El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha cosechado duras críticas entre los partidos políticos y los denominados agentes sociales con su propuesta de reducir los sueldos en España un 10% de forma lineal, a fin de combatir la elevada tasa de paro. Sin embargo, lo aberrante de tal recomendación no radica tanto en la necesidad de seguir rebajando los costes laborales para ganar competitividad como en la exigencia de que una determinada cúpula –patronal, sindicatos y, en última instancia, Gobierno– determine de forma arbitraria el nivel salarial de todos los trabajadores. Es decir, dado el brutal desempleo existente, casi seis millones de parados tras cinco largos años de crisis, y la intensa pérdida de productividad acumulada durante la época de la burbuja inmobiliaria, es lógico pensar que los sueldos en España deben seguir presentando una tendencia natural a la baja, a pesar de que muchas empresas ya han aplicado recortes para seguir en pie y evitar despidos. Pero no tiene sentido que el FMI o cualquier otro organismo decrete una reducción generalizada y lineal manejando a su antojo algo tan importante y esencial como el salario.
El sueldo determina el valor de los trabajadores. Y si en una economía de mercado resultaría insólito que el Estado fijase por ley el precio de los alimentos básicos, la vivienda o los coches, por poner sólo tres ejemplos, igual de contradictorio y contraproducente es determinar los salarios. El precio es un indicador clave, ya que permite coordinar las complejas interacciones de los individuos en el mercado (oferta y demanda), de ahí que su manipulación provoque importantes distorsiones que, de una u otra forma, acaban perjudicando a la economía. Sin embargo, esto es, precisamente, lo que sucede en España. Con la peseta, los Gobiernos devaluaban la moneda para salir de las crisis; reducían así precios y salarios de forma lineal con el fin de ganar competitividad exterior. Con el euro, dada la imposibilidad de la depreciación monetaria, tanto el FMI como Bruselas proponen una “devaluación interna”, consistente también en rebajar sueldos de forma lineal.
Pero la solución no estriba en que los Gobiernos, ya sea de forma directa o indirecta (convenios colectivos), manejen a su antojo los niveles salariales de un país, sino en la existencia de un marco laboral que permita a trabajadores y empresarios fijar libremente sus condiciones, incluido, por supuesto, el sueldo. Esta mayor flexibilidad se traduciría de inmediato en una sustancial mejora de la productividad y en un intenso descenso del paro, ya que permitiría a las empresas adaptarse de la mejor forma posible a las siempre cambiantes condiciones del mercado. No por casualidad las economías que disfrutan de un mercado laboral más libre presentan tasas de paro muy inferiores a las de las que sufren marcos más rígidos. España se situaba hasta hace poco a la cola del mundo en cuanto a libertad laboral, y el resultado de dicha lacra salta a la vista: un desempleo del 26%, una de las tasas más elevadas del planeta.
La reforma laboral aprobada en 2012 supuso un importante avance, pero todavía existe un amplio margen para seguir avanzando. España no necesita salarios bajos sino salarios libres para salir adelante.