"Llevar a cabo una revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014": ésta era la segunda "recomendación" recogida en el documento sobre España que la Comisión Europea publicó el pasado 29 de mayo. Apunta a un cambio completo en un modelo fiscal que está en cuestión desde hace tiempo. Y aunque el lenguaje diplomático comunitario habla simplemente de "recomendaciones", desde Bruselas y Berlín ya han recordado que estos consejos son de "obligado cumplimiento".
El caso es que el movimiento comenzó muy poco después. De las nueve recomendaciones del informe, casi todas estaban en la agenda del Gobierno. Con más o menos énfasis, ya había planes para analizar la reforma laboral, aprobar una reforma de la administración o quitar trabas para los emprendedores. Pero sobre fiscalidad no había nada encima de la mesa. Alguna declaración muy genérica de Luis de Guindos sobre modificar algún aspecto de la estructura del sistema y poco más. Los anuncios se circunscribían a si subir tal o cuál tipo.
Por eso, no pareció una casualidad que la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, hablase por primera vez de "una reforma fiscal integral y completa" apenas 48 horas más tarde. Y desde entonces, la presión sobre el Gobierno y los anuncios de sus miembros (a veces no del todo coincidentes) han sido constantes. Todo el mundo mira al IVA, aunque Mariano Rajoy asegura por activa y por pasiva que no lo subirá. Y este miércoles, su ministro de Hacienda aseguraba que lo que habrá es una reducción de la carga tributaria para las clases medias. Mientras, los medios adelantan posibles cambios, casi todos dirigidos al bolsillo de los contribuyentes. Y los sufridos ciudadanos se preguntan, ¿cuánto tendré que pagar el próximo año?
Las palabras de la Comisión
Por ahora, todo son especulaciones. Ni en Moncloa ni en Bruselas son muy claros, entre otras cosas porque las negociaciones siguen. Por eso, quizás lo mejor sea comenzar con las propias palabras de la Comisión. Es la única guía fiable. Nuestros socios comunitarios quieren que el Gobierno transite este camino. Y un país semi-rescatado como España, que tuvo que pedir 100.000 millones para sanear a sus cajas, no puede decir que "No" tan fácilmente.
En el documento oficial, el Ejecutivo comunitario propone cuatro grandes líneas de actuación:
- "Considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa [IRPF],
- explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos,
- adoptar medidas adicionales en lo que respecta a los impuestos medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes,
- adoptar medidas adicionales para reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades".
No suena demasiado esperanzador para los contribuyentes españoles. Los tres grandes impuestos (IRPF, IVA y Sociedades) están en el punto de mira de Bruselas. Y se mantiene el discurso sobre los tributos "medioambientales", probablemente la exigencia más difícil de eludir en el corto plazo.
Además, la Comisión no se queda ahí. En su documento de trabajo (que tiene menos importancia que las recomendaciones oficiales, eso sí), los chicos de José Manuel Durao Barroso hacen algunas otras afirmaciones que permiten inferir por dónde irán los tiros:
- "En 2011, los ingresos procedentes de impuestos ambientales, como porcentaje del PIB, fueron los más bajos de toda la UE.
- Hay margen para abordar el trato fiscal preferente del gasóleo frente a la gasolina.
- En el IRPF, la desgravación fiscal de las contribuciones a planes de pensiones tiene efectos regresivos y falsea la composición del ahorro.
- En Sociedades existen importantes deducciones para calcular la base imponible.
- El impuesto sobre el patrimonio tiene carácter temporal —en la actualidad, es aplicable hasta 2014— e importantes exenciones reducen la base imponible".
Todo apunta en la misma dirección. No hay peticiones directas de subidas de tipos, pero tomadas en conjunto, las medidas implican claramente un incremento en la presión fiscal. Por ejemplo, en IRPF y Sociedades lo que exigen desde Bruselas es que se eliminen las deducciones. Si se hace y no se tocan los tipos generales a la baja, está claro que el resultado final será equivalente a una importante subida.