El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que el decreto de la Junta de Andalucía para atajar el problema de los desahucios dificultará que los jóvenes de esa comunidad obtengan una hipoteca para adquirir una vivienda en propiedad. Durante la sesión de control en el Congreso, de Guindos ha señalado además que la normativa andaluza afectará negativamente al sector de la construcción en una comunidad con un desempleo "diez puntos por encima de la media nacional".
En contraposición, el titular de Economía ha defendido que las medidas adoptadas por el Gobierno actúan "sobre lo que efectivamente se necesita" y protegen a los deudores hipotecarios. A modo de ejemplo, afirmó que, gracias a la reducción de los intereses de demora y los límites en las subastas de viviendas aprobados, la deuda de Mohamed Aziz, el ciudadano marroquí cuyo caso motivó la sentencia del Tribunal de Luxemburgo contra el procedimiento hipotecario de España, una vez subastada su vivienda habría sido de 43.000 euros en vez de 120.000 euros. Además, Aziz podría haber seguido viviendo en su casa durante dos años y negociar con el banco una reestructuración de deuda o acceder a una vivienda del fondo social, ha dicho.
Para De Guindos el decreto de la Junta "lo único que va a conseguir es que no haya crédito hipotecario en Andalucía, que se afecte a la juventud andaluza y que el sector de la construcción cada vez vaya peor allí".
El líder de IU, Cayo Lara, le ha exigido que "no ponga zancadillas" a una norma como la andaluza, "que pretende cambiar el miedo por derechos", y le ha instado a "trabajar por los desahuciados y no por los banqueros desahuciadores". En el mismo sentido, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha defendido que la norma del Gobierno de José Antonio Griñán es "plenamente legal y constitucional", da respuesta a una situación de "emergencia social" y demuestra "que hay otras formas de actuar".
El ministro recordó que este Gobierno es "el único que ha limitado los sueldos, las indemnizaciones y las pensiones de los banqueros" y ha insistido en que están "con la gente". Por último, ha avanzado que 50 familias ya han obtenido una vivienda del fondo de alquiler social aprobado por el Ejecutivo y otras 168 están a punto de firmar un contrato. Según los últimos datos disponibles, el fondo, que cuenta con casi 6.000 viviendas, ha recibido 430 solicitudes.