Pese a sólo representar el 0,2% del PIB comunitario, el no-rescate europeo de esta pequeña isla mediterránea se ha convertido en todo un terremoto para la zona del euro, básicamente porque se ha cruzado la gran línea roja que nadie se atrevía a traspasar: los depositantes de bancos quebrados van a perder una pequeña parte (entre el 7% y el 10%) de su capital. Tras informar sobre los términos del no-rescate, han sido muchos los que lo han tildado de robo y expolio la maniobra de la Troika, como si, de nuevo, se pretendiera rescatar a los bancos franceses y alemanes a costa de los ahorros de los chipriotas.
En realidad, el recurrente discurso antirrescates bancarios que tanto hemos escuchado para el caso español (y que tiene su parte de verdad) no es ni mucho menos aplicable para el caso de Chipre. La inmensa mayoría de acreedores de la banca chipriota son (aparte del BCE que tiene preferencia de cobro sobre todos) los depositantes chipriotas y, en menor medida, depositantes rusos. Esos depósitos, alrededor de 90.000 millones de euros (el 500% del PIB de Chipre), se destinaron en una parte importante a comprar deuda griega, que tras las quitas del año pasado le han originado a la banca un enorme agujero de 10.000 millones de euros (el 60% del PIB de Chipre).
¿De dónde debe salir ese dinero para evitar que la banca quiebre y que sus acreedores (en esencia, depositantes) no cobren casi nada? Parece claro que el Estado chipriota no tiene capacidad para endeudarse, de golpe, en un 60% de su PIB, de manera que a priori sólo existen dos opciones: o paga Europa o pagan los acreedores de la banca. Yo, que jamás he defendido la socialización de las pérdidas, obviamente soy favorable a que paguen los acreedores de los bancos de Chipre. Digamos que no me parece demasiado razonable que el parado de Soria rescate con sus impuestos los pufos del oligarca ruso con depósitos en la isla (no olvidemos que nuestro país aporta 1.700 millones de euros a esta operación y podría haber tenido que aportar muchos más).
En esencia, esa es la vía novedosa que ha seguido la Troika y que tantas incertidumbres abre ahora mismo: para inyectar 6.000 de los 10.000 millones que necesita la banca de Chipre, sus depositantes sufrirán una quita del 6,75% por sus 100.000 primeros euros y una del 10% por lo que sobrepase esos 100.000; a cambio, recibirán acciones de nueva emisión de ese banco, de modo que la entidad quebrada se recapitalizará sin meter un solo euro adicional del contribuyente chipriota o europeo (es lo que se conoce como un bail-in: trueque de parte de tus créditos contra el banco por acciones del banco).
Evidentemente, si no hay sorpresas cuando se publiquen los términos definitivos del acuerdo, los actuales accionistas y bonistas habrán perdido con anterioridad todo su capital: si se efectúa una quita sobre los depositantes no es para rescatar a ningún banco extranjero, sino para evitar la liquidación desordenada de la banca chipriota que a buen seguro acarrearía pérdidas muy superiores a ese 10%.
¿Había alternativas que no pasaran por la socialización comunitaria de pérdidas ni por la quita a los depositantes? Sólo una: que Chipre saliera del euro, se pusiera a imprimir a lo loco y recapitalizara con esas sumas a sus bancos. El problema es que la inflación resultante de tal aventura equivaldría nuevamente a una quita de poder adquisitivo muy superior al 10%.
¿Significa lo anterior que la Troika no ha cometido ningún error en su no-rescate de Chipre? Hay varios, pero a mi entender el más gordo, con diferencia, es que la quita de los depósitos debería haberse restringido a las sumas por encima de 100.000 euros. Los depósitos por debajo de esa cuantía están asegurados por el Estado y gozan de un orden de prelación preferente.
No hay ningún motivo ni económico ni jurídico para cargar las tintas sobre el pequeño depositante: los depósitos por encima de 100.000 euros suman 38.000 millones de euros, de modo que si en lugar de aplicarles (como sucede ahora) una quita del 10% se les impusiera una del 15%, se inyectaría el mismo capital en la banca sin afectar al pequeño depositante (de hecho, para eximir totalmente al contribuyente europeo y español de cualquier socialización de pérdidas, la quita debería ser del 25%, porcentaje mucho más cercano al que deseaba Alemania). Es imprescindible que la Troika dé marcha atrás en este punto: si no lo hace, su acertado plan de no-rescate y no socialización de pérdidas de la banca se convertirá en una chapuza absoluta con todos los visos de fracasar y de no ser entendida por casi nadie.
Lo más relevante, con todo, es que el telón de la infinita socialización de pérdidas ha caído en Europa. A partir de mañana, no habrá ninguna seguridad de que los depósitos por encima de 100.000 euros vayan a estar cubiertos por los Estados. Cuantitativamente nada cambia en Europa (las pérdidas de todos los depositantes de Chipre son inferiores a las de los tenedores de preferentes de Bankia), cualitativamente casi todo: a los Estados les costará mucho volver a crear la ilusión de que son un ente omnipotente capaz de rescatar todo agujero financiero público o privado con dinero caído del cielo. A largo plazo, las consecuencias de este cambio serán forzosamente positivas: los ahorradores comenzarán a preocuparse mucho más por el banco donde meten su capital.
A corto, sin embargo, son impredecibles, pues se ha roto un tabú que jamás debería haber existido y es el tabú sobre el que en gran parte se asienta nuestro sistema financiero de papel.