Los graves problemas de desabastecimiento que sufre Venezuela han dado la vuelta al mundo en las últimas semanas. La falta de papel higiénico, hasta el punto de tener que importar 50 millones de rollos para poder paliar su escasez, o el establecimiento de cartillas de racionamiento -al estilo cubano, solo que empleando las nuevas tecnologías- son dos claros ejemplos del caos económico que sufre el régimen bolivariano, presidido ahora por el chavista Nicolás Maduro.
Sin embargo, estas dificultades vienen de lejos. El desabastecimiento no ha surgido por arte de magia, de un día para otro, sino que es consecuencia directa de la agresiva y creciente política intervencionista y expropiadora llevada a cabo por el chavismo durante la última década. El fallecido expresidente de la República Hugo Chávez no sólo nacionalizó de forma progresiva grandes empresas e industrias privadas pertenecientes a los llamados "sectores estratégicos", tales como petróleo, banca o construcción, sino que también entró de lleno en la producción y distribución de alimentos.
El peso del Estado en este sector no ha dejado de crecer a base de expropiar tierras y explotaciones agrícolas y ganaderas, crear su propia cadena de supermercados (minoristas y mayoristas) e intervenir los precios de muchos alimentos. Bajo la excusa del autoabastecimiento, con el fin de reducir la importación de "productos básicos", Chávez inauguró en 2003 su gran proyecto de planificación alimentaria mediante la creación de una amplia red de tiendas estatales y la redistribución de tierras y créditos estatales entre los campesinos y ganaderos del país para abastecer a los "mercados populares".
Así nació la red Mercal, que en la actualidad cuenta con cerca de 13.500 tiendas en todo el país, en donde se venden productos a precio subsidiado por el Gobierno chavista. Asimismo, el Estado también cuenta con la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), que ofrece mercadería a "precios regulados". La Fiscalía General de la República admite la existencia de, al menos, 600 casos de corrupción vinculados al sistema de alimentos subsidiados.
De este modo, el Gobierno venezolano comenzó a sustituir progresivamente el papel que venía ejerciendo el libre mercado en el sector de la alimentación a nivel de producción, distribución e intervención de precios. Para ello, el Estado ha confiscado en estos años un gran número de fincas y explotaciones, generando un gran clima de incertidumbre e inseguridad jurídica que ha ahuyentado la inversión y ha causado el cierre de numerosas empresas. Además, la nacionalización de una parte de la industria agroalimentaria, que antes era altamente productiva, ha provocado el desplome de la producción nacional, tal y como ha sucedido con el petróleo.
Como consecuencia, la producción nacional de alimentos se ha hundido un 40%, obligando al Gobierno a aumentar la importación de productos básicos hasta niveles récord. Paradójicamente, esto era justo lo que, en principio, pretendía combatir Chávez con su particular plan. La importación de alimentos ya se había multiplicado por cinco desde finales de los años 90 hasta 2008, pasando de 1.700 millones de dólares a cerca de 8.500 millones, según datos de las patronales venezolanas.
El ministro de Alimentación, Félix Osorio, ya anunció que el Gobierno financiaría la importación de más de 700.000 toneladas de alimentos, provenientes de países del Mercosur, que tendrán como destino aumentar las reservas de emergencia del país. Y esto es sólo el principio, ya que se da por hecho Maduro pondrá en marcha un programa de intercambio de petróleo venezolano por alimentos con sus países vecinos, imitando así el polémico plan de petróleo por alimentos llevado a cabo por Irak después de la primera Guerra del Golfo, tras el embargo internacional decretado contra el régimen de Sadam Husein.
Pero es que, además, la caída de la producción nacional se ve agravada por el control de tipo de cambio impuesto por el Gobierno de Venezuela. La brutal depreciación de su moneda nacional encarece enormemente la importación de productos que, al estar financiados por el Estado, supone una presión añadida a las ya paupérrimas cuentas públicas de la República.
Y por si todo esto fuera poco, a ello se le suma una inflación estructural de dos dígitos que, combinada con la fijación de precios máximos en algunos productos y la morosidad de casi 12 meses que ostenta el sector público, genera enormes pérdidas a los productores privados, empujándoles a la quiebra o bien a reducir su producción, lo cual acentúa aún más el desabastecimiento. Pese a ello, en lugar de dar marcha atrás a las políticas expropiatorias e intervencionistas de Chávez, Maduro incide en estos errores y ahora opta, directamente, por implantar las cartillas de racionamiento en Venezuela.
Lo trágico es que, detrás de los fríos datos, se esconce un drama humano, tal y como evidencian los siguientes vídeos…
Aglomeraciones en los supermercados para conseguir harina.
Caos y peleas para conseguir un poco de leche y azúcar.
O carreras para poder comprar comida, antes de que se acabe el suministro.