El Gobierno ya tiene listo su Plan integral de vivienda y suelo (PIVS). Lo ha presentado la ministra de Fomento, Ana Pastor, este viernes, tras el Consejo de Ministros. En realidad, bajo este nombre se ocultan un conjunto de medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, impulsar el mercado del alquiler y ayudar al sector de la construcción, quizás el que más está sufriendo en esta crisis.
El PIVS se divide en dos grandes partes: por un lado, está la aprobación de una nueva Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana; por otro lado, el Plan de Viviendas 2013-16 que supondrá un gasto de 2.311 millones de euros, en subvenciones y ayudas.
Además, a esta cifra de inversión directa se suman los 100 millones de la Línea IDAE, un programa de ayudas a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de viviendas y que se sustanciará fundamentalmente en préstamos reembolsables.
El Plan de Viviendas 2013-16 se desarrolla, a su vez, en siete grandes programas: 1. Subsidios a préstamos convenidos; 2. Ayudas al alquiler; 3. Parque público de viviendas; 4. Fomento de la rehabilitación; 5. Fomento de la regeneración urbana; 6. Apoyo a la implantación del nuevo Informe de Evaluación de los Edificios; y 7 Fomento de ciudades sostenibles.
Alquiler
Según las cifras del Gobierno, sólo un 17% de los españoles vive en régimen de alquiler, mientras que en Europa ese porcentaje alcanza el 38%. Por eso, se ha propuesto incentivar esta figura.
Los expertos llevan años reclamando un cambio en la normativa, que otorgue más seguridad jurídica al propietario sobre el inquilino. Sin embargo, Fomento apuesta en el Plan de Vivienda 2013-16 por las ayudas directas a determinados colectivos, en función de las rentas, de si uno vive solo o acompañado y de la edad del que firme el contrato. En este sentido, sigue la línea marcada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que puso en marcha la Renta Básica de Emancipación, con el objetivo de facilitar el camino para que los jóvenes salieran de sus casas, algo que con más de un 50% de paro juvenil no se antoja sencillo.
De esta manera, lo aprobado este viernes impulsará el alquiler, fundamentalmente, de dos formas:
- Programa de ayuda al alquiler: facilitará el acceso "a sectores de población con dificultades económicas". Se podrán beneficiar del mismo los inquilinos con "un límite de ingresos inferior a 3 veces el IPREM". Eso sí, como novedad, esta cifra será "modulable" según el número de personas que vivan en a vivienda (perjudicará a los que vivan solos). El alquiler mensual debe ser igual o inferior a 600 euros, la ayuda llegará a un máximo del 40% de la renta y no superará los 2.400 euros anuales por vivienda. El plazo máximo será de 12 meses, prorrogables. Por último, tendrán preferencia las personas afectadas en los procedimientos de desahucios.
- Programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler: va dirigido a administraciones públicas, fundaciones declaradas de utilidad pública y ONG. Habrá ayudas de hasta "250 euros por m2 útil", con un límite del 30% del coste de la edificación y un máximo de 22.500 euros por vivienda. Se dividen en dos tipos de ayuda: para familias con rentas hasta 1,2 veces el IPREM y con un precio del alquiler inferior a 4,7 euros/mes por metro cuadrado; también para familias con ingresos inferiores a 3 veces el IPREM y un alquiler inferior a 6 euros/mes por metro cuadrado.
Pastor cree que estos dos programas beneficiarán a 133.000 personas, frente a los 80.000 que se acogen a los planes en vigor en este momento.
Rehabilitación
En lo que hace referencia a la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana, hay dos tipos de medidas. Por una parte, Pastor ha presentado el Anteproyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; por otro, cuatro de los programas del Plan 2013-16 se ocupan específicamente de estos conceptos.
Anteproyecto de Ley: esta nueva norma en teoría facilitará las opciones de los propietarios para hacer obras de rehabilitación en sus edificios.
- "No todo aumento de edificabilidad, densidad o cambio de uso ligado a una actuación de rehabilitación se considerará plusvalía".
- Se facilita la realización de obras de accesibilidad (se reducen los requisitos para que en las comunidades de vecinos se aprueben este tipo de actuaciones).
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Se facilita la realización voluntaria de obras para mejorar el aislamiento térmico, incluyendo el cerramiento de terrazas y balcones. Además, para este tipo de obras de aislamiento térmico se podrán ocupar superficies de espacios libres o de dominio público, si técnicamente no existiera otra opción.
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"Se facilita que, a cambio de nueva edificabilidad, mayor densidad o cambios de usos, la iniciativa privada" pueda participar en la conservación de los edificios. Es decir, que a cambio de poner dinero, se permitirá que las empresas puedan aprovecharse y utilizar edificios antiguos para actividades no permitidas hasta ahora.
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Se deroga la ITE y se sustituye por un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) que será obligatorio para edificios con más de 50 años a partir de 2019. Todo apunta a que las nuevas exigencias serán mayores, por lo que numerosas comunidades de propietarios tendrán que realizar obras para adaptarse a sus requerimientos.
- Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria: para inmuebles anteriores a 1981. Las comunidades de propietarios podrán obtener hasta 4.000 euros por vivienda para conservación, hasta 2.000 euros para mejora de la eficiencia energética (5.000 si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio) y hasta 4.000euros para mejora de accesibilidad. El límite será de 11.000 euros de máximo por vivienda.
- Programa de fomento de la regeneración urbana: los beneficiarios serán autonomías y ayuntamientos o comunidades de propietarios, pero siempre que afecten a un mínimo de 100 viviendas. El máximo de la ayuda llegará a un 35% del presupuesto con un tope de 11.000 euros por vivienda rehabilitada, 30.000 euros por vivienda construida en sustitución de otra demolida y 2.000 euros por vivienda para la obra de urbanización.
- Programa de apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE): consiste en una subvención que cubra hasta el 50% de los gastos "de los honorarios profesionales" derivados de la emisión de este informe, siempre que se realice antes de 2016.
- Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas: se financiarán "proyectos de especial trascendencia", entre los que se citan "mejora de barrios, centros y Cascos históricos, sustitución de infraviviendas, eco-barrios y zonas turísticas". No podrán superar el 40% del presupuesto, con un tope de 11.000 euros por vivienda rehabilitada, 30.000 euros vivienda construida en sustitución de otra demolida y hasta 2.000 € por vivienda para la obra de urbanización.
Los cálculos de Fomento
Según los cálculos del Ministerio, la puesta en marcha del nuevo plan generará 32.000 empleos gracias a las ayudas directas, lo que unido al efecto multiplicador elevará la creación de trabajo hasta los 105.000 empleos. De hecho, Fomento cree que por cada millón de euros invertidos en rehabilitación se generan 56 puestos de trabajo directos y por cada 1.000 euros de ayuda directa se genera una inversión de 3.300 euros.
El problema es que estas cifras no tienen en cuenta los empleos perdidos en otros sectores por la reducción en 2.311 millones el poder adquisitivo de los contribuyentes, que podrían haberse gastado su dinero en otras productos que quizás valorasen más. En realidad, cabe preguntarse, si es tan fácil que con una inversión de 2.300 millones se generen 105.000 empleos, ¿por qué no invertir 4.600 millones y de esta forma crear 210.000 puestos de trabajo? De hecho, cuando se aprobó el Plan E (un programa parecido para obras públicas) ya se hicieron cálculos parecidos, pero luego la realidad desmintió todas las cifras.
En lo que hace referencia sólo a la rehabilitación, Fomento justifica el plan porque podría haber hasta 2.000.000 millones de viviendas en mal estado de conservación y 10,7 millones de edificios de cuatro plantas o más sin ascensor ni salva escaleras. El 60% de las viviendas se construyeron sin ninguna normativa energética, aunque el 17% de toda la energía del país se genera en los hogares. De acuerdo a una encuesta del CIS, el 38% de los españoles no está satisfecho con el aislamiento contra el calor y el frío.