Las pensiones públicas están en peligro. No por ser pensiones, sino por ser públicas. Nada hay en las economías capitalistas que impida abonar rentas de jubilación crecientes en el tiempo; de hecho, lo lógico en un sistema económico que cada vez acumula más capital debería ser que las personas pudieran abandonar antes su vida laboral y percibir remuneraciones cada vez mayores; es decir, uno esperaría que, conforme nos enriqueciéramos, pudiéramos jubilarnos antes y en mejores términos.
Mas nada de esto sucede en nuestros piramidales y estatales sistemas de previsión social. Nuestros monopolizados sistemas de Seguridad Social se asientan sobre el madoffiano principio de que el sustento de los pensionistas actuales se ha de pagar no con las rentas que se derivan del patrimonio acumulado por esos pensionistas durante su vida laboral, sino con la exacción de los obreros actuales (quienes, a su vez, devengarán un muy solidario derecho de saqueo contra los trabajadores futuros). Problema: conforme la pirámide demográfica se invierte, el botín extraíble de los empleados se reduce, al tiempo que se incrementa el número de beneficiarios que esperan vivir de ese botín. El resultado de semejantes tendencias demográficas no puede ser más palpable: lejos de jubilarnos cada vez más pronto y con una pensión cada vez mayor, lo hacemos cada vez más tarde y con una renta más reducida. El colmo de la solidaridad intergeneracional.
En este sentido, un gobierno socialista que, como el de Zapatero o el de Rajoy, aspire a conservar intacto el fraudulento sistema de pensiones actual sólo puede recorrer un camino: el de continuar rebajando las pensiones. A tal situación nos conduce mantener este muy antisocial sistema público frente a la muy superior alternativa de la capitalización privada.
Así, la reciente reforma del PP sólo supone dar una nueva vuelta de tuerca a este pauperizador programa estatal. A medio plazo, los españoles sólo podrán jubilarse a los 63 años en caso de haber cotizado un mínimo de 35 y aceptando una quita sobre su pensión mensual del 33%. O, dicho de otro modo, si queremos seguir jubilándonos a los 65 años –tal como se había prometido hasta la fecha– habrá que aceptar un recorte de la pensión mensual del 15%. Y eso, asumiendo que las condiciones actuales se mantengan: una muy arriesgada hipótesis si se atiende a los hechos de las últimas tres décadas. Esperen nuevas rebajas en el futuro.
Por ejemplo, un trabajador que perciba un salario de 2.000 euros mensuales (en 12 pagas) como media a lo largo de su vida laboral (en realidad, durante los últimos 25 años de vida laboral, mientras haya trabajado más de 38 años) cobrará a los 67 una pensión de 2.000 euros al mes (en 12 pagas). Si, en cambio, desea jubilase a los 63, la pensión mensual caerá a los 1.350 euros.
Comparemos este resultado con el que se obtendría en un sistema privado de capitalización. Un trabajador con un sueldo mensual de 2.000 euros estará cotizando a la Seguridad Social (exclusivamente para el pago futuro de pensiones) unos 7.200 euros anuales. Los mercados bursátiles mundiales han proporcionado entre 1900 y 2010 una rentabilidad media real (descontada inflación) del 5,4% (y si aprende a invertir con eficacia, este porcentaje puede hasta triplicarse). Capitalizando esta cotización a esta rentabilidad media durante 38 años, resulta que este trabajador habría acumulado un patrimonio de 900.000 euros y percibiría una pensión mensual de unos 3.000 euros. Es decir, este trabajador no sólo cobraría un 50% más que en el sistema estatal, sino que contaría con un patrimonio financiero de casi un millón de euros (que podría legar a sus herederos o a su cónyuge).
¿Les parecen unas cifras de otro mundo? Pues no lo son. El actual sistema privado de pensiones de Chile ya ofrece rentas esperadas de jubilación equivalentes a unos 3.000 euros mensuales para aquellos que se cobren un salario mensual de 2.000 euros; y si uno opta por jubilarse a los 63, la pensión esperada no es de 1.350 euros –como en la popular España– sino de 2.300 (un 70% más). No es Alicia en el País de las Maravillas, sino el poderosísimo sistema privado de capitalización, del que nuestros muy socialistas politicastros nos impidieron y nos siguen impidiendo disfrutar en España.
Por si lo anterior fuera poco, aparte de disfrutar de una pensión media muy superior o de un cuantioso patrimonio personal inexistente en el sistema estatal, las pensiones privadas tienen tres virtudes adicionales que las vuelven preferibles: contribuyen a capitalizar la economía y a generar todavía más riqueza, extraen las pensiones de las manazas de nuestros gobernantes y, sobre todo, son sostenibles. Ahí es nada.