El Gobierno ha anunciado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, 22 "reformas estructurales". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Economía, Luis de Guindos y el de Hacienda, Cristóbal Montoro han sido los encargado de avanzar las líneas principales del Plan Nacional de Reformas 2013-2016.
En realidad, ha habido pocas novedades ya que prácticamente todas las medidas que presentadas ya, se conocían al menos en sus líneas generales. Además, el Ejecutivo no ha concretado demasiados detalles. De estas 22 medidas, en Moncloa quieren destacar los siguientes ocho grandes apartados:
1. Saneamiento de las cuentas públicas, medidas de consolidación fiscal y Seguridad Social: en cuanto a la consolidación fiscal el Ejecutivo establece varias iniciativas para avanzar en el camino de la disciplina presupuestaria. La más importante es la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El Gobierno quiere que este nuevo órgano esté listo para empezar a cumplir con sus funciones para los PGE de 2014. Además, se ha anunciado (otra vez) la aprobación inmediata de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- Pensiones: en materia de Seguridad Social, el ministro de Hacienda ha destacado que el Gobierno está trabajando en dar "seguridad y fiabilidad" a los pensionistas. En su opinión, no pueden producirse "subidas nominales de manera alocada", porque ello perjudica a largo plazo la supervivencia del sistema público. Montoro ha dicho que el Gobierno aún no ha definido los criterios de ese famoso "factor de sostenibilidad" que determinará cómo subirán y bajarán las futuras pensiones. El ministro ha asegurado que, por ahora, no se va a alargar la edad legal de jubilación hasta los 70 años como se ha rumoreado estos días. Además, ha insistido en que el documento que el Gobierno envió a los grupos parlamentarios "es un informe de derecho comparado", que no implica que sus conclusiones vayan a concretarse en futuras medidas. Eso sí, el grupo de expertos formado por el Gobierno para que remita el Pacto de Toledo un estudio sobre el "factor de sostenibilidad" debería tener sus conclusiones listas para finales de mayo.
2. Ley de Desindexación de la economía española: es la gran novedad del día. Implicará la desvinculación de los contratos públicos de la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC). Es decir, aquellos contratos (como por ejemplo los de alquiler en los que no se haya pactado otra cosa entre las partes) que se actualizaban cada año de acuerdo a la inflación, dejan de estar unidos al IPC. Esto incluye ingresos y gastos, precios, tarifas, tasas y rentas de las Administraciones Públicas. Podrá haber nuevos índices (más cercanos a los contratos de los que se trate) o no. El principal objetivo de esta medida es evitar en España los temidos "efectos de segunda ronda" en el proceso de formación de precios, algo que el Gobierno cree que está detrás de parte de la pérdida de competitividad de nuestra economía. Está previsto que el proyecto de ley se presente a finales de mayo para entrar en vigor en enero de 2014.
3. Ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización: incluirá la creación de la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada y de la figura de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva. También habrá medidas fiscales, como la aprobación del IVA por criterio de caja (sólo se paga cuando se cobra), la deducción por reinversión de beneficios, la deducción por I+D e incentivos fiscales a los inversores informales en emprendimiento. Por otro lado, se ampliará la lista de actividades exentas de licencia municipal y se eliminarán obstáculos al acceso en la contratación pública. En lo que hace referencia a la internacionalización, se prevé un nuevo régimen de visados y autorizaciones de residencia para impulsar la atracción de talento e inversión.
4. Reforma del Gobierno Corporativo: Moncloa impulsará la elaboración de un estudio-análisis sobre los mejores estándares internacionales de Gobierno Corporativo y las áreas en las que España puede mejorar su marco actual, de modo que, en el plazo de un año, se implementen las reformas que correspondan. La idea es que las juntas de accionistas tengan más poder y control sobre los órganos de dirección.
5. Evaluación de la reforma laboral: se aprobará un plan anual de política de empleo y una estrategia plurianual de activación para el empleo. La novedad más importante del día es que se encargará la evaluación de los efectos de la reforma laboral a un organismo independiente, probablemente un organismo internacional.
6. Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer una regulación favorable a la iniciativa privada. Según el Gobierno esta ley servirá para ahorrar, hasta 2015, casi 8.000 millones de euros y el informe de la reforma de las administraciones públicas antes del 30 de junio de 2013. Ésta es la única medida de ahorro (aunque indirecta) incluida en el Plan de Reformas aprobado este viernes.
7. Ley de Garantía de la Unidad de mercado: ya se conocía, pero hoy el Ejecutivo ha asegurado que se va a aprobar por tramite de urgencia. La vicepresidenta ha asegurado que se han identificado más de 50.000 normas que es necesario rearticular. En Economía, defienden que la ley se basa en cuatro bloques:
- Garantía de la libertad de establecimiento
- Cooperación institucional para eliminar trabas
- Nuevo modelo de regulación basado en la libre circulación y establecimiento en todo el territorio nacional
- Mecanismos "ágiles" en la resolución de los problemas. El Gobierno ha hablado de un órgano que tome decisiones inmediatas cuando exista un conflicto con una administración, para que las empresas no se paren
8. Ley de colegios y servicios profesionales: con esta norma, que el Gobierno pretende aprobar en el primer semestre de este año, se eliminarán los obstáculos al acceso y ejercicio en un número elevado de actividades profesionales. El acceso a una actividad profesional habilitará para su ejercicio en todo el territorio nacional, sin que puedan exigirse requisitos adicionales de cualificación a los del territorio donde se hubiera accedido a la profesión.