El informe elaborado por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denominado 'La Justicia dato a dato' refleja que los 5.171 jueces españoles acordaron en el año 2012 un total de 101.034 desahucios. Para obtener esta cifra el órgano de gobierno de los jueces ha recabado información de los 2.304 juzgados de primera instancia, de instrucción y mixto que hay en nuestro país.
Se trata de la primera estadística oficial llevada a cabo por el órgano de gobierno de los jueces sobre un problema de relevancia social como son los desahucios donde muchas familias han perdido sus hogares en los últimos meses en nuestro país.
En el documento, se estima que a efectos estadísticos los "lanzamientos acordados por los magistrados" -órdenes de entregar los inmuebles o abandonarlos- son tanto los que se encuentran en fase de ejecución como las entregas de posesión de las viviendas. Sin embargo, este estudio que es capaz de contemplar cuántos procedimientos se iniciaron no detecta cuántos casos se paralizaron o fueron imposibles de llevar a cabo.
De todos los desahucios contabilizados por el CGPJ, 43.853 corresponden al impago de hipoteca, a los que hay que sumar 54.718 de lanzamientos de alquileres, 1.909 de laudos arbitrales y 549 provocados por asuntos de familia.
El citado estudio también recoge datos proporcionados por el Banco de España y por el Colegio de Registradores. Según el supervisor bancario, el año pasado se han producido 39.167 entregas de viviendas derivadas de ejecuciones de hipotecas concedidas a hogares españoles, siendo la mayoría de ellas -32.490- viviendas habituales. Este mismo organismo recoge que en España, 18.195 desahucios requirieron intervención judicial para la entrega de las llaves a las entidades bancarias estando en el momento del lanzamiento ocupados 2.405 inmuebles.
Por otro lado, los datos aportados por el Colegio de Registradores reflejan que en 2012 se iniciaron 65.778 procedimientos de desahucios por impago de hipotecas a la par que se llevaron a cabo 14.229 daciones en pago, entre las cuales el 80,3% fue de viviendas de residencia habitual.