El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Básica de Cámaras de Comercio, que contempla la creación de la Cámara de Comercio de España, que actuará en representación de todos las cámaras del país y centrará su actividad en el apoyo a la internacionalización de las pymes y en la nueva formación dual que pretende impulsar el Ejecutivo para reducir el paro juvenil.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que la nueva Cámara de Comercio de España sustituirá al actual Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y aseguró que será una "marca comercial de gran fuerza" para ayudar a la salida al exterior de las empresas españolas y para abrir la puerta de los mercados internacionales a las pymes.
Así, la Cámara de España tendrá a su cargo, en coordinación con la red nacional e internacional de Cámaras y las propias administraciones públicas, el desarrollo efectivo del Plan Cameral de Internacionalización y del nuevo Plan Cameral de Competitividad, así como el objetivo de impulsar en España la formación profesional dual como ejes centrales de su actividad.
El Gobierno explica que la supresión, a partir de 2010, del recurso cameral permanente ha generado una situación de "incertidumbre e inseguridad" en las Cámaras de Comercio, a lo que también ha contribuido la "ausencia" de un nuevo marco legal adaptado a las nuevas circunstancias, lo que, según el Ejecutivo, "ponía en riesgo" el debido cumplimiento de las funciones público-administrativas que tienen encomendadas.
En concreto, el Plan Cameral de Internacionalización se regula como uno de los principales cometidos que la Cámara de España va a ejecutar bajo la dirección del Ministerio de Economía y Competitividad, en colaboración con el resto de Cámaras de Comercio. En el mismo, además de las Cámaras nacionales, participarán también las Cámaras de Comercio de España en el exterior.
Por su parte, el Plan de Competitividad incluirá el conjunto de las funciones públicas que deben desarrollar las Cámaras en apoyo de las empresas españolas, con especial consideración a las pequeñas y medianas. Su finalidad es ordenar y ejecutar, de acuerdo con las prioridades de la política económica del Gobierno, todas aquellas actuaciones que incidan de manera efectiva en la mejora de la competitividad de las empresas.