A lo largo de la campaña a la reelección que enfrentó a Barack Obama con Mitt Romney, el aún mandatario estadounidense no dudó en atacar reiteradamente el pasado de su adversario político en el sector del capital riesgo. Esto resultó chocante para quienes sí conocían el legado de Romney en la firma inversora Bain Capital, ya que el empresario y político republicano encabezó dicha firma en un periodo en el que contribuyó a crear más de 100.000 empleos.
Estas críticas resultan aún más chocantes si tenemos en cuenta el flojísimo historial de inversiones de la Administración Obama en un campo de especial relevancia: el de la energía. En su día, el Instituto Juan de Mariana advirtió que esta agenda de inversiones en tecnología verde sería un notable fracaso. Aquel estudio, elaborado en España, tuvo un gran impacto público en los medios de EEUU, pero la Administración Obama no aprendió la lección y los resultados han sido desastrosos. A continuación, algunos ejemplos de los proyectos fallidos que ha financiado Obama en este sector:
En 2009, el Ejecutivo demócrata entregó a ECOtality la friolera de $126 millones de dólares para instalar 14.000 puntos de recarga para coches eléctricos. Desde entonces, la compañía acumula pérdidas por $45 millones de dólares y ya ha admitido que su futuro está en peligro. Además, ECOtality está siendo investigada por un escándalo de información privilegiada.
En 2010, la Administración Obama otorgó a la empresa Raser Technologies $33 millones de dólares para desarrollar una planta de energía solar en Beaver Creek Utah. La compañía se gastó ese dinero y se ha declarado en la bancarrota. Debe impuestos por más de $1,5 millones de dólares y mantiene menos de 10 empleados. Aquí lo cuenta el Wall St. Journal.
También en 2010, el Gobierno de EEUU entregó $98,5 millones de dólares a la empresa Geothermal Power del Estado de Nevada. El objetivo era apoyar una serie de proyectos de energía renovable. De acuerdo con el New York Times, las últimas auditorías han revelado que la compañía está en serio riesgo de quiebra.
Los siguientes casos están relacionados con la concesión de préstamos garantizados a empresas del sector de las energías renovables:
- La Administración ayudó a la empresa First Solar con más de 3.000 millones de dólares en préstamos garantizados para desarrollar plantas de energía solar en Arizona y California. De acuerdo con las informaciones publicadas por Bloomberg, "la cotización de la empresa en el NASDAQ está bajo mínimos. Ha despedido al 30% de su plantilla y necesita renegociar $401 millones de dólares".
- Obama también concedió una garantía a la empresa Abound Solar que avaló préstamos por $400 millones de dólares. El objetivo: desarrollar paneles y fábricas fotovoltaicas. De acuerdo con Forbes, la compañía despidió a 180 empleados en febrero de 2013 y ya no está operativa.
- El Ejecutivo de EEUU también entregó un aval a Beacon Power, esta vez por valor de $43 millones de dólares. Esto se produjo a pesar de que la agencia de rating Standard & Poor’s acababa de evaluar el proyecto como altamente arriesgado, con una baja calificación de CCC+. Hoy, la empresa está en bancarrota.
- La Casa Blanca también decidió garantizar un préstamo de $1.200 millones concedido a la empresa SunPower. Esta compañía, dedicada al sector fotovoltaico, ha decidido desarrollar el proyecto no en Estados Unidos sino en México. Su deuda asciende a $820 millones de dólares, mientras que su capitalización es de $800 millones.
- La Administración también forzó a los contribuyentes a avalar un préstamo de $1.600 millones concedido a la empresa Brightsource, Esta empresa tiene hoy pérdidas por $177 millones de dólares.
Solyndra, uno de los casos más conocidos
Como informó Libre Mercado en 2011, esta serie de ayudas, subsidios y avales saltó a las portadas de los periódicos cuando se revelaron los resultados de la apuesta gubernamental por la empresa Solyndra, compañía dedicada al sector de la energía solar.
En 2008, con George W. Bush como inquilino de la Casa Blanca, Solyndra había solicitado dinero público para la ejecución de diversos "proyectos de innovación y desarrollo". El Departamento de Energía rechazó esta petición, argumentando que su modelo de negocio era catastrófico. Según declaró el analista energético Peter Lynch, "Solyndra perdía tres dólares por cada dólar invertido".
Sin embargo, Obama no dudó en destinar la friolera de $535 millones de dólares a otro préstamo garantizado por el presupuesto federal. Tan orgulloso estaba del proyecto que en mayo de 2010 visitó la fábrica de la compañía y aplaudió la operación aprobada por su Gobierno. Según el mandatario, aquel proceso fue "modélico" a la hora de mostrar "cómo debe invertirse el dinero público en tecnología verde".
Hoy, Solyndra está quebrada y sus más de 1,100 trabajadores están en la calle. El dinero de los contribuyentes fue entregado a un proyecto que se hundió de manera estrepitosa. ¿La respuesta de Obama ante este fracaso? "No me arrepiento… Si queremos competir con China, que aprueba grandes subsidios en este sector, tenemos que asegurarnos de que nuestra gente tenga las mismas oportunidades", afirmó sin inmutarse en una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC.
El escándalo no acaba ahí, ya que se ha publicado que la cúpula de Solyndra visitó al menos 20 veces la Casa Blanca, que el préstamo entregado tenía un tipo de interés inferior a lo habitual o incluso que el FBI está investigando el fiasco de estas ayudas.
71% de los programas energéticos, a empresas afines
El libro de Peter Schweizer Échenlos a todos (Throw them all out) explica que el 71% de las subvenciones y préstamos garantizados que ha mediado el Gobierno de Obama han tenido como receptores a empresarios vinculados directamente con el Partido Demócrata y con las campañas a la Presidencia del hoy mandatario.
Para ser precisos, los directivos de estas compañías han recaudado más de medio millón de dólares para el mismo presidente que, posteriormente, ha concedido ayudas para este sector valoradas en $11.350 millones de dólares. Ante semejante panorama, no debería sorprendernos que la Inspección General del Departamento de Energía haya iniciado más de 100 investigaciones criminales relacionadas con los programas de energía verde.