La nueva Ley de emprendedores ya está en marcha. La ha presentado este viernes, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El objetivo del Ejecutivo es "facilitar toda la actividad emprendedora y empresarial. Desde la constitución de empresas, su régimen fiscal, apoyo a la financiación y a la necesidad de facilitarle la vida a las empresas en sus relaciones con las Administraciones Públicas", afirmaba Soraya.
Para el Gobierno es prioritario, según la vicepresidenta, dar a los emprendedores "mayores facilidades para solventar sus dificultades empresariales y las situaciones de crisis". Además, se articularán medidas destinadas a facilitar a que las empresas y emprendedores tengan una "segunda oportunidad", en el caso de que su primera iniciativa "no haya cosechado éxito".
Según ha recordado Saénz de Santamaría, "las pequeñas y medianas empresas en España dan empleo al 75,4% de los trabajadores españoles", constituyendo un auténtico "motor de crecimiento" y la base "del empleo y de su futura creación". El Plan del Ejecutivo también incluirá a los "tres millones de trabajadores autónomos" que hay en España.
Para Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de un "inmenso tejido empresarial de este país que merece un apoyo y una atención específica de los poderes públicos, en todas y cada una de las fases de la actividad empresarial".
Líneas estratégicas
Educación como base del emprendimiento: el primero objetivo es cambiar la cultura para que los jóvenes españoles busquen un mayor conocimiento "de lo que es la empresa y la actividad emprendedora". La idea es incentivar así a los más jóvenes a potenciar esas capacidades, para que así aprendan a "emprender, autoemplearse y dar empleo a otros".
Incentivos fiscales y administrativos: Sáenz de Santamaría ha remarcado la medida de "fomento de las inversiones en el Impuesto de Sociedades". Esto implica que las empresas con un volumen de negocios de menos de 10 millones de euros podrán deducirse el 10% de los beneficios del periodo que se reinviertan en la actividad económica de la empresa. Esta medida, según la vicepresidenta, beneficiará a unas 200.000 personas físicas y 185.000 pequeñas empresas.
Asimismo, la deducción por actividades de investigación y desarrollo se ampliará a todas las empresas y no se perderá si no tiene beneficios (beneficiará a unas 4.000 empresas), mientras que se eleva del 50% al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina en este caso el límite máximo.
El IVA se pagará cuando se cobre: el Impuesto sobre el Valor Añadido de pymes y autónomos, con menos de 2 millones de facturación, se pagará cuando se cobre, no cuando se emita la factura. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014; según la vicepresidenta, beneficiará a 2,3 millones de pymes y autónomos.
Segunda oportunidad: esta es una de las medidas más requeridas por los empresarios. La vicepresidenta ha anunciado medidas para favorecer la "segunda oportunidad", que incluirán cambios en la Ley Concursal. Se crea un mecanismo extrajudicial de pagos y la figura de un mediador independiente para negociar un plan de pagos con moratorias de hasta 3 años.
"Emprende en 3": Este proyecto, aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes, supone que, a partir de ahora, abrir una empresa podrá hacerse por vía telemática, de una sola vez y con un formulario tipo. Emprende en 3 intercomunica al emprendedor con el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Responsabilidad limitada: el Gobierno creará una nueva figura, la del "autónomo de responsabilidad limitada", que asegura que tendrá un estatus similar al de una Sociedad Limitada. En definitiva, Los emprendedores no tendrán que responder con su vivienda habitual -con un límite de 300.000 euros- de las deudas derivadas de su actividad empresarial. Además creará la "Sociedad Limitada de Responsabilidad Sucesiva" que se podrá crear un capital inferior de 3.000 euros en primera instancia para sucesivamente ir a aportando al menos un 20% de los beneficios a fin de conseguir el capital social requerido.
Incentivos para la atracción de inversión a España: el Gobierno facilitará y agilizará la concesión del permiso de residencia a aquellos extranjeros que lleven a cabo adquisiciones inmobiliarias por encima de 500.000 euros, frente a los 160.000 euros anunciados inicialmente. También concederá la residencia a los foráneos que compren deuda pública por importe superior a dos millones de euros. Por último, también prevé dar la residencia a los extranjeros que inviertan en proyectos empresariales que creen puestos de trabajo o que tengan un impacto relevante desde el punto de vista socioeconómico o de la innovación científica y tecnológica.
Cláusula One in – one out: la nueva Ley contemplará la obligación para todas las administraciones de eliminar una carga burocrática siempre que se introduzca otra nueva. "Si incluyes una nueva traba administrativa tienes que sacar otra de coste equivalente", ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría.
Libro electrónico de visitas: con la nueva norma, las empresas podrán evitar trámites presenciales en las inspecciones de trabajo mediante la creación de un nuevo libro electrónico de visitas para inspecciones.
Agilización de trámites para la contratación pública: para el Gobierno es esencial que se reduzcan las cargas contables y las trabas existentes en la contratación pública. Para acceder a la contratación pública de todas las administraciones el Gobierno facilitará el contacto entre pequeños emprendedores para que puedan agruparse y constituir una asociación de empresarios y así concurrir a los concursos públicos. También se adecuará el régimen de garantías que hay que prestar en la contratación pública a las posibilidades del emprendedor.
En este sentido, se eliminan los obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública permitiendo que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Además, se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y de servicios. En particular, en los contratos de obras el umbral se eleva en 150.000 euros y en 80.000 euros para los contratos de servicios. Asimismo, se prevé que la garantía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y se acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa.
Lucha contra la morosidad: para luchar contra la morosidad, se reduce de ocho a seis meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa adjudicataria sea una pyme.
Licencia municipal: se ampliará la lista de actividades exentas de licencia municipal -incluyendo a funerarias, recreativos o autoescuelas, entre otras- y se elevará a 500 metros cuadrados la superficie liberada de pedir permiso a los ayuntamientos.
Alternativas de financiación. Se abre un mercado alternativo para que las empresas puedan emitir deuda en mercados de renta fija.
Incentivos a la pluriactividad. Los que estén pluriempleados se podrán beneficiar de una rebaja en las cotizaciones que paguen a la Seguridad Social. De este modo, este colectivo podrá obtener un descuento del 50% en la base mínima de cotización que se establezca cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Esa reducción se aplicará durante los primeros 18 meses, mientras que en los siguientes 18 será del 25%.
'Business angel' y 'capital semilla': se crean incentivos fiscales a los inversores en emprendimiento (los llamados business angel o capital semilla). Los contribuyentes podrán deducirse el 20% de la cuantía que suscriban mediante acciones en las pymes y las participaciones en empresas nuevas. La base máxima de la deducción será de 20.000 euros anuales. A los socios se les aplicará la exención total de la plusvalía al salir de la sociedad, siempre que reinviertan esa cantidad en otra nueva empresa.
Las declaraciones
La vicepresidente no ha adelantado el número de puestos de trabajo que el Gobierno estima se crearán con esta norma y ha informado de que en la próxima semana hará "una exposición detallada de las medidas y sus efectos" en la mayoría de los ministerios implicados.
Preguntada por qué ha tardado tanto el Ejecutivo en aprobar la ley, Sáenz de Santamaría ha respondido que el Gobierno ha tenido que aprobar muchas normas de manera urgente por la situación "límite" que había cuando ganó las elecciones. Tras "mucho trabajo" de los ministerios, la norma se ha puesto en marcha cuando el Ministerio de Hacienda ha podido hacer frente a los compromisos del Ejecutivo de conseguir una menor carga de impuestos. "Esta norma supone un cambio impositivo importante en la manera de pagar las facturas y clave para 2,3 millones de personas físicas y jurídicas".