La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés Jiménez, tachó este miércoles de "demagógico" el argumento defendido esta mañana en el Congreso de los Diputados por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, contra el decreto sobre vivienda aprobado por la Junta de Andalucía. El ministro señaló que la expropiación de viviendas inmersas en un procedimiento de desahucio acabará secando aún más la concesión de hipotecas, dificultando así el acceso de los jóvenes a una vivienda en propiedad.
Por otro lado, y a pesar de la polémica que ha generado la aprobación de tal normativa por parte de la Junta de Andalucía, Cortés, principal impulsora de la "expropiación temporal" de pisos, ha ido más allá al proponer la posibilidad de crear una banca pública e incluso aplicar una "quita" generalizada sobre la deuda privada, en concreto, sobre las hipotecas. Esta idea no es nueva. A finales de 2012, durante una sesión de control a la Junta en el Parlamento andaluz, Cortés planteó aprobar una "quita" (descuento) sobre todas las hipotecas en España, similar -según ella- a una medida aplicada en EEUU e Islandia. "No sólo a las familias que han perdido o están a punto de perder su vivienda por la falta de empleo, sino a todas, porque no se pueden seguir pagando hipotecas que estafan a las familias con cláusulas abusivas", exigió entonces.
Este miércoles, la consejera recalcó que "en este país se han llevado a cabo 440.000 desahucios ilegales, producto de una estafa hipotecaria, y es absolutamente necesario que haya verdad, justicia y reparación para con esas familias que se han visto en esa situación", dijo la consejera. Por ello, defendió una vez más la necesidad de aplicar una reestructuración sobre la deuda privada. A su juicio, el Congreso de los Diputados, y concretamente el PP, tienen "la oportunidad de oro que le han puesto en bandeja la ciudadanía" para aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre desahucios y que plantea, entre otras cosas, la dación en pago con carácter retroactivo.
Por su parte, el coordinador federal de IU y líder del Grupo Parlamentario la Izquierda Plural, Cayo Lara, manifestó que este decreto "abre las puertas de la esperanza" a muchos ciudadanos y les reconcilia con la política.
Criticó que el Gobierno quiera dar "carpetazo" a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios y seguir con su "hoja de ruta, que no resuelve el problema de la vivienda en España", indicó. "No paraliza todos los desahucios que se están produciendo en la primera vivienda de uso habitual de la gente, no contempla el carácter retroactivo de la dación en pago, no transforma la hipoteca de la vivienda en un alquiler social y finalmente no pone a disposición la cantidad importantísima de viviendas que tiene el Sareb", argumentó.