Las previsiones actuales apuntan a que la tasa de dependencia aumentará de forma considerable en los próximos años, como consecuencia del baby boom, a no ser que se lleven a cabo reformas estructurales que den lugar a un aumento importante del número de cotizantes. De no ser ese el caso, la aplicación del Factor de Sostenibilidad (tanto por la aplicación del FEI como del FRA) dará lugar a una disminución significativa de la pensión media sobre el salario medio.
Este párrafo, de la página 41 del Informe sobre el factor de sostenibilidad que el grupo de doce sabios entregó el viernes, será como una bofetada de realidad para muchos. Los expertos advierten de algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos años, desde ámbitos académicos o periodísticos: el sistema de la Seguridad Social está cogido con alfileres y su capacidad para seguir pagando una prestación digna a todos los pensionistas no está asegurada.
Como decíamos ayer sábado, será complicado que las pensiones públicas no bajen de una forma u otra. O se cambian las reglas de acceso al sistema como se ha hecho hasta ahora (edad de jubilación, período de cálculo, años cotizados,…) o el factor de sostenibilidad, que sirve de equilibrio entre ingresos y gastos, entrará en juego.
Sin embargo, los expertos no creen que esté todo perdido. En el documento entregado a Fátima Báñez hay una parte, de la que quizás no se ha hablado mucho, en la que recuerdan a los políticos algo obvio y muy importante, pero que no siempre se recuerda: hay alternativas a su alcance si quieren. Eso sí, cada una tiene una serie de ventajas e inconvenientes y un coste que tendrá que asumir la sociedad española.
De esta manera, en la página 30 del documento, se explican las opciones que podrían implementarse para intentar corregir la tendencia del sistema.
1. "Aumentar el número de cotizantes": ésta es la alternativa preferida por todos, porque también es la más indolora. Está claro que si se consiguen más paganinis, habrá más también para repartir a todos los jubilados. El problema es que también es la más complicada, al menos a corto plazo.
Está claro que la mejor forma de aumentar el número de cotizantes es generar riqueza. Para empezar, hay seis millones de parados deseosos de incorporarse al sistema; si, además, crece la productividad también lo harán los salarios, con lo que la parte destinada a la Seguridad Social crecerá de forma natural, sin necesidad de subidas impositivas o medidas similares.
Otro objetivo debería ser ampliar la base de posibles cotizantes. España tiene una población activa muy por debajo de la media europea. Es decir, el número de personas mayores de 16 años que están en disposición de trabajar es muy reducido (apenas llega al 60%, cuando en otros países hablamos de más del 70%). Hay varias razones (culturales, falta de incentivos, pocas perspectivas,...), pero aquí hay un margen de mejora claro.
Sin embargo, incluso maximizando las mejoras por esta parte, el drama demográfico seguiría presente. Asumiendo esta realidad, hay tres formas más o menos evidentes de subir la cantidad de cotizantes en el sistema: más nacimientos, más inmigración y retrasar la edad de jubilación.
La primera es un clásico en la literatura regeneracionista de los últimos años. La tasa de natalidad española está entre las más bajas del mundo. Es difícil que un país, sea el que sea y en cualquier época, crezca sin un recambio generacional. Pero hay que ser honestos, tampoco ésta es una tendencia que pueda cambiarse en veinte minutos. De hecho, los trabajadores de 2040 ó 2050 deberían haber nacido ya. Si no lo han hecho, ya vamos tarde.
Las otras dos opciones (inmigración y retraso en la edad de jubilación) son políticamente mucho más sensibles. Además, tampoco son algo tan fácil de cambiar. Por mucho que se impulse una política de atracción de talento extranjero, éste sólo vendrá si las perspectivas económicas a medio plazo lo merecen. Es decir, no vale con decirlo, hay que crear un entorno atractivo y esto no es sencillo. Pensar en que diez millones de nuevos inmigrantes van a venir a salvarnos la papeleta no parece muy realista.
Y en cuanto a alargar la edad de retiro, pues siempre hay un límite. La mejora en nuestra condición física, la alimentación o los avances médicos nos permiten llegar en mejor situación la tercera edad. Eso es cierto. Pero incluso así, no es fácil que una persona de 80 años trabaje. Los 70 años de los que se habla como edad de jubilación probable a medio plazo parecen una frontera difícil de traspasar.
2. "Aumentar los tipos impositivos": los expertos recuerdan algo evidente, las pensiones pueden pagarse también con impuestos, no hay ninguna norma que obligue a sostenerlas sólo con cotizaciones. De hecho, el representante de CCOO en el grupo, Miguel Ángel García, dejó clara su postura durante la presentación del informe. Es un planteamiento que, sobre todo en la izquierda, toma cada día más fuerza. En su opinión, puede que con las cotizaciones no sea suficiente, pero la última palabra sobre cuánto debe aportarse al sistema es "política" (es decir, que el Gobierno de turno puede decidir desviar parte de los presupuestos a esta cuestión).
El problema es que una decisión de este tipo tiene efectos secundarios difíciles de gestionar. Para empezar, sólo hay dos maneras de llevarse el dinero de impuestos a las pensiones: o se suben los tributos o se recortan gastos de otros programas. Si el Gobierno o los principales partidos deciden que esto es lo que hay que hacer, en cualquiera de los dos casos, se enfrentarán a una dura contestación social. Porque, además, no estamos hablando de una cantidad pequeña. Las pensiones suponen aproximadamente el 10% del PIB. Llevarlas al 15% ahora mismo supondría 50.000 millones, ¿de dónde saldrían?
Pero además, hay otro factor muy importante. Al igual que los impuestos al tabaco desincentivan el consumo de este producto, los impuestos al trabajo desincentivan el empleo. Subir cotizaciones o IRPF o Sociedades (en realidad, cualquier tributo) tiene una consecuencia directa: trabajar o invertir pasa a ser menos atractivo. Cada hora extra lleva menos dinero al bolsillo del empresario o su empleado. Y además, la competencia en el extranjero se vuelve más atractiva.
Lo que ganas por un lado (con más tributos) lo pierdes por otro (destruyes riqueza porque penalizas la creación de valor). Vamos, que subir mucho los impuestos para pagar las pensiones tiene un límite claro y cercano: ese momento en el que la gente deja de trabajar o se marcha del país cansada de esforzarse para nada.
3. "Aceptar la disminución de la pensión media": en realidad, los expertos dicen "aceptar la disminución de la ratio de la pensión media sobre salario medio, asumiendo que los jubilados reciben pensiones del sistema público (las cuales pueden seguir aumentando en términos reales), que podrían complementarse con ingresos procedentes de su ahorro privado". En realidad, esta alternativa sí acepta que las pensiones públicas se van a hundir, al menos en términos comparativos con los salarios, pero ofrece una solución.
Es un tema tabú, pero posiblemente sea el más realista. En Suecia, cuando realizaron la gran reforma de su sistema de pensiones allá a comienzos de los años noventa, introdujeron un elemento de capitalización (ahorro privado e individual) en el sistema. De esta manera, el Estado asegura a través de las pensiones contributivas una paga digna, que crece en función de lo cotizado y trabajado (como en España). Pero además, hay un pequeño porcentaje que corresponde a cada empleado, que decide cómo utilizarlo. De hecho, sin llegar a este sistema, en el resto de los países de Europa, son mucho más comunes los instrumentos financieros como los planes de pensiones (y ofrecen mejores rentabilidades, todo hay que decirlo).
Hay que asumir que la tasa de sustitución actual no se va a poder mantener. Es decir, la pensión será más baja en relación al último salario cobrado. Quien quiera no perder nivel de vida cuando se jubile, ya sabe lo que le toca: ahorrar por su cuenta. En este sentido, también los gobiernos tienen en su mano opciones para incentivar este ahorro.