"Los cambios en las políticas referidas al mercado laboral son enormemente polémicos: algunas personas pueden ver que su situación empeora claramente en el corto plazo, incluso si mucha otra gente consigue beneficiarse. Recortar los subsidios de paro, incrementar la edad de retiro, recortar el salario mínimo o reducir las indemnizaciones por despido, por ejemplo, claramente van en contra de los intereses cortoplacistas de los trabajadores y de los actuales desempleados; empobrecen a gente que ya está en la parte baja de la distribución de ingresos. [Por eso], cambios políticos inteligentes que reúnan una combinación de elementos deberían ser capaces de compensar a aquellos que sufran las pérdidas".
Con este párrafo, resumen los expertos de CESifo el gran reto al que se enfrentan los políticos europeos para los próximos años. Cambiar las reglas de un mercado laboral que, cada vez más, es una losa para la productividad del Viejo Continente, sin que sus trabajadores sientan que son los grandes perdedores de una crisis que amenaza con terminar con algunas de las certidumbres en las que muchos de ellos crecieron.
Cada año, EEAG, el grupo asesor de CESifo (iniciativa conjunta del Instituto Ifo y el Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Múnich), realiza uno de los informes más esperados sobre la coyuntura económica europea, tanto por la profundidad de su análisis como por el prestigio de sus autores. En España, desde hace más de una década, lo publica la Fundación BBVA, que este miércoles presentó la edición de 2013.
Precisamente, en este último número se hace un especial hincapié en la situación del mercado laboral a nivel europeo. En un extenso y detallado capítulo, los autores analizan cuáles son los motivos que han llevado a los países de la UE a presentar una tasa de desempleo por encima de la de sus competidores en América y Asia, o por qué algunos de los socios comunitarios tienen índices de paro que rondan el 5% mientras otros superan el 25%. ¿Sus conclusiones? Son necesarios cambios que permitan ganar competitividad a las empresas del Viejo Continente frente a sus rivales.
Y si esto es así en general, en el caso de España es perentorio. Un país desarrollado no puede permitirse una tasa de paro del 26%. Leyendo el informe, casi es posible entresacar un decálogo de errores que legisladores y agentes sociales llevan repitiendo año tras año desde hace décadas. No hay nada nuevo. Los expertos han alertado de esta situación en reiteradas ocasiones. El problema no es de diagnóstico, sino de voluntad política, de inercias y de intereses establecidos. Ni siquiera con seis millones de parados se ha podido aprobar una reforma laboral integral.
El reto
En realidad, España se enfrenta al mismo reto que el resto de los países del mundo: ser cada día más productivo. Esto significa producir bienes y servicios que los demás quieran comprar, bien por su calidad o por su precio. En el mercado laboral esto se traduce en:
- Lograr unos costes asociados a la productividad: esto no quiere decir salarios altos o bajos, sino acordes a la capacidad real de cada trabajador.
- Flexibilidad para aprovechar las oportunidades y escapar de los errores: cuando se habla de flexibilidad, siempre se piensa en despidos baratos, aunque éste es sólo un aspecto de la cuestión. Las empresas deberían tener la capacidad de ajustar su producción a sus necesidades. Y sí, esto puede suponer despidos o recortes de sueldos cuando vienen mal dadas para garantizar su supervivencia; pero también cambiar horarios, formas de organización o su estructura interna cuando surge una oportunidad.
- Mejor capital humano: en esto hay acuerdo, la mejor forma de ser competitivos es tener unos trabajadores capaces de hacer más que los de los rivales. A nivel de país, esto se logra con formación (de entrada y a lo largo de la vida laboral), consiguiendo que las estancias en el paro sean pocas y de poca duración (no hay nada más destructivo para el capital humano que el desempleo) y generando incentivos para que los trabajadores mejoren a lo largo de su vida laboral.
El problema es que España no cumple con casi ninguno de estos requisitos. Por eso, de la lectura del interesante análisis del CESifo, se pueden sacar hasta diez aspectos en los que es necesaria una reforma en profundidad. Algunos otros países europeos están peor, incluso, en algunos de ellos, pero ningún otro presenta el desolador panorama general del mercado laboral hispano:
- Fijos y temporales: "el mercado laboral español es un caso extremo de dualidad, con una división enormemente pronunciada entre insiders y outsiders. Las pérdidas de empleo desde la crisis financiera han afectado principalmente a los trabajadores temporales, cuyo número ha caído en un 30% desde el comienzo de la crisis". Es decir, que el mercado laboral español protege mucho al fijo, pero deja a la intemperie al resto. Y al fijo le protege mientras la empresa sigue en pie o no le despiden, cuando eso ocurre, también él, que tan seguro se sentía, pasa a engrosar la lista de los desheredados. Por eso, los autores piden avanzar hacia una "simplificación" de las formas de contratación (contrato único o unas pocas modalidades).
- El coste de la dualidad: "al desregular el empleo temporal sin cambiar la legislación para los trabajadores fijos, el impacto de la crisis en el empleo ha sido fuerte y concentrado en los jóvenes". Normalmente, la dualidad se analiza por el impacto que tiene en la tasa de paro actual, pero sus consecuencias van mucho más allá, especialmente en lo que hace referencia a la competitividad de un país. Por un lado, los trabajadores temporales tienen muy pocas opciones de mejorar su productividad de forma significativa: ni ellos se esforzarán por un empleo que saben con fecha fin, ni la empresa gastará dinero en formación para alguien que seguramente se irá en unos meses. Y al mismo tiempo, para los fijos, supone un freno en su carrera. Al cambiar de trabajo o plantearse mejoras en el actual, los derechos adquiridos serán parte importante de la decisión, con lo que eso supone de rigidez y pérdida de oportunidades para el mercado laboral en conjunto.
- Inseguridad jurídica: "Uno de los aspectos más costosos de las normas sobre despido en España y que, desde el punto de vista de las empresas, reducen enormemente su capacidad y posibilidad de ajustar el empleo cuando se enfrentan a shocks de demanda es el uso de los tribunales para adjudicar las indemnizaciones por despido. Los procedimientos judiciales son normalmente muy caros, de larga y variable duración, y a menudo resultan en grandes multas sobre las compañías. Hay buenos argumentos para sacar las disputas laborales de los tribunales y establecer un sistema separado de tribunales y árbitros que puedan resolver estas cuestiones rápidamente".
- Negociación colectiva: "España tiene un sistema, particularmente rígido, de extensión automática de los salarios acordados para todas las firmas de la industria. Las compañías no son libres de pagar salarios por debajo de lo estipulado en convenios colectivos o de emplear menos horas a sus trabajadores. [Ha habido] ciertas reformas en esta área. Ahora se permite a las empresas en dificultades descolgarse de su convenio colectivo, pero sólo por un período de tres años". Por todo eso, el ajuste en España se ha hecho siempre vía empleo (despidos) y no vía negociaciones (reducciones de salario o sueldo) como en otros países. Algo de esto está cambiando con la reforma laboral, aunque ésta no acabe con todos los excesos del sistema.
- Rigideces: como decíamos antes, el problema de las rigideces no se da sólo en momentos de dificultades, aunque es entonces cuando tiene consecuencias más dolorosas en forma de cierre de empresas que podrían sobrevivir. La cuestión es que cuando existen oportunidades que requieren cambios en la estructura de la empresa, su organización, jornada laboral u horarios, tampoco es sencillo que las compañía españolas puedan aprovecharlas en su totalidad debido a una normativa rígida y muy poco adaptada a las necesidades de las empresas modernas.
- El coste del empleo: cuando se habla del coste del empleo, todo el mundo piensa en los salarios. Sin embargo, el verdadero problema está en la diferencia entre lo que la empresa paga (su coste real) y lo que el trabajador recibe cada mes. En España, las cotizaciones sociales suman un tercio del sueldo y eso unido a un IRPF que castiga sobremanera a los mejores trabajadores (con tipos muy altos desde niveles salariales relativamente reducidos), provoca que vivamos en el peor de los mundos posibles: un salario neto medio relativamente bajo, con un coste total del empleo relativamente alto. Por eso, los autores del estudio recomiendan cambiar la estructura impositiva, con "una reducción de los impuestos directos y las cotizaciones" y, si acaso, un incremento del IVA para compensar en la recaudación y ganar en competitividad de los factores laborales.
- Subsidios de desempleo: según este estudio, la tasa neta de reemplazo del subsidio del paro en España es del 39%, por debajo de la media de la OCDE (43,5%) y a años luz de países como Dinamarca (66%) o Alemania (63%). Esto quiere decir que el trabajador español que se queda sin empleo pierde más poder adquisitivo respecto a su salario previo que el danés o el alemán. De nuevo, en esta cuestión, es un error quedarse con la cifra. El problema en España no es que el subsidio del paro sea generoso (dada la riqueza media del país podríamos decir que está en la media), sino que no introduce los incentivos correctos para que el parado busque salir de esa situación.
- Políticas activas de empleo: el gasto medio en 2010 en España en este capítulo fue del 0,9% del PIB, lo mismo que en Alemania. Otra vez, la cuestión no es cuánto, sino como. La semana pasada, la UE ya apuntó a que éste era uno de los grandes temas pendientes de nuestro mercado laboral. Los cursillos del paro, subvenciones a la contratación y el resto de las medidas no están consiguiendo su objetivo: reintegrar al mercado laboral a los que se quedaron fuera. Ésta es una de las causas de que España tenga la segunda tasa de paro de larga duración más elevada de Europa, sólo por detrás de Grecia. Uno de cada diez activos lleva más de un año sin trabajar.
- Desempleo juvenil: puede que la consecuencia más dolorosa de todo lo visto hasta ahora esté en el descorazonador dato del desempleo juvenil, que supera el 50%. España es el país con más ninis de la UE, tanto entre 15 y 19 años como entre 20 y 24. Esto es un drama humano, pero además tiene profundas consecuencias a largo plazo para la productividad de todo el mercado laboral: "El desempleo involuntario puede dañar a los jóvenes trabajadores más seriamente y de forma más permanente que a los viejos, porque cualquier pérdida de empleabilidad tiene implicaciones más importantes para el capital humano cuando ocurre en etapas tempranas de la vida laboral, y reduce los ingresos sobre el resto de su carrera".
- De la escuela a la empresa: por eso, no es casualidad que el último aspecto que toque el informe antes de las conclusiones sea el de cómo facilitar el tránsito para ese primer empleo. Tres países destacan sobremanera, "Alemania, Suiza y Austria", los tres en los que se desarrolla de forma más perfeccionada el modelo de FP dual que permite a los estudiantes compatibilizar estudios y empleos desde una edad muy temprana. Mientras tanto, "España presenta pocas iniciativas para entrenar a los menos dotados académicamente para suavizar la transición de la escuela al mercado laboral".