Miguel Vicente, profesor del Centro Nacional de Biotecnología, sostiene que "en la profundidad de la filosofía liberal se alberga la eliminación progresiva de lo público para aflorar nuevas parcelas donde obtener beneficios económicos privados". Reprocha al Gobierno la reducción del gasto público en investigación, actividad que "debiera contribuir a sacarnos de una economía basada en los servicios y la construcción, en cuyo espejismo hemos pasado los últimos lustros, para introducirnos en el mundo de una economía industrial con proyección al exterior y preparada para los retos económicos del mundo globalizado".
La defensa de la libertad no subyace en "la profundidad" del liberalismo, porque dicha aspiración es patente en todas sus dimensiones, incluidas las superficiales. Así, el liberalismo es enemigo de la coacción política y legislativa, pero no de todo "lo público", como insistentemente se proclama. Suele olvidarse que lo privado no sólo puede ser también público, sino que a menudo lo es de un mejor modo, más barato, justo y amable, que lo llamado público. Lo sabe cualquier que compare El Corte Inglés con una dependencia de la Administración, que, además, no pocas veces se comporta como si fuera en realidad propiedad privada de los políticos, los burócratas, los sindicalistas y otros grupos de presión.
Vinculado con esa separación falaz entre público y privado, otro error del profesor Vicente es identificar lo privado con intereses siniestros, en particular la búsqueda de "beneficios económicos". Esta equivocación estriba en sugerir que en el llamado sector público nadie persigue beneficios económicos, lo que es obviamente falso. La diferencia entre el Estado y el mercado no es que la gente sólo persiga su propio interés en el segundo, sino que en el primero se puede perseguir el interés propio dañando el interés ajeno, cosa que en el mercado es mucho más difícil de hacer, porque hay libertad de comprar o no comprar, mientras que el Estado fuerza a la gente a pagar. De tal forma que la búsqueda de beneficios privados en el mercado no sólo no es mala, como apunta Miguel Vicente, sino que es buena, porque no podrán ser conseguidos sin beneficiar también a las otras partes.
La segunda parte de la afirmación de don Miguel es cuestionable también. No es evidente que el aumento del gasto público en investigación tenga efectos exclusivamente positivos, ni que los servicios o la construcción sean peores que la industria. En cuanto a la proyección exterior y la globalización, pues están muy bien, aunque su plausibilidad no encaja con la condena precedente de los supuestamente siniestros "beneficios económicos privados".