Las centrales sindicales están en el punto de mira. Por un lado, se acumulan las noticias sobre la participación de dirigentes de UGT en el caso de los ERE y sobre los posibles beneficios que tanto esta organización como CCOO (y algunas de sus filiales) habrían obtenido de la trama. Por otro, este viernes elEconomista publica un detallado informe de cómo los sindicatos mayoritarios se aprovechan de su posición para cobrar en las tramitaciones de los expedientes de regulación de empleo y a través de la Fundación Tripartita, en los cursillos de formación, tanto para parados como para ocupados.
Para intentar aclarar un poco todas estas cuestiones, José Luis Fernández, secretario de Comunicación de la Unión Sindical Obrera (USO), ha hablado este viernes para esNoticia.
En lo que respecta al cobro por parte determinados sindicatos de cantidades por la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo, Fernández explica: "Nosotros no nos hemos beneficiado de ninguna de estas cantidades, desde la USO, por gestionar un ERE. Hay que distinguir dos supuestos, los que están asociados al sindicato y los que no. En el primer caso, no se les cobra nada, porque es un servicio incluido en la cuota sindical. En el segundo supuesto, si tienen que intervenir los servicios jurídicos del sindicato, entonces cobran en función de los emolumentos establecidos en el Colegio de Abogados. Pero eso en el supuesto de que tengan que intervenir, en un juicio, una negociación, etc..."
Sin embargo, admite que quizás no todos hagan los mismo: "En USO creemos que en el ERE lo que hay que negociar son las mejores condiciones para la salida de la empresa. Aprovecharse de la necesidad de la gente para conseguir un lucro no debería ser una práctica habitual. Nosotros no lo hacemos. Nuestro servicio de asesoramiento es gratuito. En realidad, lo que hacemos es aprovechar estas circunstancias para informar de que existen otras formas de hacer sindicalismo, diferente de las que normalmente se conocen. Pensar que los sindicatos nos financiamos con la desgracia de la gente es una barbaridad".
El problema es que las noticias sobre las prácticas de UGT y CCOO se suceden: "Eso deberían responderlo ellos. Cuando el río suena, agua lleva. Sí nos consta, que en algún caso en el que hemos coincidido negociando algún ERE, hemos tenido alguna pequeña disputa sindical porque nosotros hemos dejado claro que no cobrábamos a la gente y ellos han planteado una minuta o cobro generalizado y nosotros hemos dicho: 'Estos son afiliados a USO y no se les cobra un duro'. Porque a veces se tiende a universalizar este tipo de cuestiones. Se tiende a pensar que en un ERE hay que cobrar una cantidad que en muchos casos es un porcentaje de la indemnización que recibe el trabajador; normalmente un porcentaje de lo que se cobra por encima de la cantidad legal que se tiene que percibir [20 días por año trabajado]. Nosotros lo que decimos es que en cualquier caso lo que hay que hacer es informar a la gente, para que pueda decidir libremente, con quién quiere negociar el ERE, quién quiere que les asesore y les gestione su situación. En una empresa en la que yo he negociado personalmente, los trabajadores decidieron en asamblea mayoritariamente que fuéramos nosotros los que les asesoráramos".
Por supuesto, esto no es óbice para que si los servicios jurídicos de los sindicatos intervienen, puedan cobrar por su labor: "Otra cuestión distinta es que los abogados de los sindicatos tengan que intervenir en el proceso y se les tenga que pagar una remuneración. Y la gente tiene que entender que no puede ser lo mismo una persona afiliada a un sindicato que otra que no lo está. No se pueden beneficiar de los mismos servicios y si hay unos gastos tendrán que cubrirlos [los no afiliados], pero muchos ERE se resuelven con acuerdo y entonces no habría que hacer nada más que el tiempo que dedica a resolver esta situación".
Además de toda esta cuestión del cobro en la tramitación de los expedientes, los sindicatos mayoritarios también están cuestionados por su papel en el caso de los ERE, en el que la juez Alaya investiga la existencia de una trama que desviaba dinero público para aprovechamiento de grupos cercanos a la Junta de Andalucía. En esta cuestión, Fernández es muy claro: "Lo de Andalucía es un auténtico escándalo. Ahí sí que nos consta. Nosotros ya lo denunciamos. Incluso en algún ERE de alguna empresa en el que participamos con UGT y CCOO ya en su momento denunciamos irregularidades en su tramitación, no sólo en cuanto al cobro por su intervención en el proceso, sino también con cosas como que se introducían personas que no estaban en activo en esa empresa para buscarles una prejubilación. También planteamos en su día con qué criterios se contactaba con las aseguradoras. Lo que había era un ordeno y mando y se les daba a los amigos. Hay mucha gente que se ha beneficiado. No puede ser que con el dinero de los contribuyentes haya habido personas que se han lucrado. Eran fondos que estaban para generar empleo y han servido para generar pingües beneficios a mucha gente. Nos gustaría que aquél que se lo haya llevado crudo lo devuelva. Pero yo no quiero condenar a la UGT como institución, más allá de que algunas de sus personas han hecho un flaco favor al movimiento sindical".