El Tribunal de Cuentas ha destapado un nuevo caso de irregularidades manifiestas en la adjudicación de contratos públicos. En esta ocasión se trata de decisiones de la Tesorería general de la Seguridad Social durante los años 2006 y 2009, cuando estaba en manos de Jesús Caldera primero y Celestino Corbacho después.
Según este informe, que recoge este jueves el Economista, 33 de los contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas fueron adjudicados por un importe total de 175,20 millones de euros, pero el coste final se disparó hasta los 234,4 millones.
Es más, los contratos también sufrieron fuerte s retrasos. Para el Tribunal de Cuentas es "significativo" que en el 97% de los expedientes de obras analizados fueran "incumplidos los plazos de ejecución inicial" debido a las "modificaciones del proyecto aprobadas durante las obras en ejecución", lo que terminó "incrementando el coste económico" de estos contratos.
Estos contratos inflados, siempre según el Tribunal de Cuentas, han supuesto un sobrecoste adicional de 59,2 millones de euros. Unas modificaciones que no quedaron acreditadas, que presentaban eficiencias y omisiones en la planificación de las obras y con una total falta de transparencia.
Según ha constatado el organismo fiscalizador, el 76,5% de los contratos de obras adjudicadas "fueron modificados con consiguiente incremento del coste económico". Estos contratos corresponden en su mayoría a la Gerencia de Informática, por servicios externos, programas, sistemas y aplicaciones, además de reformas y obras inmobiliarias.
Destaca el informe que "casi todos los incrementos económicos acumulados respecto del precio inicial de los contratos lo fueron en porcentajes muy próximos al límite máximo del 20% y, en algunos casos, superaron dicho límite, circunstancia que podría haber dado lugar, en su caso, a la resolución del contrato".
Este informe también dice que, además, "con frecuencia no quedaron suficientemente acreditadas y motivadas en los respectivos expedientes de contratación las circunstancias que justificasen la procedencia de las modificaciones o de las obras complementarias", tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público. Es más, "las modificaciones en los contratos reflejaron en muchos casos la existencia de deficiencias o de omisiones en la planificación de las obras y en la preparación de los contratos, así como un control insuficiente de su ejecución para la Tesorería General de la Seguridad Social".
Para terminar, este informe denuncia que tampoco se quedó acreditado "el cumplimiento del trámite del informe previo de la Asesoría Jurídica, relativo al pliego de cláusulas administrativas particulares".