Las cuentas de la Seguridad Social han entrado en números rojos mucho antes de lo que se suponía como consecuencia de la gravedad y duración de la crisis. Hoy, los ingresos por cotizaciones sociales no bastan para financiar los pagos por prestaciones de jubilación, con lo que el Gobierno tiene que echar mano del Fondo de Reserva, que agota a un ritmo muy superior al previsto. Para paliar esta situación, los sindicatos han propuesto subir las cotizaciones sociales de forma temporal, esto es, mientras dure la crisis.
Pocas medidas podrían resultar más nocivas para la economía española y para el sistema de pensiones.
La subida de las cotizaciones sociales supone el encarecimiento del factor trabajo. En circunstancias normales, esto suele traducirse en un aumento del paro; en las circunstancias actuales la cosa sería todavía mucho peor. ¿Por qué? Porque las empresas están ajustándose a la crisis a golpe de reducción de márgenes empresariales y de costes. Si ahora se incrementan estos últimos vía subida de las cotizaciones sociales, lo único que se conseguirá es aumentar la presión a la baja sobre los beneficios empresariales y sobre los salarios y, con ello, en vez de recaudar más se ingresará menos, porque las empresas que puedan sobrevivir al alza de las cotizaciones bajarán más los salarios, lo que reducirá la base de cotización, o despedirán a gente, que obviamente dejará de cotizar. En consecuencia, esta propuesta de los sindicatos provocará el efecto contrario al deseado.
Lo mismo sucederá si quien tiene que asumir plenamente el incremento de cotizaciones es el trabajador. En este caso disminuirá su capacidad de gasto, ya de por sí mermada a causa de las constantes subidas de impuestos con que nuestros políticos afrontan la crisis, en vez de recortar el gasto, y en unos tiempos, además, en que los salarios se están reduciendo y los bonus han desaparecido. En consecuencia, el incremento de la cotización de los trabajadores reducirá el consumo familiar, que representa dos terceras partes del PIB español, lo que se traducirá en menos ventas y menos beneficios empresariales y volveremos, de esta manera, a la situación descrita en el párrafo anterior.
¿Qué es lo que habría que hacer? Pues muy sencillo, recortar el gasto público, sobre todo el autonómico, y acabar con todo tipo de subvenciones, a fin de que el dinero que pagamos los españoles en forma de impuestos vaya a aquello para lo que tributamos, esto es, a financiar las pensiones, la sanidad, la educación y las prestaciones por desempleo, y no el gasto político, sea del color que sea. Todo lo demás solo supondrá deprimir aún más la economía y empobrecer aún más a los pensionistas. Por otro lado, conviene aprender la lección de cara al futuro y hacer lo que ha propuesto este martes el Parlamento Europeo, que es el paso a un sistema mixto entre público y privado, entre capitalización y reparto, de forma que el Estado garantice una pensión mínima y el resto sea fruto del ahorro de cada trabajador. De esta forma el sistema no será pasto de todo tipo de intereses políticos, como los que han acabado con el modelo en España vía subida desmedida de las pensiones mínimas, por poner tan solo un ejemplo.