El Gobierno lanza un nuevo salvavidas al sector inmobiliario y lo aprueba, además, por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía. Desde 2008, los gobiernos de PSOE y PP han mantenido en vigor una medida excepcional para evitar la quiebra de un gran número de inmobiliarias y constructoras que, según la Ley de Sociedades de Capital, deberían haber sido disueltas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en diciembre de 2008 el Real Decreto-Ley 10/2008, por el cual se suspendían, con carácter extraordinario y temporal (hasta 2010), las causas de disolución de sociedades anónimas derivadas del deterioro de activos inmobiliarios.
[...] no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.
De este modo, evitó que, durante dos años, las empresas (básicamente, inmobiliarias y promotoras) reconocieran pérdidas en su balance como resultado de inversiones inmobiliarias fallidas o deterioro de activos ligados al ladrillo, sin que ello afectara los más mínimo a su capital. Es decir, permitió que las inmobiliarias zombies (insolventes) siguieran en pie mediante un mero artificio contable, evitando de paso un elevado aumento de la morosidad bancaria.
Y es que, según establece la Ley de Sociedades, una empresa debe disolverse si dichas pérdidas dejaran su patrimonio neto reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre y cuando no lograra aumentar o reducir su capital en la medida suficiente para evitar tal situación.
Sin embargo, cuando ese plazo inicial expiró, Zapatero prorrogó de nuevo esta excepción por dos años, hasta el término de 2011, a través del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo. Posteriormente, el Gobierno del PP mantuvo esta estrategia, ya que en febrero de 2012 volvió a extender un año más este maquillaje contable para evitar la quiebra de un buen número de inmobiliarias insolventes.
Una vez expirado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha vuelto a repetir la operación, introduciendo una prórroga adicional durante 2013 a escondidas en el Real Decreto que modifica el régimen de tasas judiciales, aprobado el pasado 22 de febrero. Así, su disposición final tercera señala lo siguiente:
1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el artículo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado texto refundido, así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los ejercicios sociales que se cierren en el año 2013.
De este modo, se evita, una vez más, la quiebra de empresas durante 2013 como consecuencia del deterioro del Inmovilizado Material, Inversiones Inmobiliarias y Existencias del balance. De hecho, en su exposición de motivos el Gobierno explica abiertamente que esta prórroga pretende "evitar que las empresas del sector inmobiliario entren en situación de concurso de acreedores". Aunque lo vende como una medida "excepcional", como resultado de la caída de precios inmobiliarios, lo cierto es que ya lleva en vigor cinco años, desde que estalló la crisis.
El problema de esta cláusula es que ha evitado que muchas inmobiliarias y constructoras zombies (insolventes) sigan vivas gracias, exclusivamente, a una excepción legal, retrasando y ralentizando así el necesario ajuste del sector inmobiliario.
En este sentido, cabe recordar que tras más de un lustro de crisis económicas, el precio de la vivienda tan sólo ha bajado un 30% de media con respecto al nivel máximo alcanzado en pleno auge inmobiliario, cuando en otros países como EEUU, Reino Unido o Irlanda, el ajuste de precios se completó en poco más de dos años tras sufrir un desplome próximo al 50%. No es de extrañar pues que algunas entidades, como CatalunyaCaixa, estimen que el precio de los pisos en España tenga que bajar otro 20% adicional respecto a 2012.