El Gobierno aplaude la nueva sintonía con el principal partido de la oposición, pero se muestra cauteloso. Hasta la fecha, todas las reformas presentadas en el Congreso de los Diputados han contado con el rechazo frontal del PSOE. Algunas, incluso, han tenido contestación en la calle. En Moncloa creen que la discreción con la que se están llevando a cabo los contactos está ayudando sobremanera, pero advierten: nada hay acordado en firme.
Se quiere ir paso a paso. Primero un tema y después otro. Llegar a un acuerdo nacional, lo que se ha venido a denominar un pacto de Estado, es prácticamente imposible. Lo es, argumentan del lado gubernamental, porque "nos separa un abismo" en política económica. El propio Mariano Rajoy así lo ha dicho cada vez que le han preguntado en público. Si bien, en asuntos concretos, existen acercamientos. El más inmediato es el relativo a la política comunitaria. El presidente confía en acudir al Consejo Europeo de este mismo junio con una fotografía de unidad debajo del brazo.
Para empezar, el Ejecutivo dice a las bravas que mantendrá "muy especialmente" informado al PSOE sobre la cita que la próxima semana tiene Rajoy, asistido por varios ministros, en la Comisión Europea. La vicepresidenta, al término del Consejo de Ministros, no quiso aclarar si esta comunicación traerá consigo, por ejemplo, un encuentro en la Moncloa entre el presidente y Alfredo Pérez Rubalcaba. "Habrá contactos, hasta ahí puedo decir, para abordar hasta que punto podemos llegar a un acuerdo para afrontar la crisis y la recesión del conjunto de la UE", remató Soraya Sáenz de Santamaría.
En privado, el Ejecutivo no descarta ese despacho al más alto nivel, pero antes han de seguir los contactos. Lo importante es el contenido y no el envoltorio, vino a afirmar varias veces la número dos, que quiso publicitar que no es tan extraño que se lleguen a sinergias. Un acuerdo del Consejo, la Estrategia sobre seguridad nacional, le sirvió como percha, a tenor de que cuenta con el respaldo expreso del PSOE.
La clave está en las pensiones
Llegar a un pacto en materia comunitaria no es, sin embargo, la panacea para el Ejecutivo. Manteniendo el discurso de que hay que cumplir con la senda del déficit público, Rajoy propondrá medidas concretas contra el paro juvenil -vía fondos comunitarios-, ayudas a las pequeñas y medianas empresas y unión bancaria real. Y en esto los discursos casan. Es la reforma de las pensiones la verdadera prueba de fuego: si Rubalcaba tiene voluntad de pacto, dicen en el Gobierno, se verá en esa negociación clave.
Este viernes, Sáenz de Santamaría insistió en la importancia de modificar el vigente sistema, de cuyo análisis se encarga una comisión de expertos. Después la discusión llegará al Pacto de Toledo, y es ahí donde los socialistas tomarán la palabra públicamente. "Sería bueno llegar a un acuerdo y para ello trabajamos", dijo la portavoz, no entrando en cuál cree que será la postura de la oposición. En este sentido, un ministro implicado aseguró a este diario que los contactos ya se están produciendo, también con los distintos agentes sociales. El objetivo es claro: "Conviene alcanzar pactos", resumió la vicepresidenta.
"Las cosas hay que construirlas poco a poco, hay que analizarlas despacio y ver dónde está cada cuál", enfatizó, no obstante, Sáenz de Santamaría. No es la primera vez que las llamadas al acuerdo se convertían poco después en cantos de sirena, como pasó con los desahucios. Pese a ello, el Ejecutivo también se muestra seguro de que, al final, habrá foto sobre la ley de transparencia, por poner otro ejemplo. Mucho más difícil, prácticamente imposible, está el asunto del modelo territorial. Rajoy siempre despacha este asunto aseverando que el PSOE "no sabe ni lo que quiere".
En todo caso, el Ejecutivo desprendió su discurso más positivo, que incluso se podría materializar en una reunión entre Rajoy y Rubalcaba en breve. Incluso pública, tiran de ironía, a tenor de lo que está dando que hablar la agenda privada del presidente. Aunque, con independencia de ello, Sáenz de Santamaría también puso de relieve que el Gobierno cumple con su calendario, que tiene una fecha señalada en rojo: la última semana de junio. Entonces, presentará la "auditoría completa" de las administraciones pública con medidas "concretas y plazos concretos".