El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves de forma definitiva el proyecto de ley de Medidas de Flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas tras votar las enmiendas introducidas en el Senado, en un debate en el que todos los grupos de la oposición han expresado su rechazo al proyecto y a los cambios aprobados.
El debate se ha centrado en gran medida en la eliminación de las ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro de los Planes Estatales de Vivienda, incluso las que ya se estuvieran abonando, y no se admitirán nuevos reconocimientos de concesión, renovación, prórroga, subrogación u otras actuaciones.
Asimismo, las ayudas estatales directas sólo se mantendrán si hay una aceptación expresa de Fomento, mientras que las del Programa de Inquilinos, áreas de rehabilitación integral, Renove y Renta Básica de Emancipación (RBE) se mantienen sólo hasta que entren en vigor las nuevas líneas.
Recurso ante el TC
De esta manera, el Gobierno sólo mantendrá las ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o la rehabilitación que ya se estuvieran recibiendo, así como las que fueron reconocidas antes del 15 de julio de 2012 que cuenten con la conformidad de Fomento siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
Una decisión que ha sido criticada por toda la oposición, que ha votado en bloque en contra de la enmienda salvo por UPN y FAC, que se han sumado a los 'populares'. Además, CiU ha sido particularmente beligerante y su portavoz adjunto, Pere Macias, ha invitado al resto de grupos a presentar un recurso conjunto contra el TC por el carácter retroactivo de la medida, que creará inseguridad jurídica.
Ley incompleta e ineficaz
Por lo demás, los grupos de la oposición también han afeado a los 'populares' que aprovechen la tramitación en el Senado de forma sistemática para introducir modificaciones "por la puerta de atrás" y con poco debate, en muchas ocasiones además sin relación con el objeto de la ley que se tramita.
Con respecto a la Ley del Alquiler, los argumentos más repetidos han sido que es una norma "corta" que no servirá para solucionar los problemas del mercado del alquiler sino que, antes al contrario, dejará desprotegido al inquilino, facilitará el "desahucio super-mega exprés" y además supondrá la publicación de una 'lista negra' de morosos.
Los 'populares', por su parte, argumentan que la norma modernizará un mercado demasiado "rígido" y que no funciona, con el objetivo de dejar en manos de los implicados las relaciones contractuales y hacer así que el alquiler no sea la última opción sino una alternativa posible.
Fomento del alquiler
El proyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto, reduce a diez días el plazo de desahucio ante impagos del alquiler si el inquilino no presenta alegaciones ante el juez. Por su parte, el arrendatario podrá rescindir el contrato sin pagar indemnización con tan solo comunicarlo con un mes de antelación. Eso sí, la norma también reduce de cinco a tres años el plazo de renovación de contrato obligatorio.
En el texto original el Gobierno había recogido sendos apartados para fomentar la creación y funcionamiento de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), y para recoger bonificaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades para el arrendamiento de viviendas. Sin embargo, los 'populares' retiraron finalmente estos artículos -junto con el relativo al gravamen especial del Impuesto sobre la Renta de no residentes- por estar contenidos en la Ley de Medidas Tributarias para la consolidación de las finanzas públicas aprobada el año pasado.
Según la ministra de Fomento, Ana Pastor, esta normativa tiene como objetivo mejorar la oferta de alquiler para generar más movilidad en el mercado, elevar las posibilidades de los ciudadanos de encontrar piso y a precios mejores, y lograr un mejor equilibrio entre los derechos de los inquilinos y de los propietarios.
Durante su paso por el Congreso, el proyecto de ley incorporó algunas modificaciones sustanciales, como la creación de un registro donde figuren los inquilinos condenados en firme -judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral- por impago de la renta del alquiler para que puedan ser conocidos por otros arrendadores.
Además, se incluyó la obligación del dueño de la vivienda de informar a los inquilinos en caso de querer vender el piso, y también se le autorizó a disponer de la vivienda en caso de necesitarla para sí mismo o para algún familiar, avisando al inquilino con al menos dos meses de antelación.
Por otra parte, se autorizó a los arrendatarios a realizar obras de adecuación de la vivienda a un discapacitado, siempre y cuando se notifiquen esos cambios y se reponga la vivienda al término del contrato al estado anterior. Y también se decidió vincular los alojamientos y viviendas turísticas de particulares a la normativa sobre turismo de las comunidades autónomas.