O dicho de otro modo, tal y como reza el saber popular, los problemas hay que cortarlos de raíz. Esta actitud es contraria a la de irse por las ramas, buscando no se sabe qué o tratando de simular un interés inexistente. Que la crisis financiera, en la que todavía estamos inmersos, ha dado lugar a actitudes dignas de análisis y condena está fuera de toda duda, pero los problemas no se van a resolver podando los esquejes más insignificantes, sino yendo a la raíz de los mismos.
Ya hoy somos muchos, inicialmente éramos pocos, los que consideramos que una variable significativa en la crisis actual es la ausencia de consideraciones morales en la conducta de los agentes económicos. Una falta de moralidad que es perceptible en todos ellos, los de los estratos más altos y los de los inferiores, y que conduce a los abusos, a la falta de consideración para con las personas y con sus intereses y al predominio de la avaricia.
El reflejo de la falta de moralidad es múltiple. Se ha visto en el ámbito de la gestión, corrupta en no pocos casos, que ha conducido a la quiebra de entidades, y en el propio sistema, o en una parte importante del mismo. Por otro lado, en la captación de pasivo se hecho abuso de la superioridad de la entidad financiera y del desconocimiento del cliente, lo que ha llevado a éste a optar por títulos de escasa o nula garantía. Esos abusos, propios de mercados restringidos, han menguado el patrimonio de los clientes, con enriquecimiento injusto de los operadores financieros.
Una muestra de ese enriquecimiento la tenemos en las elevadas remuneraciones que se han pagado, acentuadas por premios de gestión –bonus– satisfechos aun en los casos de mala gestión. Y es que en un escenario sin moral lo que importa son las cifras, no cómo se han conseguido, ni los efectos perversos que se hayan podido generar en personas y patrimonios.
Pues bien, el ministro De Guindos pretende atacar el problema planteado en el mundo financiero regulando los bonus e incluso regulando las remuneraciones ordinarias de la alta gestión financiera. Es decir, está el señor ministro contemplando cómo podar ramas menores sin entrar en la enfermedad del sistema, que se encuentra en la raíz del mismo. Lo primero que se me ocurre es que el ministro no debe entrar en lo que es propio del sector privado. Ya sé que entregó dinero público para rescatarlo: mal hecho. Las empresas, cuando quiebran, han quebrado, y si la quiebra es fraudulenta sus administradores deben ser condenados a las penas previstas en la ley.
Ya sé que el ministro no está en condiciones de convertir a la moralidad a los inmorales, pero hay instrumentos útiles para convencer a éstos de que la inmoralidad puede ser muy onerosa. La Audiencia de Barcelona parece encaminarse por este derrotero.