La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que plantea la posibilidad de crear un fondo a disposición de la Agencia Tributaria (AEAT) para poder pagar a los confidentes que ayuden a destapar casos de fraude fiscal, así como considerar delito todas las actuaciones que permiten la evasión, incluyendo el asesoramiento.
En la iniciativa, que recoge Europa Press, la coalición recuerda que el fraude y los paraísos fiscales "atacan gravemente" el bienestar de los países y la redistribución de la riqueza, aumentando la desigualdad y la pobreza, acelerando la fuga de capitales de los países pobres, contribuyendo a la corrupción y la delincuencia organizada, y dejando a las administraciones públicas sin unos ingresos "imprescindibles" para garantizar el Estado social y para luchar contra la crisis.
Por eso, la Izquierda Plural recoge en su iniciativa parlamentaria las propuestas para luchar contra este fenómeno tanto a nivel internacional como nacional que han planteado la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado y la Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.
Medidas aplicables directamente
Así, entre las medidas "aplicables directamente por el Gobierno" y que no dependen de ningún acuerdo internacional destaca la petición de que la Agencia Tributaria pueda pagar a los chivatos cuyas informaciones permitan aflorar o recuperar dinero defraudado al fisco. Además, exige que la AEAT tenga "acceso" a las listas de defraudadores que se han filtrado, como la 'lista Falciani' o la 'lista Lichtenstein', y critica que "la respuesta española (ante estos casos) ha dejado mucho que desear".
También propone potenciar la figura de la denuncia tributaria "para regular la participación del denunciante en el importe de la sanción" y permitir que la Inspección pueda actuar de incógnito para obtener información. Asimismo, la Izquierda Plural cree que debería equipararse como delito de blanqueo de capitales "todas las actuaciones necesarias para la evasión fiscal, incluidas las de asesoramiento".
Además, "mientras no se prohíba a la banca abrir filiales en los paraísos fiscales", se pide un mayor control de las actividades financieras en dichos territorios, con cambios como obligar a estas entidades a suministrar la identidad de los clientes que hayan constituido sociedades en un paraíso fiscal, así como de quienes hayan adquirido productos comercializados a través de estas filiales con origen y/o destino directo o indirecto en cuentas abiertas en España.
IU-ICV-CHA reclama asimismo que las empresas que operan directamente o mediante filiales en paraísos fiscales no puedan acceder a ningún incentivo fiscal, y que para que el Banco de España autorice a una entidad de crédito a operar a través de una filial en un paraíso exija a la entidad matriz los justificantes y antecedentes contables de la filial y la información fiscal de operaciones realizadas a través de dicha filial.
Que se haga pública la información de las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito o débito que operan en España y tienen filiales en paraísos, y que sea obligatorio suministrar la identidad de quienes cobren o ingresen fondos de más de 3.000 euros en cuentas de corresponsal abiertas en España de las entidades radicadas en dichos territorios son otras de las propuestas.
"Impuesto unitario" a las multinacionales
Con respecto a los cambios a nivel internacional, la Izquierda Plural insta al Gobierno a promover en el seno del Consejo Europeo, el Consejo de la UE, el Ecofin y el G-20 la creación de un "impuesto unitario" para que todos los países graven a las empresas multinacionales de acuerdo con el lugar donde realmente tiene lugar su actividad económica real, basándose en criterios objetivos como dónde está su fuerza de trabajo, sus activos o los recursos que necesita para su actividad.
Para hacer efectivo este tributo y evitar la ingeniería fiscal, Izquierda Plural cree que ha de exigirse a los grupos multinacionales la rendición anual por cada país donde tiene filiales de un informe financiero que incluye la razón social, las ventas y compras intragrupo y a terceros, el número de empleados, los costes financieros "distinguiendo pagados a empresas del grupo y a terceros", el beneficio antes de impuestos y la carga tributaria satisfecha.
"Se trata de disponer de información suficiente y homogénea par poder evaluar la congruencia de las bases imponibles declaradas en cada país por los grupos multinacionales con la estructura de la que disponen y actividad económica que desarrollan en cada uno de esos países", explica la iniciativa.
Por otra parte, la coalición también pide un mayor nivel de intercambio automático de información entre los estados de la OCDE, incluyendo los datos sobre la identidad de los clientes de sus bancos y demás instituciones financieras. Finalmente, pide que se promueva la firma de convenios de intercambio de información, que se obligue a las instituciones financieras extranjeras que tengan depositados fondos propiedad de españoles a informar a la AEAT, y que se verifique que "los propietarios que constan en el registro de la empresa sean los propietarios reales, y no testaferros o empresas pantalla".