La propuesta de revisión de la Directiva europea sobre productos del tabaco podría producir en España la pérdida de miles de puestos de trabajo. Tal y como está planteada ahora, la pérdida sería de 3000 empleos y 469 millones de recaudación. Si se endurece, como plantean algunos países y colectivos, los daños serían aún mayores: 10.000 puestos de trabajo menos y las arcas públicas perderían 1.700 millones.
El estudio, según explicaron sus autores Ana Ramos y José Antonio Herce, se centra fundamentalmente en el análisis del impacto en términos de valor añadido bruto (VAB), empleo y recaudación fiscal de las restricciones sobre etiquetado, envasado e ingredientes que recoge dicha propuesta.
El mercado del tabaco español se encuentra en una situación muy deteriorada, debido a la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, a la migración hacia segmentos más baratos como la picadura de liar o al comercio ilícito, que desde 2007 se ha triplicado, hasta representar el 7,5% en 2012. "La Directiva sólo actúa sobre el mercado legal y otorga una ventaja competitiva al mercado ilegal sobre el legal", indicó Ana Ramos.
El portavoz de la Mesa del Tabaco, Juan Páramo, señaló que los países que se pueden beneficiar de estas medidas serían los "de fuera de la Unión Europea, como Africa y Latinoamérica fundamentalmente, mientras que en la producción los beneficiarios iría desde Estados Unidos a Latinoamérica, Africa o Asia".
"España sería uno de los países más afectados porque el sector del tabaco es vital para la economía española", aseguró el portavoz de la Mesa del Tabaco, Juan Páramo, que recordó que España es el cuarto país productor de hoja de tabaco de la UE, emplea a 56.000 personas y genera cerca de 10.000 millones de euros de recaudación al Estado.
El estudio contempla dos escenarios en función de las medidas que finalmente se aprueben. El primero, con arreglo a las medidas iniciales aprobadas por la Comisión, contempla la posible destrucción de 2.816 empleos y una pérdida de recaudación fiscal para el Estado de 469 millones de euros. El contrabando aumentaría en cuatro puntos porcentuales (11,5%) y se produciría una contracción de valor añadido bruto de 139 millones de euros euros.
El segundo escenario, si se radicalizasen las medidas y se aprobaran algunas de las enmiendas que se están formulando en Bruselas, se alcanzaría un escenario con una "alta comoditización y caracterizado por un incremento del comercio ilícito y el contrabando, que podría llegar a niveles del 23%", avisó Ana Ramos.
Con estas medidas, se produciría una pérdida de 9.590 puestos de trabajo, y de 1.631 millones de euros de recaudación fiscal, y una contracción del valor añadido bruto de 475 millones de euros.
Graves consecuencias para Canarias y Extremadura
Las consecuencias de la directiva del tabaco tendrían un grave impacto en Canarias, Extremadura, Navarra, La Rioja y Cantabria, cuya economía se sustenta en gran parte en la industria del tabaco y donde se perderá actividad económica y empleo.
En el caso de Extremadura, el sector del cultivo de tabaco es esencial y la implementación de la Directiva podría suponer la contracción del VAB entre 5,2 y 9,7 millones de euros, y la pérdida de entre 392 y 1.335 puestos de trabajo.
Respecto a la repercursión en Canarias, la propuesta supondría una pérdida de entre 9,7 y 32,9 millones de euros de valor añadido bruto y la destrucción de entre 288 y 776 puestos de trabajo.
Una directiva polémica
La directiva, tal y como está planteada actualmente, prohibiría las sustancias que hacen el tabaco más atractivo como son las sustancias de menta, vainilla o la variedad masticable. También se ampliaría hasta el 75% la superficie de la cajetilla ocupada por advertencias sanitarias. Además, se pretende que el envase pierda atractivo a favor de la uniformidad para evitar que los más jóvenes se enganchen al tabaco. Si se endurece, tal y como plantean algunos países como Irlanda, se podría llegar a prohibir las máquinas automáticas que expenden tabaco.