El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) no será el documento más leído de los que publique este Gobierno. Pero podría ser uno de los más importantes. Los 2.000 folios están repletos de medidas, cifras y consejos. Son 218 propuestas, de las que 140 afectan al Estado y a las autonomías y 78 exclusivamente a la Administración General del Estado (AGE). En Moncloa aseguran que supondrá un paso decisivo en la modernización del sector público español.
Ha sido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría quien ha dirigido todo el proceso. De hecho, este viernes, cuando presentaba el informe, se le veía la satisfacción en la cara: ventanilla única, eliminar burocracia, supresión de organismos públicos, administración electrónica… La idea es situar a la administración pública española en primera línea, en lo que hace referencia tanto a su funcionamiento interno como en su trato con el ciudadano. El reto es enorme ("titánico" ha dicho la vicepresidenta).
A) Disciplina y transparencia
El documento resumen que el Gobierno ha repartido divide la reforma en cuatro apartados. El primero hace referencia a la disciplina presupuestaria y la transparencia pública: gasto, la reducción del déficit y el control de las cuentas públicas. Es cierto que la mayoría de las medidas incluidas en este epígrafe no hacen referencia a la CORA, sino a otras normas ya aprobadas anteriormente.
- Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
- Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
- Empresas públicas: el Gobierno destaca que se ha iniciado un proceso de "reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional" que culminará con 708 entes públicos suprimidos en términos netos.
- Central de información: el objetivo de este nuevo órgano es "terminar con la dispersión existente en las fuentes de información pública en materia presupuestaria, financiera y económica y con los diferentes criterios aplicados a la hora de dar y ofrecer los datos". El objetivo es mejorar la información estadística en manos de la administración y los ciudadanos.
B) Reforma del sector público:
Es la parte de la que más se habla. Implica cambios en la administración central, autonómica y local. La vicepresidenta ha apuntado a varias decenas de organismos públicos del Estado suprimidos y más de un centenar autonómicos.
- Autonomías: el Gobierno plantea 118 medidas, 7 de carácter horizontal y 111 de carácter sectorial. La idea es reforzar la planificación conjunta o de gestión integrada en aquellos ámbitos en los que concurren competencias. También quiere integrar las bases de datos a nivel estatal. Además, se plantea que los órganos estatales asuman funciones realizadas por los regionales. Estos se han llevado muchos titulares. Hablamos de órganos como las agencias de meteorología, agencias de protección de datos, tribunales de cuentas y órganos de defensa de la competencia. El Gobierno prevé la elaboración de un Manual de racionalización y eliminación de duplicidades, que permita seguir suprimiéndolas y prevenir su aparición en el futuro.
- Estado: el objetivo es reorganizar los entes públicos por completo. No sólo en número, sino en forma, estructura jurídica y organización interna. Ya en marzo de 2012 se aprobó un Plan de Reestructuración que afectó a 86 sociedades. Ahora, la idea es que una nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas fije los criterios de cada tipo de ente, su sistema de control económico-financiero y el régimen de contratación y de personal. Sáenz de Santamaría ha asegurado que deberán "justificar su existencia de forma personalizada". El informe del CORA prevé la supresión de muchos de estos órganos, algunos de ellos realmente curiosos.
- Ayuntamientos: el cambio llegará a través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno prevé que supondrá un ahorro de más de 7.000 millones de euros.
C) Mejora de la eficiencia
La mejora de la eficiencia de la administración es una cuestión de la que siempre se habla. El sector público sigue siendo un peso muerto para la sociedad y la economía del país. En muchos aspectos, la administración española es un ente decimonónico, nada integrado en la era internet, con mucha burocracia y ninguna flexibilidad. Sáenz de Santamaría asegura que esto cambiará con la nueva norma. Seis grandes apartados recogen los principales cambios que se buscan:
- Medidas de Empleo Público: además de lo ya aprobado en cuanto a congelación de la reposición del nuevo personal, el informe del CORA prevé novedades en determinación del régimen del personal, elaboración de catálogos del cuerpo de personal, reconsideración de personal eventual, diseño de herramientas de medición de cargas de trabajo, mecanismos para la evaluación del desempeño, articulación de mecanismos de movilidad.
- Implantación de un sistema de medición de eficiencia que se podrá controlar vía web, donde se publicará el tiempo de tramitación de los procedimientos.
- Nuevo procedimiento de elaboración de los PGE: se habla de gestión óptima del suministro o servicio, de modo que ya no se fije el presupuesto en función de lo ejecutado el año anterior y la restricción adicional que proceda, sino en función de lo que realmente se necesite gastar en cada partida.
- Ley de Impulso de la factura electrónica
- Gestión de servicios y medios comunes: en este apartado se incluyen los medios informáticos, inmuebles, tesorería, contratación, notificaciones, parques móviles, imprentas y medios aéreos y marítimos.
- Reforma de la ley de subvenciones
D) Al servicio de los ciudadanos
Bajo el epígrafe Una administración al servicio de los ciudadanos y las empresas el Ejecutivo explica las medidas estudiadas en el CORA para facilitar las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. Todas ellas buscan la simplificación de los trámites y procedimientos así como la eliminación de cargas y la facilidad de acceso a la información de quienes se relacionan con el sector público.
- Ley de Unidad de Mercado. Incluye el Real Decreto –ley 19/2012 de 25 de mayor de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios y la ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización.
- Codificación del derecho. Pretende facilitar a las empresas el conocimiento de la normativa y evitar la existencia de legislación dispersa. Comenzará con una fase piloto y se invitará a las CCAA a que se sumen a la propuesta.
- Ley de deuda comercial. Todas las administraciones tendrán un plan de tesorería que incluya información relativa a la previsión de pagos a proveedores que garanticen el PMP (pago medio a proveedores), es decir 30 días.
- Manual de reducción de cargas. Propone elaborar un manual para mejorar la regulación de la Administración General del Estado al que deberán ajustarse cada uno de los ministerios para presentar proyectos de reducción de cargas.
- Grandes proyectos de simplificación. Aquí se incluyen procedimientos medioambientales como la reducción de cargas administrativas en los procedimientos relacionados con la gestión de residuos o la responsabilidad ambiental. También propone la creación de una ventanilla única electrónica que acorte tiempos y plazos de tramitación y reduzca el papeleo.
- Impulso de la administración electrónica. Se propone la potenciación del registro electrónico de apoderamiento, la plataforma de intermediación de datos, o el sistema de subastas electrónicas. También incluye medidas como la implantación del sistema de Cita Previa en las 707 Oficinas de prestaciones del SEPE, la extensión de la presentación electrónica de declaraciones y otros documentos o la receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud.
- Apoyo a las empresas y a la inversión. En este sentido, el CORA propone una plataforma única de contratación del sector público, la simplificación administrativa en la contratación y los trámites para la apertura de una empresa. En este punto se incluye el proyecto de simplificación administrativa "Emprende En Tres". También el proyecto de Ley de Apoyo a los emprendedores y a su internacionalización.
- Atención al ciudadano. Se propone el establecimiento de un punto de acceso general como portal de entrada del ciudadano a las administraciones públicas. También el desarrollo de la oficina electrónica de información a los ciudadanos y gestión de prestaciones de la Seguridad Social. Además, proponen la creación de un portal de internet en el que figuren todas las ofertas de empleo. Por último, determina la informatización de la oficina electrónica de información y asistencia a víctimas del terrorismo y un BOE a la carta con alertas personalizadas.