Roberto Sanz Pinacho, ex director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, dimitió el 9 de mayo de 2006 tras haber sido cazado conduciendo borracho. Su ostracismo duró menos de un mes: el 1 de junio firmó como nuevo empleado del Club de Campo, empresa dependiente del Ayuntamiento de la capital de España. Desde entonces, ha ganado un sueldo de más de 55.000 euros al año pese a no tener experiencia para el cargo.
El ejemplo de Roberto Sanz Pinacho ha servido como excusa para que el suplemento Crónica de El Mundo investigue más a fondo "la dedocracia en la que miles de burócratas son ungidos sin más criterio que la confianza de sus jefes". Entre los ejemplos que identifica el diario, uno de los más llamativos es el de Ignacio Prendes, el único diputado de UPyD en el Parlamento del Principado de Asturias.
Prendes, cuya formación política siempre ha hecho bandera de la reducción del gasto discrecional y la regeneración política, cuenta con siete empleados a su cargo. En total, su equipo cuesta 237.264 euros a los contribuyentes, después de la contratación de Rubén Pérez, un secretario a media jornada que se embolsa 27.150 euros cada año.
Pero los casos de Roberto Sanz Pinacho y de Ignacio Prendes son solamente algunos ejemplos. Otro caso llamativo es el del Defensor del Pueblo del País Vasco. La oficina del ararteko Íñigo Lamarca cuenta con 32 cargos de confianza, dos más que el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos.
El suelo de Lamarca supera el de Mariano Rajoy (80.730 euros frente a los 72.000 que se lleva anualmente el presidente del Gobierno). Igualmente, la mitad de los asesores que tiene a su cargo ganan más que los ministros del Gobierno de España. Los presupuestos para 2013 apenas contemplan un ajuste del 4,2% en la asignación que otorga el Gobierno vasco a esta oficina que, en cualquier caso, supone en sí misma un duplicado del Defensor del Pueblo nacional.
Un pozo sin fondo
No existe un registro capaz de determinar claramente cuántos enchufados hay en las Administraciones. Al fin y al cabo, España no solamente mantiene una Administración central sino 17 gobiernos y parlamentos paralelos, más de 8.000 ayuntamientos y decenas de instituciones intermedias como las diputaciones, los consejos, los cabildos, las mancomunidades o los consorcios. Si a todo esto le unimos los miles de entes y empresas públicas que dependen de la Administración, el cálculo se hace aún más opaco.
También fue el diario El Mundo quien intentó resolver esta duda hace, aproximadamente, un año. A partir de un muestreo de 100 organismos públicos se elaboró un cálculo que coincidió en gran medida con las estimaciones del sindicato de funcionarios, CSI-F. ¿El resultado? Se estimó que los contribuyentes mantenían a entre 15.000 y 17.000 colocados.
No obstante, CSI-F ha señalado que, desde la publicación de aquel dato, han recibido información más detallada que apunta a una horquilla de entre 18.000 y 20.000 enchufados. ¿El coste? A una media de 50.000 euros por cabeza, hablaríamos de más de 1.000 millones de euros al año.
El escándalo de Andalucía
A todo lo anterior sería necesario añadirle la inabarcable situación de la administración paralela andaluza. Los sucesivos gobiernos del PSOE, encabezados antes por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han consolidado una red de entidades tan difícil de auditar que las cifras que por fin están saliendo a la luz son de lo más alarmantes.
Según los sindicatos de funcionarios, el número de enchufados podría ascender a la friolera de entre 26.000 y 35.000 personas, cifras tan mareantes que superan sobradamente las estimaciones para el resto de España. Se trata, en gran medida, de personas cercanas al PSOE y los sindicatos,
Un ejemplo de esta administración paralela lo tenemos en EGMASA, una empresa de gestión medioambiental que depende de la Consejería y que tiene 5.000 trabajadores. Algo similar podría darse en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, que ha sido integrada en las estructuras del gobierno y agrupa a un total de 2.000 empleados. ¿Más ejemplos? Los 1.600 de RTVA (Canal Sur), los 1.500 de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), etc.
En esta última entidad, la FAFFE, el máximo responsable era un ex alto cargo del PSOE gaditano que superaba los 79.000 euros de remuneración anual. Los sueldos de otros empleados duplicaban los salarios de los funcionarios de carrera ocupados en otros organismos de la Junta. Pero también se ha hablado mucho de otras escalas salariales: por ejemplo, de los 125.000 euros que cobraba el director de RTVA, los 118.000 euros que se llevaba el director de INVERCARIA o los 90.000 euros que se embolsaba el gerente de la agencia pública que gestiona un hospital almeriense.
La opacidad de la Junta andaluza complica el proceso de control. Los sueldos del personal ocupado gracias a la dedocracia no entran en el capítulo presupuestario número uno, que ya de por sí supone 1 de cada 3 euros de gasto público (9.853 millones en 2012, el 30,7% de todo el gasto asumido por la Junta).
Como referencia, eso sí, podemos tomar varias cifras. Sabemos, por ejemplo, que las transferencias que recibe la administración paralela del Gobierno autonómico superan los 3.300 millones de euros. Otro dato interesante es que 37 de los 130 entes públicos han admitido gastos de personal por valor de 877 millones. Es probable, por tanto, que la factura final ascienda, por lo menos, a 1.500 millones de euros, si bien este cálculo es razonablemente conservador.
Es importante señalar, por último, que la administración paralela andaluza creció un 17% en plena crisis y que su eliminación reflejaría la verdadera situación del paro en la región, que según los últimos datos es de los más altos de toda España, con tasas cercanas al 40%.
Una reforma lenta
Aunque estos escándalos han sido recurrentes en los medios de comunicación, la Ley de Administración Local que prepara el Gobierno de Rajoy apenas aspira a ahorrar 145 millones de euros en asesores. Su aplicación se ha retrasado ya más de año y medio, y no parece que vaya a estar lista antes de final de año, por lo que el tímido ajuste se empezaría a notar en 2014.
Según el proyecto, los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes se quedarían prácticamente sin asesores. En urbes más grandes, habrá un cupo equivalente al 0,7% de la plantilla. En la práctica, esto supondría reducir a menos de 7.000 personas el número de enchufados, una rebaja notable frente a los números que hoy se manejan (18.000 a 20.000), pero insuficiente a todas vistas.
Por ejemplo, si sale adelante la ley, el Ayuntamiento de Madrid apenas tendría que rebajar su plantilla de colocados desde los 213 hasta los 203, un ajuste casi insignificante. Entre los empleados que entran en esta categoría susceptible de ajuste está Ángel Carromero, el joven condenado en Cuba por el polémico fallecimiento del opositor a la dictadura Oswaldo Payá. Carromero cobra 50.000 euros al año y, a sus 27 años, ni siquiera ha terminado la carrera...
Otro problema de esta ley es que no afectaría a las comunidades autónomas, que retendrán competencias en este sentido y podrán mantener en pie situaciones como las que hemos comentado en párrafos anteriores. Quizá se podría usar el Fondo de Liquidez Autonómica para obligar a comunidades como Andalucía a recortar o eliminar su administración paralela, pero de momento esto no se ha hecho y los colocados siguen en sus puestos.
Por otro lado, también es cierto que el mismo gobierno que exige estos tímidos ajustes no ha aplicado ningún ejercicio serio de reducción de asesores. Los cargos de confianza apenas sufrieron una poda del 1,2% en el primer año de Rajoy, pasando de 853 a 842. La oficina del Presidente emplea a 245, de los que 68 no tienen el graduado escolar. Por su parte, el Ministerio de Hacienda mantiene a 163 colocados, dos más que en 2012.