España mantiene 400.000 empleados públicos 'fantasma'. El Ministerio de Hacienda tiene un Boletín Estadístico Oficial que recoge el personal al servicio de las Administraciones. Dicho informe cuenta 2,63 millones de asalariados. Sin embargo, si nos fijamos en la Encuesta de Población Activa, el número sube hasta los 3,04 millones. ¿Qué hacen esas 400.000 personas? Como ya adelantó Libertad Digital, la mayoría trabaja en entes públicos, donde la contratación es enormemente discrecional. De hecho, apenas el 1,5% de la plantilla de estos organismos es funcionario.
Los datos del INE también ayudan a aproximarnos al fenómeno de los empleados públicos fantasma. Así, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2013, se puede hablar de un mínimo de 160.000 personas dedicadas a esta cuestión, un número superior a las 142.000 de 2012.
Volviendo a la Encuesta de Población Activa, también comprobamos que los datos de Hacienda subestiman el alcance de la plantilla de empleados públicos. Más concretamente, los 1,33 millones detectados por el Ministerio contrastan con los 1,72 millones que figuran en los datos de la EPA. A nivel municipal, los datos también encuentran 30.000 empleados "fantasma".
Buceando en dicha encuesta oficial, encontramos incluso el caso de las 1.300 personas que declaran a la EPA que trabajan para una Administración Pública… pero no saben identificar con exactitud qué organismo paga su sueldo.
El despilfarro continúa
Pero el caso de los empleados públicos "fantasma" es solamente una muestra más de que el despilfarro, la opacidad y el descontrol siguen a la orden del día en España. Lo vemos en noticias como las que siguen:
- RTVE destina el 41% de su presupuesto a pagar sueldos. La radiotelevisión estatal tiene una plantilla tres veces más cara que la de los grupos Mediaset y Atresmedia, donde los sueldos de personal son el 12% y el 17% del presupuesto. También es importante señalar que RTVE tiene dos veces más empleados que ambos grupos juntos (6.400 frente a los 1.360 empleados de Mediaset y los 1.700 trabajadores de Atresmedia).
- El ICO negoció un préstamo de 20.000 millones con el Banco Central Europeo para luego dedicar buena parte del mismo a financiar a las Administraciones Públicas. Según las cuentas anuales, la cartera de inversión a vencimiento en títulos de otras instituciones pasó de 3.563 a 17.730 millones en el año 2012.
- Las Comunidades Autónomas siguen gastando más de 1.000 millones de euros al año en sus televisiones públicas. Esta cifra no incluye las deudas multimillonarias de la catalana TV3 (1.046 millones) o la valenciana Canal 9 (1.200 millones).
- El Congreso abona cada mes al Gobierno una indemnización de hasta 1.800 euros en concepto de "gastos originados por la actividad de la Cámara". La dieta en cuestión está exenta de tributación. Por otra parte, el Congreso también destina millones de euros a financiar el aparcamiento en aeropuertos, los viajes en tren o coche, etc.
- El PP gastó 70.000 euros en jamones mientras anunció los recortes de diciembre de 2012. El partido de gobierno, que debe el 90% de su financiación a las subvenciones oficiales, gastó en 2011 más de 1,6 millones en "comidas de trabajo", así como 2,2 millones en "regalos y atenciones sociales", 2,1 millones en "facturas de teléfono", 4,2 millones en "viajes" y 152.000 euros en "aviones privados".
- La deuda de las CCAAs se multiplica por tres durante la crisis. En términos relativos, la región más endeudada sigue siendo la Comunidad Valenciana, con el 29,1% del PIB de la región, seguida de Castilla-La Mancha (28,1%) y Cataluña (25,7%).
- La deuda pública carga una factura extra de más de 53.000 euros a cada familia. Desde el comienzo de la crisis, ha pasado de menos del 40% del PIB a una ratio cercana al 90%. Ignorando las normas de contabilidad de Bruselas e incluyendo todas las obligaciones, la deuda pública ya rebasa el 100% del PIB.
- El Gobierno anuncia un "Plan de Empleo para Jóvenes" que supondrá un gasto de 3.500 millones de euros en esta legislatura. Como muestra de la efectividad de este tipo de medidas, conviene recordar que solamente entre 2008 y 2011, el gobierno español aprobó 32 "planes" contra la crisis sin éxito alguno.
- Desde que comenzó la crisis, España ha gastado más de 63.000 millones en "políticas activas de empleo". A la vista está que estas medidas no han evitado que el paro siga creciendo de forma galopante. El monto comprometido para esta partida de gasto triplica la recaudación anual del Impuesto de Sociedades, pero por lo visto no solamente nadie plantea eliminar esta partida de gasto, sino que está previsto ampliarla con un "plan de empleo para jóvenes" financiado por la Comisión Europea y valorado en más de 6.000 millones.
- Desde el año 2000, el sector público español ha crecido un 45% frente al aumento medio del 20% registrado en la Unión Europea. Los países donde menor ha sido el aumento son la República Checa, Letonia, Croacia, Finlandia y Rumanía. Este aumento descontrolado del sector público va de la mano con el hecho de que España es el país de la OCDE que más ha aumentado la presión fiscal desde 1965.
- La especulación urbanística de Chacón, Corredor y Zapatero dejó en la ruina la Entidad Pública Empresarial del Suelo. En 2009, esta empresa dependiente del Gobierno invirtió 300 millones en grandes urbanizaciones. El coste del proyecto multiplicaba por diez los ingresos de la entidad. Por otro lado, conviene recordar la Operación Campamento, otro ejemplo de especulación urbanística desarrollado por el gobierno Zapatero con pésimos resultados económicos.
- El 23% de los pensionistas tiene unos ingresos superiores al tramo salarial medio de los trabajadores en activo. Esto significa que cerca de dos millones de pensionistas ganan más de 16.800 euros al año, superando así el sueldo más frecuente en España, según el INE.
- Solamente en facturas sin pagar por la compra de fármacos y equipos médicos, las Administraciones Públicas suman impagos de 7.500 millones de euros.
- Margallo mantiene la "Casa Mediterráneo", un proyecto relacionado con la Alianza de Civilizaciones que cuesta cada año 700.000 euros a los contribuyentes.
Eso sí: el despilfarro no solamente se queda en España, sino que también se exporta cuando nuestros políticos se "colocan" fuera. Pensemos, por ejemplo, en la Organización Panamericana de Salud, un ente internacional que mantiene en nómina a Leire Pajín con un sueldo de 137.326 euros. Este salario, al igual que ocurre en todos los organismos vinculados a la ONU, va libre de impuestos. Cabe recordar, por otra parte, que el gobierno socialista en el que Pajín fue ministra entregó subsidios a esta organización por valor de 60 millones de euros.
Austeridad en Castilla-La Mancha
Aunque el primer año de gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha estuvo caracterizado por recortes de gasto relativamente tibios, el año 2012 marcó un interesante cambio de actitud en el Ejecutivo regional. Así, el déficit bajó del 7,7% al 1,48% en apenas un año. Esto equivale a ahorrar 10 millones de euros al día para cumplir con el objetivo fijado por Hacienda.
Como explicó en su día Libre Mercado, el objetivo del Plan Cospedal era recortar un 20% el gasto público corriente del Ejecutivo manchego. Las medidas contempladas incluyen la eliminación de subvenciones, la reducción de liberados sindicales, la supresión de entes y empresas autonómicas, etc. De los 1.800 millones que planteaba el ajuste, 1.718 venían de menos gasto y 97 de más ingresos.
Aplicar el Plan Cospedal en toda España serviría para reducir el déficit prácticamente a cero, ya que ajustando el gasto público en un 20% el ahorro sería de alrededor de 100.000 millones de euros. En cualquier caso, la mejor forma de cuadrar las cuentas con verdadera austeridad sigue siendo aprobar un presupuesto de base cero y así asegurar el equilibrio fiscal sin más retrasos.
Más impuestos
Por su parte, la Generalidad catalana aprobó el pasado martes un anteproyecto de ley por el que se aumentará del 8 al 10% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas de Bienes Inmuebles, el principal impuesto que grava la compra de una vivienda de segunda mano. El impacto recaudatorio de esta medida ha sido cifrado por el gobierno de Artur Mas por encima de los 150 millones de euros al año.