La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supondrá un antes y un después en la organización administrativa española. Más allá de que se esté o no de acuerdo con su contenido, ésta si es una reforma radical respecto a la situación anterior. Y tendrá consecuencias muy importantes para la gran mayoría de los ayuntamientos españoles. Hasta el 75% de las corporaciones locales podría quedarse sin competencias de gestión el próximo día 1 de enero.
Parece difícil de imaginar, pero la intención del Gobierno es llevar el texto a las Cortes antes del final de este período de sesiones, para que en otoño esté plenamente operativa. Este martes, Cristóbal Montoro se lo presentará a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local. Eso sí, quedan muchas dudas por delante y siete meses para que alcaldes y concejales tomen sus propias decisiones.
Coste estándar y competencias
La clave de la revolución que preparan Montoro y Antonio Beteta, su Secretario de Estado de Administraciones Públicas, pivota en torno a un nuevo concepto, el del "coste estándar" de las competencias de los ayuntamientos. Éste es "un valor de referencia que sirve para comparar los gastos" de los diferentes municipios.
Es decir, el Gobierno va a medir cuánto le cuesta prestar los servicios obligatorios a todos los ayuntamientos de España. Con estos datos, Hacienda ajustará en función del número de habitantes y de la dispersión de la población. Con todo esto en la mano sacará una cifra: cuál es el coste estándar de un determinado servicio público para cada ayuntamiento. Por ejemplo: el ayuntamiento A tendrá 80 euros por habitante para el servicio de recogida de residuos.
A partir de este momento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comprobará si está gastando más o menos. En el primer caso (si supera esos 80 euros), esta competencia pasará a la administración superior, comunidad autónoma o diputación, durante los siguientes cinco años.
De acuerdo a las cuentas del Gobierno, el coste medio de la prestación de los servicios municipales obligatorios es de 1.219,98 euros por habitante para los municipios de menos de 5.000 habitantes y de 445,44 euros para los de más de 100.000 habitantes. Es decir, los ayuntamientos pequeños gastan casi el triple (en términos per cápita) que los más grandes.
¿Y esto que supone en términos de coste estándar? Pues que el 92% de los 6.797 municipios de menos de 5.000 habitantes y el 40% de los que tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes están por encima de las cifras de Beteta. Esto supone que unos 6.200 ayuntamientos, de los 8.116 que hay en España (un 75% aproximadamente) podrían perder competencias a partir del próximo 1 de enero. Porque además, el Gobierno asegura que la aplicación será inmediata, puesto que las corporaciones locales ya saben desde hace meses por dónde van los tiros y deberían estar ya haciendo los deberes si no quieren quedarse sin la gestión de sus servicios.
Las dudas
Un cambio de esta magnitud estaba destinado a generar muchísimas preguntas. Ni siquiera a pesar de las explicaciones del Gobierno están todas claras por el momento. Es más, puede que hasta que no empiece a andar la nueva normativa y tenga unos cuantos años de rodaje no sea posible ver todas las implicaciones, una vez que los diferentes actores se ajusten a la Ley.
- ¿Cuánto se ahorrará?: el impacto económico previsto de toda la Ley es de 7.129 millones de euros, de los que unos 1.400 corresponden a los cambios en la racionalización de las competencias de los ayuntamientos.
- Las diputaciones: aparecen como las grandes beneficiadas. Durante la última campaña electoral se discutió mucho si tenía sentido su supervivencia. Ahora, se ven reforzadas. Lo normal es que asuman la gestión de muchas competencias, especialmente en lo que hace referencia a los ayuntamientos pequeños.
- ¿De qué competencias hablamos?: la cuestión del coste estándar afecta a las competencias obligatorias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, puesto que a los más grandes se les aplica directamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según el artículo 26.1 Ley de Bases de Régimen Local: "Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
- En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.
- En los Municipios con población superior a 5.000 y menos de 20.000 habitantes, además: Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos".
- ¿Desaparecerán los ayuntamientos?: No. Esto está claro. No desaparece ningún municipio, aunque el Gobierno deja la puerta abierta a que regiones y ayuntamientos inicien un proceso de fusión si lo estiman conveniente. Y da la sensación de que algo así sería del gusto de Hacienda, que no ha querido presionar por no enfrentarse aún más a sus barones regionales y a sus alcaldes.
Pero aunque no desaparezcan oficialmente, sí que parece que nos encontraremos con cientos de ayuntamientos fantasma, en los que la corporación municipal no tiene ninguna competencia de gestión, porque no son eficientes en términos de coste. Es decir, todos los servicios públicos que prestaban ahora los tiene la diputación. ¿Qué les queda? Lo que el Gobierno denomina "competencia política". Es decir, la posibilidad de hablar en la diputación en nombre de sus vecinos y el control de cómo se realizan esos servicios en su pueblo.
- ¿Cinco años sin nada que hacer?: en esto tampoco hay dudas. Si un ayuntamiento pierde una competencia por tener un coste superior al estándar, tardará al menos cinco años para recuperarla (un plazo buscado a propósito para que no coincida con los ciclos electorales). Durante ese tiempo, la corporación municipal podrá elaborar un plan económico financiero con el que convencer a Hacienda de que puede recuperar la competencia que perdió. Y si ha perdido todas las competencias, pues lo mismo para el conjunto de los servicios. Eso sí, por mucho que quiera, no podrá adelantar el plazo.
- ¿Y las competencias no obligatorias?: si un municipio pierde aquello a lo que está obligado por ley, porque no ha sabido gestionarlo bien, no podrá seguir haciendo nada más. Es decir, tendrá que dejar los servicios extra. Con esta disposición, se evita que los alcaldes suelten a propósito a las diputaciones los servicios obligatorios, que pueden ser muy molestos, y mantengan gastos superfluos.
- ¿Quién paga y quién cobra?: como siempre, en cualquier Ley sobre competencias al final todo se reduce a quién pone el dinero y quién lo gestiona. El que paga es el contribuyente, claro, y lo hará a través de los tributos municipales. Es decir, el ayuntamiento no pierde la capacidad de imponer tasas o impuestos. Eso sí, si pierde competencias, perderá también los ingresos correspondientes a éstas. Por ejemplo, si tiene una tasa de basuras y este servicio para a prestarlo la diputación, será ésta la que se lleve el dinero correspondiente.
Aquí es donde empiezan a surgir las principales dudas de cómo se aplicará la ley. No todos los servicios tienen asociada una tasa, por lo que no siempre será tan claro cómo y cuánto tiene que pagar el ayuntamiento a la diputación por la competencia transferida.
Por otro lado, podría existir la tentación de reducir al mínimo los impuestos, incluso aunque no cubran los costes. Al fin y al cabo, para qué recaudar más, si el servicio lo hace la diputación, pueden pensar algunos alcaldes. En el Ministerio aseguran que hay herramientas para evitarlo. Según el Gobierno, cada municipio (sus ciudadanos) pagarán por los servicios que reciben. Y si la transferencia de impuestos del ayuntamiento a la diputación no es suficiente, éste organismo podrá cobrar nuevas tasas o incrementar las existentes para cubrir el desfase.
- Una ley "municipalista": a pesar de lo que pueda parecer, en el Ministerio aseguran que esta ley es "municipalista", es decir, que servirá para ayudar a los ayuntamientos, no para perjudicarles. Por un lado, recuerdan que "el mayor problema que tiene el conjunto de los ayuntamientos son los 15.000 millones de euros de competencias impropias que están gestionando, aunque corresponden a las autonomías". Desde la aprobación de esta ley, las regiones están "sujetas a un convenio común" y tendrán que pagar "el 100% del coste del servicio" a los municipios. Y lo harán sí o sí, porque el Estado se reserva la posibilidad de abonar la cantidad adeudada de la parte de los presupuestos destinadas a las comunidades. Es decir, que si un gobierno autonómico no paga, lo hará el Central en su nombre y luego descontará esa cantidad a la hora del reparto del sistema de financiación.
Pero además, en el Gobierno están convencidos de que las cifras de ayuntamientos que pierdan competencias serán mucho menores de las que ahora se manejan. Por un lado, aseguran que han mantenido "cientos de reuniones" con corporaciones locales, que están haciendo fuertes ajustes, para adaptarse a los nuevos límites. Y por otro, apuntan a que en muchas ocasiones el traspaso será voluntario, porque muchos alcaldes verán que es más sensato y eficiente que determinados servicios se hagan a través de la diputación correspondiente.