"Lo importante no es ganar, sino participar". La frase del barón francés Pierre de Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos modernos, es posiblemente el lema más conocido de la historia del deporte mundial. No sabemos lo que piensan al respecto sus sucesores en el Comité Olímpico Internacional (COI), pero en lo que hace referencia a las cuestiones económicas, la máxima autoridad del olimpismo participa y gana. Y mucho.
De acuerdo a sus propias cuentas, el próximo ciclo olímpico generará unos 8.000 millones de dólares para el COI. No está mal para una organización sin ánimo de lucro fundada por un grupo de aristócratas de una docena de países hace algo más de un siglo.
El COI es una organización de derecho privado que tiene su sede en la ciudad suiza de Lausana. De ella dependen los comités olímpicos nacionales, que son los que promueven la candidatura de las ciudades para albergar los juegos y los únicos con capacidad para enviar atletas a los mismos.
La teoría dice que el COI, como organismo independiente, puede elegir la ciudad candidata más cercana a sus intereses. Del mismo modo, cobra a los patrocinadores por asociar su imagen a los juegos y a los espectadores por las entradas. A cambio, como cualquier otra organización, debería pagar por el uso de las instalaciones.
Si todo se ciñese a este esquema, no habría nada más que decir: una entidad organiza unos Juegos y los atletas que quieren acudir a los mismos tienen que cumplir sus reglas. El problema es que este evento ha crecido hasta convertirse en uno de los acontecimientos más seguidos a nivel global. Y los gobiernos se han entremezclado hasta hacer difícilmente distinguible gastos, ingresos e intereses privados y públicos. Pero el dinero sigue llegando. Y el COI lo administra en nombre del "espíritu olímpico".
Las cifras
El COI siempre ha recibido acusaciones de opacidad en el manejo de los fondos, aunque tras los escándalos que rodearon el movimiento olímpico en los noventa, ha ampliado la información a disposición del público. Quien quiera informarse con detalle de las cuentas del organismo, puede hacerlo a través de los informes financieros que publica cada cuatro años o en la guía Olympic Marketing Fact File que tiene subida en su web.
En estos documentos, puede verse las cinco grandes vías de financiación del COI: derechos televisivos, programa de patrocinio TOP, patrocinios a nivel local, venta de entradas y licencias. En el período de 2005-2008 (último ciclo olímpico con las cuentas completas) sus ingresos por estos conceptos alcanzaron los 5.450 millones de dólares. Y las previsiones apuntan a que entre 2009 y 2012 esta cifra pudo haber alcanzado los 8.000 millones (unos 6.175 millones de euros). El desglose sería de un 50% aproximadamente en derechos televisivos (unos 4.000 millones), unos 1.000 millones en patrocinios de las grandes marcas, y unos 3.000 millones que se generaron a nivel local (2.100 millones en Londres2012 y 900 en Vancouver2010), entre los sponsors nacionales, la venta de entradas y el merchandising.
De acuerdo a las cifras del COI, el 90% de este dinero se destina a financiar el deporte a lo largo del mundo (los comités olímpicos internacionales, las federaciones deportivas y actos de promoción del deporte). Si esto es así, quedarían unos 800 millones en un período cuatrienal. Son 200 millones de dólares al año para los chicos de Jacques Rogge.
Hay que decir que en teoría los 115 miembros regulares del COI no tienen un salario asociado al cargo. Sin embargo, esta ausencia de sueldo ha provocado, precisamente, alguno de sus mayores escándalos. Las ciudades organizadoras agasajan y tratan a cuerpo de rey a los representantes del organismo que acuden a visitarlas. Y esto se traduce en regalos que en ocasiones cruzan las líneas rojas, como ocurrió con los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, cuando hasta 20 miembros del COI se vieron obligados a dimitir por haber aceptado obsequios "inapropiados".
Los compromisos públicos
El tema más espinoso en lo que hace referencia a la organización de unos Juegos Olímpicos siempre tiene que ver con el tamaño y la forma de la participación pública. Como decíamos antes, en teoría el COI es un organismo privado, por lo que su decisión de llevar los JJOO a una u otra ciudad y de cómo distribuir los ingresos que capta no debería generar más polémica. El problema está en que la magnitud del evento es tal que al final la factura acaba siendo abonada, de una u otra forma por los contribuyentes.
Como explicamos ayer, los países que aspiran a convertirse en sede se comprometen por escrito ante al COI a realizar una serie de gastos en infraestructuras, seguridad o sanidad. Y no sólo eso, en lo que tiene que ver con los gastos del Comité Organizador, los gobiernos avalan cualquier tipo de pérdida en la que pueda incurrir.
Pero además, la labor de respaldo de los poderes públicos no acaba ahí. Los países suelen garantizar todo tipo de ventajas para que el COI pueda sacar el máximo provecho a la organización de los JJOO. Por ejemplo, en el dossier oficial de la candidatura madrileña se especifica claramente que "el Gobierno español promoverá las disposiciones y medidas necesarias a los efectos de establecer una exención [de impuestos] sobre las cantidades recibidas por el COI".
Y no sólo eso. Los poderes públicos españoles se comprometen por escrito con el COI (ver tabla 3.1 del Dossier) a muchas otras obligaciones:
- Garantizar que no habrá otro evento similar durante las mismas fechas
- Proteger todas las marcas olímpicas
- Eliminar todo tipo de tasas e impuestos a bienes necesarios para los JJOO o personas que trabajen en los mismos
- Asumir el posible déficit del Comité Organizador
- Prestación, sin coste, de los servicios necesarios de seguridad y sanidad
- Legislación para evitar el ambush marketing (es decir, que las marcas competidoras de los patrocinadores de los JJOO no puedan anunciarse y así se aprovechen de los sponsors que pagan al COI)
- Control de la publicidad exterior, en el transporte público y en los aeropuertos
- Financiar las obras de las sedes de competición y entrenamiento
- Poner a disposición del comité organizador las instalaciones libres de derechos comerciales
- Mejoras en la capacidad de las infraestructuras de transporte
- ....
Los atletas
Lo más curioso del caso es que todo este negocio se realiza en un evento que defendió durante décadas el amateurismo de los competidores y que sigue sin pagar ni un euro a los deportistas por su participación. Aunque ya quedan lejanos aquellos tiempos en los que las figuras de la NBA, por ejemplo, no participaban en los JJOO por su profesionalismo, lo cierto es que se sigue manteniendo en cierto sentido la ficción de que los deportistas compiten por la gloria y no por el vil metal.
De hecho, en Londres2012 hubo varios casos de atletas apercibidos por nombrar o mencionar a sus sponsor particulares durante la celebración de los Juegos, algo que está terminantemente prohibido, entre otras cosas para no molestar a las once grandes marcas que conforman el Olympic Top Partnertship: Coca-Cola, Acer, Atos, Dow, General Electrics, McDonald’s, Omega, Panasonic, Procter&Gamble, Samsung y VISA.
En la capital británica, el caso más sonado fue el de la doble campeona olímpica de 400 metros y 4x400 metros, la estadounidense Sanya Richards-Ross, cuando lideró una campaña en twitter para que el COI permita a los atletas citar a sus marcas personales precisamente en el momento de mayor atención mediática.
Quizás haya quien diga que lo que ganan en visibilidad los deportistas gracias a los JJOO les compensa por no recibir nada ni por la participación ni por su clasificación final. Pero ni todos son Usain Bolt, ni todos ganan medallas, algo que suele estar pagado por los respectivos comités nacionales. España, por ejemplo, pagó a sus representantes 94.000 euros por cada oro, 48.000 por la plata y 30.000 por el bronce. Pero este dinero venía del COE. La organización de los JJOO o el COI no pagan nada a los deportistas. Y la mayoría de ellos, los verdaderos protagonistas de la fiesta, se van a casa de vacío.