El auge electoral de los partidos anti-inmigración o los disturbios y protestas en los suburbios suecos son manifestaciones recientes del reto que tiene pendiente el Reino escandinavo en materia de integración social. Sería un error analizar lo que está ocurriendo sin prestar atención al pasado, por lo que nos remontaremos a los años 70 para entender mejor esta cuestión.
Hace ahora cuarenta años, Suecia se convirtió en el destino predilecto de miles de hombres y mujeres que buscaban una vida mejor. La inmigración que llegaba al Reino escandinavo procedía de todo el mundo, especialmente de Medio Oriente. La promesa del "Estado del Bienestar" atrajo a todas estas personas, pero aquella seducción se basaba en una falsa ilusión de prosperidad que, en gran medida, podría ser comparada con un cheque sin fondos. Así, entre 1970 y 1990, el sector privado no creó ningún empleo en términos netos, pero los gobiernos socialdemócratas "maquillaron" este histórico fracaso a base de aumentar el empleo público, devaluar la moneda y subir los impuestos.
Las generosas promesas de gasto público de aquellos gobiernos, conocidas como "oro y bosques verdes" en Suecia, exprimieron al sector privado hasta el punto de acabar con su capacidad productiva. Esto sumió a Suecia en una profunda crisis, que se manifestó a partir de la segunda mitad de los años 80. La era socialdemócrata de 1970 a 1990 se caracterizó por el empobrecimiento generalizado del Reino nórdico: el PIB per cápita pasó de ser el cuarto más alto del mundo a ocupar la posición 17ª en dicha clasificación.
¿Qué tal le fue a los inmigrantes que llegaron a Suecia durante estos años? No muy bien. Algunos consiguieron integrarse con éxito en la vida económica, pero muchos acabaron condenados a depender del Estado o a trabajar en el sector informal. Este último punto suele ser ignorado cuando se habla de la economía sueca, pero conviene recordar que el tamaño de la economía sumergida del país escandinavo supera el 15% del PIB.
Sin empleo, sin oportunidades
Analistas como Johan Norberg, Andreas Bergh, Nima Sanandaji o Fredrik Segerfeldt coinciden en destacar que los inmigrantes viven en una especie de apartheid laboral. Los cuatro expertos destacan que la economía oficial permanece cerrada para este colectivo, por lo que la única alternativa para sobrevivir son los subsidios y los trabajos informales.
Este apartheid laboral fue implementado en los años 70, cuando los gobiernos socialdemócratas y los principales sindicatos apoyaron una fórmula que, según Mauricio Rojas, podríamos resumir como un "cierre hermético a la inmigración laboral". Hasta los más entusiastas del modelo socialdemócrata sueco reconocen la naturaleza excluyente de aquel modelo de integración que aún hoy sigue en pie. Es el caso de Vicenç Navarro, que hablando de esta cuestión ha escrito que el objetivo de aquellas medidas no era la integración laboral sino "la integración en el amplio esquema de protección social del país".
Es importante explicar, por otra parte, que incluir a los inmigrantes en los programas de "gasto social" resulta políticamente atractivo, ya que quienes reciben estas transferencias no figuran en las listas del paro. Por cuestiones así, conviene no tomarse muy en serio los datos oficiales de paro. Por ejemplo, un estudio de McKinsey en 2006 afirmó que el desempleo real en Suecia se sitúa entre el 15% y el 20%, dos veces por encima de los números oficiales. Si hablamos de conseguir un empleo formal, no debería sorprender que, como consecuencia de todo lo anterior, la exposición de los inmigrantes al paro sea un 150% mayor que la de los trabajadores nacionales.