La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha anunciado este miércoles en el Congreso que su grupo presentará nuevas enmiendas a la reforma hipotecaria que se está tramitando actualmente en el Parlamento inspiradas en el decreto-ley que acaba de aprobar la Junta de Andalucía.
La citada norma, aprobada el martes, incluye dos medidas destacadas. En primer lugar, incluye una disposición que posibilitará a la Junta expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de inmuebles de bancos e inmobiliarias que estén inmersos en procedimientos de desahucio para evitar los desalojos. Asimismo, la Junta también multará con hasta 9.000 euros a las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no destinen al alquiler sus pisos vacíos en un período máximo de seis meses.
El Gobierno niega esta posibilidad
Desde el Gobierno rechazan, de plano, esta posibilidad, y se justifican en la inseguridad jurídica de una medida que algunos miembros del gabinete tachan de "populista" e "irresponsable". La vicepresidenta, a quién interpelaba Rodríguez, criticó que el PSOE se preocupe ahora por los golpes "mediáticos" pero no por "las políticas sociales", poniendo como ejemplo que no hicieran nada sobre los desahucios cuándo estaban en el poder.
Pero, entrando en la propuesta andaluza, el Ejecutivo deja entrever que la Junta carece de competencias. Así lo sugirió públicamente Alberto Ruiz Gallardón, titular de Justicia, que ya ha ordenado un informe a la Abogacía del Estado. Fuentes gubernamentales aseguran que legislar sobre desahucios es una "cuestión nacional" y, una vez cargados judicialmente de argumentos, se tomarán las acciones oportunas, informa P. Montesinos.