El caso de los ERE andaluces ha puesto de manifiesto el rol sindical en los expedientes de regulación de empleo. Los sindicatos cobran, de media, 250 euros al trabajador por asesorarle, aunque el despedido no lo autorice. Según datos del INE, en el año 2011 hubo 373.380 personas que sufrieron un proceso de regulación de este tipo.
Los sindicatos tenían derecho a cobrar por "asesoría jurídica y técnica" de media, 250 euros por trabajador, que les descontaban de la indemnización que finalmente estos recibían, diesen su consentimiento o no. Esa cantidad, multiplicada por los casi 380.000 procesos que se materializaron en 2011, arroja unas ganancias de 93 millones de euros para las arcas de los sindicatos según publica El Economista. Con la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012 la negociación de este tipo de expedientes se ha flexibilizado, pero hasta este momento el proceso por el cual se llegaba a un acuerdo entre el empresario y el trabajador se convertía en un arduo proceso entre la empresa y el sindicato, considerado representante legítimo del trabajador.
Sin embargo, estos 93 millones son una estimación a la baja ya que, según El Economista, el coste por trabajador de esta asesoría podría ascender hasta los 400 euros. El crecimiento exponencial que ha experimentado esta forma de despedir desde que comenzara la crisis ha provocado que el precio de este 'servicio' varíe.
Las centrales sindicales acaban cobrando mediante descuentos sobre las indemnizaciones que perciben finalmente los trabajadores (siempre que superen los 20 días por año trabajador), independientemente de dónde proceda la compensación. Es decir, cuando la indemnización viene de las arcas del Estado (Fogasa), los sindicatos también obtienen su rédito.