El último informe de la FAES, Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo, no es la primera pero sí la más reciente muestra de hasta qué punto la acción de Rajoy Gobierno va en dirección opuesta de lo que propone este think tank en defensa de los principios liberal-conservadores que tradicionalmente ha venido abanderando el Partido Popular. Así, frente a la enmarañada y asfixiante subida de impuestos del Gobierno –contraproducente hasta en términos recaudatorios–, ese documento propone, en muy resumidas cuentas, una reducción a dos o tres tramos del IRPF, un tipo único para las rentas del ahorro en torno al 25% y una simplificación del Impuesto de Sociedades.
No faltarán quienes, con toda la razón, y entrando en más detalle, aleguen que el informe de marras no persigue tanto una fuerte rebaja de impuestos como una redistribución de la carga fiscal menos distorsionadora, para fomentar el empleo y el crecimiento económico. Pero, aunque no sea tan ambicioso como para que los liberales españoles se pongan a tirar cohetes, qué duda cabe de que deja en evidencia que la voraz y progresiva política fiscal del Gobierno de Rajoy está, desgraciadamente, mucho más cerca de la que proponen un PSOE o incluso una Izquierda Unida en sus programas electorales que la que plantea el conocido laboratorio de ideas del PP.
Desde el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha querido maquillar este divorcio anunciando, el mismo día que FAES presentaba su propuesta, la creación de un comité de expertos para la reforma fiscal. Todo parece indicar que el Ejecutivo va a hacer el mismo paripé que con la reforma de las Administraciones Públicas. Fue precisamente FAES el que, muchos meses antes de llegar Rajoy al poder, propuso una auténtica reforma del sector público en su informe "Por un Estado autonómico racional y viable". En lugar de ponerlo en práctica nada más llegar al Gobierno, Rajoy esperó más de un año para anunciar, también por boca de la vicepresidenta, la futura creación de un comité de expertos. El informe que hace unos días presentó ese comité de expertos es mucho más descafeinado que el que propuso FAES a comienzos del año 2011, y para colmo ahora tiene que ser sometido a aprobación por los barones autonómicos.
Si el Ejecutivo estuviera de verdad interesado en hacer de la política fiscal un instrumento para la creación de empleo y de riqueza, bien podría llevar a la práctica la sensata propuesta de los expertos de la fundación de su partido, en plena concordancia con su programa electoral. Pero Rajoy parece más cómodo en el consenso, por muy estéril y continuista que sea, que llevando a cabo sus compromisos electorales.
Este Partido Popular ya no considera la rebaja y simplificación de la presión fiscal un instrumento esencial para potenciar la recuperación económica, sino más bien, y en el mejor de los casos, como un lujo o un premio que sólo se podrá permitir el país una vez haya salido del hoyo. No es de extrañar que las perspectivas de crecimiento se limiten a unos pocos e inciertos brotes verdes. Aunque éstos no se marchitasen en otoño, habrá que esperar mucho antes de que se materialice una auténtica rebaja de la demencial presión fiscal que soportan los españoles.