Me han sorprendido las intelectualmente pobres reacciones que hemos lanzado desde España a la sugerencia del FMI y de la CE de bajar los salarios de forma lineal a nuestro capital humano para mejorar las cuentas públicas. Desde salvadores de la patria, con olor a rancio, que viven de los pobres trabajadores, cuya respuesta ha sido que no porque no, hasta la representante de un partido que aspira a gobernar España cuyo contraargumento ha sido cuánto se gasta en una cena el autor de la idea. Desde luego, es lo menos parecido a un debate de un nivel técnico básico.
Seguro que usted está pensando que la propuesta de marras tampoco tiene cimientos sólidos. Es verdad. Se trata de una medida que es criticable desde millones de puntos de vista, sin necesidad de haber acudido a la Universidad Francisco Marroquín, pero -honestamente-, esos organismos internacionales son ahora prestamistas del Reino de España y lo que quieren es que se les devuelva la pasta y punto. Les importa un bledo el método. En cualquier caso, siguiendo el hilo de la propuesta de Olli Rehn que, por cierto, se subió al coche oficial con 26 años y desde entonces no se ha bajado, salvo para jugar al fútbol cuando era joven, podríamos transmitirle que España no necesita una bajada salarial del 10%, sino una aún mayor. Me atrevería a sugerir que la bajada podría ser de hasta un 30% y me apunto incluso a que sea lineal, es decir, para todos igual.
Pero ahora vienen mis matices. No me estoy refiriendo al salario neto, es decir, al que realmente entra en el bolsillo, sino a esa parte que paga el empleador al empleado, pero que antes de llegar a sus manos se redirige a Hacienda. Toda esa amalgama de elevada fiscalidad que va desde las cotizaciones sociales, hasta el IRPF. No parece que tenga mucho sentido que para que un trabajador perciba 1000 euros netos, el empresario se vea obligado a pagar una nómina de hasta 1500 euros. Eso es una barbaridad que castiga a todos, pero mantiene la manguera de gasto de nuestras administraciones públicas.
Este muchacho finlandés, Rehn, seguro que tiene muy buena intención, pero debería de recibir algún informe acerca de cuán alta es la fiscalidad laboral en España. Somos los sextos más duros en el mundo cargando con impuestos al empleo. Sobre un salario medio de unos 23.000 euros al año, el empresario tiene que abonar a las arcas públicas casi ocho mil euros más, es decir, más de un 30%. Altos costes laborales y bajo desempleo son dos conceptos que nunca van juntos.
Esa carga impositiva tan dura es un enorme obstáculo para la actividad económica real, la que genera puestos de trabajo. Por eso Olli debería ser aún más agresivo en su propuesta, pero dirigida hacia el salario bruto. Todos los países que están por debajo de nosotros en costes laborales cuentan con una evidente ventaja competitiva respecto a España. Un empresario patrio paga más impuestos por un mismo trabajador que un colega de la gran mayoría de los países. Por lo tanto, tiene un lastre superior que sólo sirve para pagar un entramado burocrático construido en base a una economía inflada por el ladrillo.
Por cierto, de los diez países con los costes laborales más elevados con sueldos bajos/medios, hasta siete son de la vieja Europa. Italia es el país donde más se grava el empleo, hasta el punto que viendo las cifras, generar allí puestos de trabajo se podría considerar un lujo. Sobre un sueldo de 23.000 euros, el empresario italiano se ve obligado a pagar 12.000 euros (más de un 52%). Pero no vale el consuelo de mirar hacia nuestros vecinos transalpinos. Lo cierto es que hoy en España, mantener o crear un puesto de trabajo es fiscalmente muy duro y tendríamos que aligerarlo de forma urgente si realmente se pretende generar actividad económica y, por lo tanto, empleo.
Por último, no quiero obviar mi opinión respecto a los salarios netos que existen en España. A mi juicio, están demasiado intervenidos y eso es una rémora tanto para el trabajador como para el empleador, es decir, para la propia empresa. Aunque he de indicar que la reforma laboral de Báñez ha significado un avance positivo muy importante. Me gusta el modelo británico que instaló Thatcher y que, posteriormente, desarrolló Blair. Está basado en la libertad de contratación entre empresario y trabajador, los cuales pactan las condiciones laborales y la manera de rescindir la relación. En caso de conflicto -que es mínimo- se acude a los tribunales, que emiten su propio dictamen y punto. Los mercados, en libre competencia, son quienes seleccionan una serie de cláusulas comunes que se van modificando en función de la etapa del ciclo, así como del tipo de empresa y trabajador.
No podemos competir con una actividad productiva basada en precios bajos, sino en valor añadido para que toda nuestra sociedad disfrute de bienestar. Nuestro objetivo no puede ser una economía low cost, o como ya califican algunos, una McEconomy.