El Ministerio de Hacienda hizo públicos hace poco los datos de ejecución de los planes de equilibrio financiero de las comunidades autónomas en 2012. Estos planes básicamente son los deberes que se pusieron las comunidades –supervisadas por Hacienda– para cumplir con sus objetivos de déficit el año pasado. Los datos de ejecución reflejan lo bien o lo mal que hicieron sus deberes.
En general, las autonomías avanzaron en el objetivo de equilibrar sus cuentas: el déficit autonómico en 2012 fue del 1,76% del PIB español, casi la mitad que en 2011 (cuando alcanzó el 3,3%). Ahora bien, este avance no puede hacer olvidar que las comunidades están lejos de cumplir con el consabido objetivo de no gastar más de lo que ingresan y que en 2012 se gastaron cerca de 20.000 millones de euros que no tenían. Esta cifra es superior al presupuesto total de la Comunidad de Madrid.
Dicho esto, lo interesante es analizar las distintas vías de ajuste de las comunidades en 2012. Partiendo de la base de que un déficit es un exceso de gasto sobre ingresos, hay dos maneras de ajustar las cuentas: subiendo los ingresos o bajando los gastos.
La Comunidad de Madrid optó por reducir sus gastos. En función de ello, el 98,3% de los casi 900 millones de euros de su ajuste en 2012 vino por la reducción de gastos. El año pasado fue el quinto ejercicio consecutivo de reducción de gastos en Madrid; esto dificultó su ejecución dado el importante nivel de ahorros anteriores (cifrados en unos 2.500 millones de euros). Aun así, Madrid en 2012 continúo reduciendo sus gastos, contrayendo en un 5% su presupuesto total (lo que lleva a una reducción de en torno al 16% del presupuesto madrileño desde 2008). Gracias a ello, Madrid cumplió de largo con el objetivo de déficit –que era del 1,5%–, cerrando el año con un déficit del 1,07%.
Clave, en este sentido, fue la decisión de modificar el presupuesto a lo largo del año 2012. El presupuesto 2012 fue particularmente difícil de aprobar al no contar con unos ingresos comunicados por el Gobierno de Zapatero, el cual se abstuvo de hacerlo antes de celebrar las elecciones generales en noviembre de 2011. Para evitar cualquier tipo de desviación generada por una economía en drástica contracción, el Gobierno madrileño optó por dar una nueva vuelta de tuerca a la reducción de sus gastos con una ley de modificación del presupuesto aprobada en julio de 2012.
La constante búsqueda de partidas que reducir o suprimir sin hacer peligrar las funciones básicas de provisión de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales permitió alcanzar el objetivo de déficit.
Lo que quedó descartado desde un principio fue ajustar las cuentas aumentando los ingresos. Es cierto que se subieron algunas tasas y precios públicos de servicios públicos que los madrileños tuvieron que pagar a partir de entonces en función de su coste real. Pero, a la luz de los datos hechos públicos por Hacienda, su coste fue relativamente bajo: 15 millones de euros, unos 2,3 euros por madrileño.
El contraste con otras comunidades autónomas es llamativo en este sentido. En Cataluña, el 53,5% del ajuste total se hizo por la vía de los ingresos (frente al 1,7% madrileño). La Generalitat aumentó sus ingresos en 2012 –fundamentalmente a través de subidas de impuestos y de tasas, aunque no sólo– en 1.894 millones de euros, ¡127 veces más que Madrid! Dicho ajuste le costó a cada catalán 253 euros, frente a los 2,3 euros del madrileño. Otro tanto ocurrió en Andalucía, donde el aumento de ingresos fue de 659 millones de euros, un 18,7% del ajuste total (77,5 euros por andaluz).
Hace escasos días, la Generalitat de Cataluña anunciaba que iba a seguir por la misma senda de aumento de ingresos: la tasa del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (que grava la compraventa de viviendas de segunda mano) subirá del 8 al 10%. Mientras, la Comunidad de Madrid se ha mantenido fiel a su compromiso de no subir los impuestos a los madrileños; sus esfuerzos siguen estando dirigidos a reducir sus gastos.
A alguien le podría sorprender que una comunidad como la madrileña con los impuestos más bajos sea, sin embargo, la que más consigue equilibrar sus cuentas. De hecho, el mapa español de mayores impuestos autonómicos se solapa con el de mayores déficits. Esto no es una paradoja. El nivel de impuestos y el equilibrio en las cuentas públicas son las dos caras de la misma moneda: el respeto por el manejo del dinero de los demás lleva necesariamente a limitar tanto su gasto como su ingreso.