José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, dijo el pasado mes de mayo que "llevaba razón" al dudar de la existencia de una carta de la Comisión Europea que cuestionase la legalidad del decreto-ley andaluz para la función social de la vivienda y añadió: "Ni había carta, ni la había visto la agencia Efe porque no existía, ni denunciaba que nuestro decreto infringía la legalidad, entre otras cosas, porque se trata de una normativa interna, creo que plenamente constitucional y ahí no entra la Comisión Europea". Pues o no dijo la verdad o no estaba informado porque carta había y su contenido lo deja en evidencia. La Comisión Europea considera en ella que la legislación andaluza de expropiación de viviendas para evitar desahucios va en contra de los términos del acuerdo para el rescate bancario y recomienda que no se ponga en práctica.
Tras este rapapolvo, la Junta de Andalucía se ha apresurado a defender la legalidad del decreto. Su responsable, la consejera de Fomento y Vivienda, lo ha hecho este mismo martes en una entrevista en Canal Sur afirmando que responderán a la carta enviada el 16 de junio y cuya existencia se confirma ahora defendiendo la "plena constitucionalidad" del decreto.
"Parece que efectivamente hay una carta que la CE dirige al Ministerio de Economía fechada el 16 de junio y ahora lo que estamos haciendo es ver el contenido, pero en cualquier caso el decreto-ley que hemos aprobado es plenamente constitucional porque está bajo el paraguas de la Constitución y del Estatuto de Autonomía", ha defendido Elena Cortés, la titular andaluza de Vivienda.
Cortés ha alegado que el decreto-ley en vigor "pretende salvaguardar el derecho humano a la vivienda de aquellas familias en proceso de desahucio con la expropiación temporal del uso a la banca, para lo que hemos iniciado ya siete expedientes de expropiación, y por otro lado sacar al mercado del alquiler las 700.000 viviendas deshabitadas que existen en la comunidad autónoma imponiendo una sanción a las personas jurídicas que no lo hagan y fomento para que lo hagan a las personas físicas, algo que ya hemos hecho desde la Consejería, pasando al alquiler algo más de 600 viviendas que teníamos sin adjudicatario sin que pase absolutamente nada".
Tras apuntar que "habrá que preguntarle a la CE si no le parece un poco desmedido afirmar que este decreto-ley puede poner a las entidades financieras en esa situación", la consejera de Fomento ha dicho que "la única manera de retirar el decreto-ley es que fuera inconstitucional" porque, ha subrayado, "el Gobierno andaluz está completa y democráticamente legitimado para tomar decisiones y leyes que vengan a resolver el problema de emergencia habitacional que tiene la comunidad autónoma desplegando todas las competencias que tiene el Estatuto para responder al interés general de los ciudadanos".
En este sentido, Cortés ha indicado que, tras estudiar el contenido de la comunicación del Ministerio de Economía, la Junta le "dará respuesta defendiendo la constitucionalidad de la medida, la legitimidad democrática absoluta del Gobierno andaluz en defensa del interés general para atender a las familias en riesgo de desahucios y sacar las viviendas deshabitadas al alquiler".
"En absoluto esto pone en cuestión el sistema financiero, son otras medidas a mi juicio las que pueden estar poniendo en cuestión el sistema financiero, como el desempleo masivo que eleva el índice de morosidad ante la imposibilidad de las familias para hacer frente a créditos que tienen", ha concluido la consejera.