El Gobierno estima que la "tercera y última" fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos requerirá como máximo de 19.350 millones de euros que, en cualquier caso, "no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público" porque se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera.
Así consta en la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que fue aprobado en el último Consejo de Ministros y que busca "poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el periodo medio de pagos".
Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, este decreto busca dar una "solución extraordinaria, temporal y urgente" al problema de la morosidad de las administraciones públicas, "erradicándolo" para poder "evitar los problemas de liquidez de las empresas. En este sentido, el Ejecutivo confía en que el impacto económico general de la medida será "positivo" tanto para las empresas proveedoras, que gozarán de una mayor liquidez para poder mantener su actividad, como para los ciudadanos.
Comunidades autónomas
Así, el mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores de las comunidades autónomas y entidades locales permitirá la cancelación de operaciones pendientes de pago que fueran liquidadas, vencidas y exigibles antes del 31 de mayo, incluyendo en este caso las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por sentencia judicial firme y las transferencias a asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas a las familias, los discapacitados o la tercera edad, así como las universidades públicas.
En su conjunto, el Gobierno prevé una demanda "máxima" de 19.350 millones de euros, de los que 15.324 millones corresponderán a facturas de las comunidades autónomas -excluyendo la deuda que puedan mantener con ayuntamientos, que "quedará incluida en proveedores de entidades locales"- y los restantes 4.017 millones, a facturas de las administraciones municipales. Estas necesidades de financiación del fondo de pago a proveedores serán "absorbidas mediante operaciones de deuda" del propio fondo, lo que podrá incluir operaciones de endeudamiento con el Tesoro.
Según la memoria, las estimaciones de deuda pendiente de pago por comunidades autónomas son de 3.812,82 millones de la Comunidad Valenciana, 2.529,71 millones de Andalucía, 2.257,25 millones de Cataluña, 1.283,77 millones de Castilla-La Mancha, 1.058,88 millones de la Comunidad de Madrid, 885,72 millones de la Región de Murcia, 832,34 millones de Baleares, 495,62 millones de Aragón, 481,59 millones de Galicia, 366,47 millones de Extremadura, 325,23 millones de Castilla y León, y 317,72 millones del País Vasco. Las menores cuantías corresponden por tanto a Canarias (269,71 millones), al Principado de Asturias (152,08 millones), a Cantabria (116,8 millones), La Rioja (77,04 millones) y Navarra (61,45 millones).
En cuanto al origen de las deudas, la mayor concentración de facturas pendientes de pago a farmacias se sitúa en Valencia (191,72 millones), Cataluña (169,95 millones), Murcia (125,36 millones) y País Vasco (123,22 millones); mientras que las universidades públicas mantienen las principales deudas con la administración en Andalucía (500 millones), Cataluña (226,32 millones) y la Comunidad Valenciana (208,69 millones). Las regiones más saneadas en este sentido son el Principado de Asturias (que no tienen pendientes pagos ni con farmacias ni con universidades), Extremadura (debe 1,84 millones a farmacias y 10.000 euros a universidades) y Cantabria (adeuda 471,73 millones a farmacias y nada a las universidades).
Entidades locales
Con respecto a las entidades locales, tienen un pendiente de pago estimado a 31 de mayo de este ejercicio de 3.369,42 millones de euros, a los que hay que sumar otros 648,45 millones de euros por sentencias y transferencias. No obstante, 1.765,78 millones de ese total corresponden a transferencias autonómicas. Para aliviar la situación de las arcas municipales, el Gobierno ha incluido en este decreto varias medidas extraordinarias "temporales y voluntarias" de liquidez, de las que se podrán beneficiar 536 ayuntamientos que están al corriente de sus obligaciones de remisión de información.
Además, deben cumplir algunos de los otros requisitos, como que tengan ahorro neto y remanente de tesorería negativo para gastos generales en los últimos dos años, o que mantengan deudas con acreedores públicos pendientes de compensación mediante retenciones tributarias superiores al 30% de sus ingresos no financieros, o una deuda superior al millón de euros por préstamos con el Fondo de Pago a Proveedores, entre otros.
En concreto, los 536 municipios potencialmente beneficiados por la medida suman casi 7,3 millones de ciudadanos, y se reparten territorialmente por quince regiones. Así, son 119 de Andalucía, 95 de Castilla-La Mancha, 62 de la Comunidad Valenciana, 50 de Castilla y León, 48 de Cataluña, 46 de Aragón, 31 de Madrid, 25 de Extremadura, 14 de Galicia, 12 de Murcia, once de Baleares, nueve de Asturias y Canarias, respectivamente; tres de Cantabria y dos de La Rioja. Mayoritariamente se trata de municipios pequeños, de hasta 5.000 habitantes (343 pueblos), aunque también hay 122 entidades locales de entre 5.000 y 20.000 habitantes, 44 de entre 20.000 y 50.000 habitantes, y 27 ciudades de más de 50.000 vecinos.
El Ejecutivo prevé que para estos municipios se tenga que autorizar un endeudamiento a largo plazo para financiar remanente de tesorería negativo y consolidar deuda a corto plazo por un importe máximo de 2.610,6 millones de euros, además de financiar 2.329,1 millones más desde el Gobierno central.
En concreto, esa cantidad se planteará en forma de anticipios de la participación en los tributos del Estado (1.818,6 millones), reducciones de porcentajes de retención, fraccionamiento o aplazamiento para el pago de deudas con acreedores públicas (442,3 millones), o ampliación del periodo de reintegro hasta 108 mensualidades a partir de enero de 2013 de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 (7,6 millones anuales hasta sumar un máximo de 68,2 millones).
"Los citados impactos tienen carácter de máximos posibles, ya que no se aplicarán todas las medidas recogidas a todos los municipios, sino que lo serán atendiendo a la situación financiera en la que se encuentren, al volumen de deuda que presenten frente a acreedores públicos, y a su volumen de deuda financiera", se apostilla en la memoria.
El primer plan de pago a proveedores municipales atendió 1,8 millones de facturas de 3.777 ayuntamientos por un importe total de 9.598,34 millones de euros, que beneficiaron a 77.787 pymes y 40.510 personas físicas. Por su parte, la segunda fase del plan satisfizo 3,8 millones de facturas autonómicas por valor de 17.704,96 millones de euros que estaban pendientes de pago con 20.936 pymes y 7.594 personas físicas.