Si usted tiene una casa y quiere venderla o alquilarla debería saber que le costará al menos 200 euros más a partir del próximo 1 de junio. A cambio, podrá anunciar el grado de eficiencia energética del inmueble que quiera poner en el mercado y el comprador o inquilino tendrán un elemento más de juicio para tomar su decisión. Eso sí, en el caso de que su piso no cumpla con los criterios actuales, puede que el sello le complique a usted la operación.
Desde el año 2007, era obligatorio que todos los edificios de nueva construcción tuvieran su certificado de eficiencia energética. De esta manera, el constructor estaba obligado a realizar un estudio y a informar en cuál de las siete categorías (de la ‘A’ a la ‘G’) estaba el inmueble. A partir de ahora, según el Real Decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, todo aquel que ponga en el mercado su casa, tanto para su venta como para su alquiler tendrá que contratar los servicios de una empresa que realice este certificado. Su labor será parecida a la que hacen los tasadores: visitar la casa, comprobar sus características de acuerdo al proyecto original, asegurarse de posibles cambios (a mejor o a peor) que haya podido sufrir y valorar, con todos estos elementos de juicio, en qué escalón se sitúa cada inmueble.
¿Y el coste? No es fácil saberlo, entre otras cosas porque hasta ahora, al no ser obligatorio, casi no había demanda de estos servicios. La lógica nos dice que habrá una explosión de nuevas empresas que entrarán en un mercado que hasta ahora no existía. Los que ya se dedican al tema apuntan a que, para un piso de tamaño medio de unos 100-120 metros cuadrados, el precio podría estar entre 200 y 300 euros. A partir de ahí, la factura podría dispararse en casos especiales, como casas unifamiliares antiguas.
Ni aprobados ni suspensos
Lo primero que hay que aclarar es que las notas no suponen que una casa "apruebe" o "suspenda". A pesar de lo que parezca viendo el gráfico y comparando las barras verde oscuro (‘A’ y ‘B’) con las rojas (‘F’ y ‘G’), lo cierto es que sacar una u otra calificación no impedirá mantener la casa en venta. La obligación sólo llega a tener el Certificado, 
que tendrá una validez de 10 años, para que el comprador o inquilino tenga más información del inmueble.
Una vez que está claro que habrá que rascarse el bolsillo, la pregunta que se hacen los ciudadanos es si al menos el certificado servirá para algo; es decir, si será un buen indicador de las posibilidades de ahorro del inmueble. En opinión de Luis Erviti, experto de Gómez Certificaciones, empresa con una amplia experiencia en este campo, la diferencia entre una casa con una ‘G’ y una con una ‘A’ "puede superar el 50% de la factura energética", lo que, en el mes a mes, es mucho dinero.
Eso sí, hay que tener en cuenta que la nueva ley no está sola. En realidad, será difícil que una casa construida desde 2007 esté por debajo de la ‘C’. Sólo el cumplimiento de las diferentes normativas en materia de edificación hace casi inevitable mantener una de las tres primeras notas. Es más, en la vivienda protegida construida en la última década será complicado encontrar algún caso que no cumpla con todos los requisitos para tener una ‘A’, ya que la mayoría de los pliegos incluían estrictas condiciones en esta materia.
En otra situación se encuentran los edificios construidos entre 1979 (cuando se aprobó la Norma de Condiciones Térmicas) y 2007. Aunque los requisitos son menores que los exigidos en el último lustro, en principio los inmuebles en esta situación tampoco deberían acabar en los dos últimos tramos de la escala.
Por último, están las casas anteriores a 1979, que no estaban obligadas por ninguna regulación y que, en teoría, deberían tener las peores notas en cuanto a su eficiencia energética. En esto hay que apuntar que un alto porcentaje de estos inmuebles seguramente habrá sufrido obras a lo largo de estos años, unas modificaciones que habrán tenido un impacto importante en su capacidad de ahorro. Por ejemplo, sólo el cambio de la caldera o un aislamiento general podría implicar un ahorro de hasta el 20%. ¿Y esto es mucho o poco? Pues implicaría amortizar el coste de la obra en unos cuatro o cinco años, aunque depende mucho de la magnitud de los cambios.
Quedan un par de cuestiones que cada uno tendrá que responder por su cuenta. La primera es cuánto costarían a los propietarios actuales las reparaciones necesarias para convertir a su vivienda en una flamante ‘A’ en cuanto a eficiencia energética. Los compradores, en un mercado con exceso de oferta, también tendrán en cuenta este factor, lo que generará un incentivo a realizar obras. Y la clave es si este gasto se amortizará en el ahorro de la factura de los siguientes años.
La otra cuestión es cómo de precisos serán los análisis de los tasadores energéticos. En las casas nuevas, puede ser más o menos sencillo, pero en las antiguas, no será fácil saber con exactitud de qué material están hechos los muros, el nivel de aislamiento de suelos o techos o la fidelidad de la realidad a los planes originales. Para hacerlo de forma correcta, no bastará con un mero vistazo, pero un análisis en profundidad dispararía el precio.