Cuando se habla de paro, la tendencia natural consiste en analizar cómo han llegado los trabajadores a esa situación o en cuáles son las dificultades que tienen las empresas para contratarlos. Por eso, al analizar las causas de que España presente una tasa de desempleo superior al 25% mientras que en la UE no llega al 12%, el primer impulso lleva a fijarse en por qué las empresas reducen sus plantillas, que modalidades de contratación serían más efectivas o cómo incentivar a las compañías para que busquen nuevos trabajadores.
Sin embargo, hay una cuestión mucho menos presente en el debate aunque es igualmente importante: qué se puede hacer para que un parado sea más "empleable". Es decir, cómo conseguir que los que buscan trabajo sean más atractivos para las compañías y que sigan siéndolo aunque permanezcan desempleados.
Quizás la cara más dura de la crisis esté en ese nutrido grupo de parados de larga duración, que cada día lo tiene más difícil para reengancharse al mercado laboral. Cuanto más tiempo pasa uno en paro, más posibilidades tiene de no encontrar un nuevo empleo. Las estadísticas muestran que la mayoría de las personas que encuentran un trabajo había perdido el anterior en los tres meses previos. De hecho, una vez que pasa más de medio año desde el último empleo, cae dramáticamente la probabilidad de conseguir otro. El desempleado se instala en el círculo vicioso del que es muy complicado salir.
La pregunta es qué hace España para solucionar todo esto y la respuesta es que no demasiado. Por eso, la Unión Europea, en su último documento sobre las reformas aplicadas y por aplicar tras el rescate bancario, le dedica un apartado sólo a las políticas activas de empleo. No es la primera vez que Bruselas señala en esta dirección, pero quizás sí es la más contundente. Y es la primera vez que indican que el Gobierno podría estar preparando algo y le animan a que lo presente cuanto antes:
"La integración de las políticas activas y pasivas de empleo sigue siendo un reto [para España]. Estas políticas son el complemento necesario de la reforma del mercado laboral. El gasto en educación, integración del mercado laboral y reorientación profesional es todavía relativamente bajo. Las autoridades están preparando una evaluación de las políticas activas de empleo (PAE) que servirá como base para eventuales cambios en el presupuesto. Estas políticas necesitan ser modernizadas, para proveer un consejo efectivo y asistencia a los que buscan un trabajo".
Las tres claves
Los autores del informe, en este breve párrafo, apuntan a algunas de las claves que los expertos llevan tiempo denunciando sobre este tema, tan importante aunque a menudo olvidado.
De esta manera, la primera cuestión reside en la "integración" de políticas activas (formación, orientación,...) y pasivas (subsidios de desempleo). En Dinamarca es uno de los estados europeos más exitosos y tiene un modelo de mercado laboral que es estudiado en todo el mundo: la flexiseguridad. El país nórdico garantiza a todos aquellos que se queden en paro una importante red de seguridad, pero el acceso y el mantenimiento de estas ayudas están muy condicionados a la búsqueda real de empleo y a la aceptación de las posibles ofertas que puedan surgir.
En segundo lugar, los autores del informe de la UE apuntan a un "gasto relativamente bajo" en esta cuestión. Lo cierto es que España nunca ha estado a la cabeza en este apartado, pero tampoco estábamos tan lejos de algunos de nuestros vecinos y eso no ha evitado la dramática cifra del paro. Como apunta Florentino Felgueroso, "en el año 2008, nos gastamos un 0,68% de nuestro PIB en políticas activas. Francia y Alemania se gastaban un 0,80%, por ejemplo, aunque Dinamarca (1,2%), Holanda (1.04%) o Suecia (0,93%)" sí nos superaban por bastante. En los últimos tres ejercicios, esta diferencia se habrá acentuado, porque las PAE han sido uno de los capítulos que ha sufrido un recorte más pronunciado en los Presupuestos, con una reducción de casi un 50% desde el inicio de la crisis.
Sin embargo, incluso aunque admitamos que otros estados dedican más dinero a esta cuestión, no parece que sólo esa pequeña diferencia sea suficiente para explicar la enorme brecha que separa las tasas de paro de España y sus vecinos. Porque el problema no es sólo de gasto total, sino de en qué cómo se gasta.
Cómo puede verse en el siguiente gráfico, entre 2005 y 2009 el gasto en PAE medido en porcentaje del PIB era superior a la media de la UE-15, pero eso no evitó el desastre 
cuando llegó la crisis. Sin embargo, sí podemos ver una enorme diferencia en los conceptos: mientras Dinamarca u Holanda dedican el mayor porcentaje de sus recursos a "formación, integración y reorientación", en España la parte del león se la llevan las "bonificaciones y subvenciones" a la contratación, que los expertos denuncian que no sirven para crear empleo neto, sino simplemente para cambiar unos trabajadores por otros. Es decir, en un proceso de selección con dos candidatos, las empresas tienden a contratar a aquél que les proporcione acceso a la ayuda pública, pero no cogen a los dos por el hecho de que uno de ellos esté bonificado.
Además, todo esto tiene mucho que ver con el tercer apunte del informe de la UE, el que habla de la "evaluación" que en teoría está llevando el Gobierno a cabo y de la que se conocerán los resultados a lo largo de las próximas semanas. Porque no es sólo que gastemos menos en formación o integración, es que lo que se destina a estas áreas también se hace de forma mucho menos efectiva. Hasta ahora, en España, prácticamente no ha habido un control de si se estaban consiguiendo los resultados o de qué tipo de formación servía más al propósito teórico para el que estaba diseñada.
Casi todo el mundo asocia en España las políticas activas de empleo con los famosos cursillos del paro, que en gran medida están organizados por la administración y en manos de sindicatos y patronal. Pocos expertos han lamentado el recorte presupuestario que han sufrido porque existe un consenso bastante generalizado en que no están consiguiendo sus resultados, a pesar de que son una de las partidas más importantes del gasto en las cuentas públicas (especialmente las autonómicas, que tienen la competencia en la materia).
Por ejemplo, entre 2005 y 2009, España fue el país de Europa en el que un mayor porcentaje de menores de 25 años participó en programas de PAE. Y eso no ha evitado que el desempleo juvenil esté por encima del 55%. Las quejas de los empleadores y los parados apuntan a cursos muy genéricos, diseñados en la administración, que no aportan habilidades realmente requeridas en el mercado laboral y están muy alejados del día a día de las empresas.
Como ejemplo de la distancia entre las necesidades de los desempleados y la administración, habría que recordar que, por ejemplo, los servicios públicos de empleo apenas colocan al 3% de los nuevos contratados, mientras las ETT, con menos medios, alcanzan el 14%. Por eso, numerosos expertos piden aumentar el peso de las empresas en el diseño de la formación, ampliar las opciones a disposición de los parados, reducir el dirigismo público y premiar a aquellos que estén consiguiendo más resultados.
En realidad, es un modelo que se parecería mucho a un mercado de cursillos de formación para parados en el que los parados contarían con la ayuda económica de la administración y tendrían acceso a una orientación profesional de calidad (en muchos países europeos se realiza a través de la colaboración de los servicios públicos con empresas privadas de intermediación). Y luego serían ellos mismos los que buscarían las mejores opciones para redirigir su carrera, sabiendo que tienen el deber de buscar un empleo proactivamente y de aceptar las ofertas que les puedan hacer dentro de su sector.