La nueva ley de reforma local ya tiene el visto bueno del Consejo de Ministros, que este viernes ha aprobado el Proyecto que el Gobierno remitirá a las Cortes. Se llamará, como ya se sabía, Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y según las cuentas de Cristóbal Montoro debería ahorrar al conjunto de las administraciones públicas más de 8.000 millones de euros hasta 2019.
El objetivo del Gobierno es conseguir una gestión local "más eficiente y barata". Eso sí, la reforma se ha retrasado varios meses y en gran parte ha sido para aguar un texto que en el anteproyecto inicial iba mucho más allá que en lo que se ha presentado este viernes. Montoro ha asegurado que "es una reforma promunicipalista, que pretende situar a las administraciones locales en el lugar que se merecen, porque se les ha tomado como una administración de menos", pero lo cierto es que los barones del PP, contrarios a los cambios radicales en la administración parece que se han salido con la suya.
En cualquier caso, la ley introduce algunas novedades importantes. Si se cumplieran los deseos de Hacienda, deberían servir para abaratar el coste de los servicios públicos, reducir el número de municipios y controlar la gestión de los que queden:
- Competencias: la reforma quiere acotar con exactitud las competencias de los ayuntamientos. Se definirán las que son "propias" de los municipios y se prohibirá que ejerzan las que no les corresponden salvo en supuestos muy delimitados. Así, "únicamente cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, sea sostenible financieramente y no se incurra en duplicidad, se podrán prestar otros servicios no obligatorios".
En sentido contrario, siempre que una comunidad autónoma quiera ceder competencias a un municipio, tendrá que acompañar esta cesión de "la correspondiente dotación presupuestaria anual con una cobertura del cien por cien del coste del servicio y su cobro garantizado". "Sin financiación no hay convenio", remacha el Gobierno.
- Todos los municipios tienen las siguientes competencias: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.
- En los municipios con población superior a 5.000 y menos de 20.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos".
- Otras: según el texto de la nueva ley, se limita el alcance de las competencias a "temas de interés exclusivamente local", en materia de vivienda, turismo, servicios sociales, sanidad (protección de la salubridad pública y relacionadas con cementerios y servicios funerarios) y educación (participar en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas en la obtención de solares para la construcción de nuevos centros docentes)". El problema es que esta última categoría abre una puerta que estaba cerrada en el anteproyecto. Y a través de esa apertura podrían colarse los alcaldes, con lo que estaríamos en la misma situación que en estos momentos, con los ayuntamientos haciendo casi de todo.
- Fusiones: quizás la principal novedad de este viernes, junto con la del coste efectivo (ver debajo) sea el anuncio por parte de Cristóbal Montoro de que se incentivarán las fusiones de municipios. ¿Cómo se hará? Pues con dinero, que suele ser la forma más efectiva de "incentivar" estas cosas.
De esta manera, Hacienda prevé "una mayor financiación per cápita, dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios por su aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones". Además, durante un período, no el nuevo ayuntamiento no tendrá que reducir el número de concejales. Con esta excepción, parece que el Ministerio quiere eliminar las reticencias de los políticos locales, temerosos quizás de perder su puesto.
- Diputaciones: según como se mire, pueden ser las grandes ganadoras o perdedoras de la reforma. Tendrán más poder respecto a la situación actual, pero no tanto como en un momento se preveía con el Anteproyecto. La idea del Gobierno es que estos organismos asuman las competencias que los ayuntamientos no pueden ejecutar por sí mismos (o las que hacen de forma más ineficiente). Esto ya estaba previsto.
Lo que cambia es que ya no será casi automático. Se cae el concepto de "coste estándar" y se sustituye por "coste efectivo", que implica menos obligaciones para los municipios.
- Coste efectivo: es la gran novedad del viernes. Todas las entidades locales deberán publicar el coste efectivo de sus servicios. En el caso de que sea superior a la media, la diputación podrá asumir esas competencias. Sin embargo, lo que antes era un proceso automático, ahora queda sujeto a otros requisitos. Entre otras cosas, por ejemplo, con la implantación de algún tipo de gestión compartida a través de "consorcios, mancomunidades u otras fórmulas".
- Entes de ámbito inferior: en tres meses deberán presentar las cuentas ante el Ministerio o se disolverán. En ese caso se integrarán en el ayuntamiento del que dependan. En cualquier caso, no se podrán crear nuevas entidades locales de carácter menor con personalidad jurídica.
- 5.000 habitantes: el Gobierno aumentará las trabas a la creación y escisión de municipios de menos de 5.000 habitantes. Éste parece el límite para los nuevos pueblos españoles.
- Retribución: desde que se comenzó a hablar de esta reforma, ha sido uno de los temas a los que el Gobierno ha dado más publicidad. Limitará los sueldos de los alcaldes y concejales, en función del tamaño del municipio. Por ejemplo, los alcaldes de las grandes ciudades no podrán cobrar más que un secretario de Estado. También pone un techo al número de personal eventual (los famosos asesores) que podrá tener un ayuntamiento. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona no podrán pasar de 45 y 32 respectivamente. Las cifras definitivas están en los dos siguientes cuadros:
