Expropiar es un verbo que gusta mucho en la izquierda, aunque con una importante salvedad: que se aplique a la propiedad ajena, nunca a la propia. Una vez bien sentada esa excepción, ya se puede celebrar el decreto de la Junta de Andalucía como una auténtica medida de izquierdas y una señal de vida. ¡La izquierda no había muerto, sólo estaba de parranda! Acaba de reaparecer, y con poca sobriedad, en veintiséis folios firmados por Elena Cortés y José Antonio Griñán. Pero la clave del aplauso no está en el texto. Mucho menos en su letra pequeña. Es el titular: Expropiación. No iba a ser sólo el difunto Chávez el que ordenara cada tanto: ¡Exprópiese! Por fin, alguien va a expropiar en España. Esto, para la parroquia izquierdista, es un triunfo moral y por completo indiferente a los efectos reales del decreto.
Esa revolución virtual que hace Griñán, este guiño al imaginario de la izquierda serían innecesarios de haber cumplido su antecesor la promesa de dar vivienda a todos los andaluces que ganaran menos de 3.000 euros. Pero vayamos a lo de hoy, que tiene más miga. La expropiación temporal del uso de la vivienda apenas paliará el problema de los desahucios, dadas las condiciones acompañantes, y a cambio golpea a la seguridad jurídica. Es el clásico señuelo. La auténtica bomba del decreto son las multas a los bancos e inmobiliarias que dispongan de viviendas vacías. No se salvan aunque les coloquen el cartelito de "Se alquila". Si no están habitadas, habrá sanción. Sanciones, pues se repetirán. La Junta ha hecho, seguro, las cuentas; las cuentas de la lechera. Pero no ha dedicado un minuto a sopesar las consecuencias.
Las malditas consecuencias imprevistas. "Lo que no se ve", por decirlo como Bastiat. Así, a un promotor inmobiliario que no haya terminado la obra le saldrá ahora más a cuenta dejarla inacabada. Si la concluye, como hay poca demanda, tendrá viviendas deshabitadas y pagará multas. Algún arriesgado empresario del sector que proyectara levantar un edificio preferirá dejarlo para más adelante, cuando Griñán y sus socios abandonen la Junta y se apague el fuego bolivariano. El resultado es que el paleta, el fontanero, el de los muebles de cocina y tantos otros perderán su trabajo o no tendrán la ocasión de tenerlo. Justo eso le falta a Andalucía: más paro. Más paro por culpa del buenismo. Un buenismo, por cierto, como el que inspiraba aquella ley de alquileres del franquismo, que provocó la ruina de tantos edificios hasta el Decreto Boyer. Pero la Junta no se complica la vida con reflexiones sobre efectos a medio plazo. El impuesto revolucionario de Griñán se propone recaudar ya mismo. Hará falta dinero para los ERE.