más altos. Por lo tanto, las pensiones que les corresponden son más elevadas.
Esto puede ser un problema contable, pero es un alivio cuando llega el momento de los recortes. La pensión media en España puede que siga subiendo o que no baje demasiado en las próximas décadas. No porque el sistema sea más generoso, sino porque los jubilados futuros han sido mejores cotizantes.
Cuidado, esto no quiere decir que no se estén recortando las pensiones. Por ejemplo, con las actuales condiciones, un trabajador podría hacer un ejercicio teórico y calcular que tendrá derecho a 2.300 euros; dentro de veinte años, cuando se jubile, recibirá 2.200 euros. Puede que esta cantidad sea más alta de lo que ahora recibe su padre. Pero es menos de lo que se le prometió cuando empezó a cotizar.
Y eso sin contar que la pensión máxima cada vez será más cercana a la mínima, una manera aún más indirecta de recortar a los cada vez más numerosos trabajadores que cotizan las cantidades más elevadas. Hace unos años, era la excepción, ahora es casi la regla. Es la reforma oculta, de la que nadie quiere hablar.