El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2013-2016, dotado con un total de 2.400 millones de euros, con el objetivo de impulsar el alquiler y la rehabilitación de inmuebles. El hecho de que el Gobierno destine una cuantía de tales dimensiones a una política perfectamente prescindible en medio de una grave crisis económica y fiscal como la actual ya es de por sí criticable, pero que lo haga, además, alegando que dicha inyección de dinero público servirá para impulsar el sector de la construcción, creando cerca de 105.000 empleos directos, resulta, simplemente, escandaloso.
El citado Plan incluye, por un lado, la concesión de ayudas directas de unos 200 euros al mes a los inquilinos con ingresos inferiores a 1.500 euros y rentas de alquiler de hasta 600 euros mensuales. De este modo, se pretende que el número de beneficiarios por ayudas públicas al alquiler pase de los 87.000 actuales a cerca de 133.000 al año. Asimismo, se impulsará la creación de un parque público de vivienda protegida en alquiler, y se subvencionará de forma directa (ayudas) o indirecta (créditos blandos) la rehabilitación de viviendas y edificios. Y todo ello con la finalidad última de crear empleo en el sector de la construcción.
En esencia, se trata de un paquete de estímulo muy similar al que en su día aprobó el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero bajo el conocido título de Plan E. Por entonces, el PSOE vendió la necesidad de inyectar unos 13.000 millones de euros en la construcción de obra pública para tratar de paliar los devastadores efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ya que el citado plan serviría para crear decenas de miles de puestos de trabajo -alegaba-. El PP ha rescatado ahora esa filosofía con la excusa de fomentar el alquiler y la rehabilitación de inmuebles, si bien la cuantía destinada al derroche es, por suerte, muy inferior a la del citado Plan E, debido a las estrecheces presupuestarias a las que, en teoría, está sometido actualmente el Gobierno.
Sin embargo, la realidad de este nuevo proyecto impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aunque difiere en algunos aspectos del Plan E, tales como el volumen de gasto o la materia objeto de subvención (rehabilitación frente a obra pública, respectivamente), sufre de los mismos defectos y engaños que su predecesor. Así, la nueva lluvia de dinero público para reformar edificios y viviendas no sólo no logrará crear los empleos prometidos sino que el aumento del gasto público y, por tanto, la mayor carga de impuestos, se traducirá de una u otra forma en la destrucción de puestos de trabajo rentables y sostenibles en el resto de la economía española.
De igual modo, si el Gobierno realmente quisiera fomentar el mercado del alquiler, en ningún caso debería subvencionar al inquilino sino, muy al contrario, garantizar de forma efectiva los derechos de propiedad de los titulares de vivienda, tal y como sucede en otros países con una amplia cultura del alquiler, tales como EEUU o Reino Unido. La escasez de pisos en alquiler deriva de la casi nula protección jurídica que ostenta el propietario en caso de impago o desperfectos por parte del inquilino. La receta a aplicar es, por tanto, justo la contraria a la ideada por el Gobierno. Un marco de incentivos fiscales y plenas garantías de propiedad lograrían dinamizar de forma muy sustancial el alquiler en España. El Ejecutivo, sin embargo, ha preferido mantener la estrategia de despilfarro y subvención propia de legislaturas precedentes.