"Emprendedores, pymes, autónomos". Desde hace años, cada vez que un político español quiere explicar una propuesta de subvenciones a las empresas, de apoyo a la creación de puestos de trabajo o de líneas de crédito al sector privado, recurre a alguno de estos términos. El último fue Mariano Rajoy, este miércoles, durante la apertura del Debate sobre el estado de la Nación. Todas las medidas que anunció para "el fomento del empleo" se centraron en alguno de estos tres colectivos (o en los tres a la vez).
Mientras tanto, la palabra "empresario" apenas aparece en los discursos de los líderes hispanos, ni siquiera de aquellos que militan en partidos teóricamente más pro-mercado. En el último año, el propio presidente del Gobierno y su ministro de Hacienda han celebrado en repetidas ocasiones, en esa misma tribuna del Congreso, cómo su Gobierno había conseguido un aumento "histórico" de la recaudación del Impuesto de Sociedades que ha llegado de la subida de la presión fiscal a las grandes compañías.
De esta manera, se ha generalizado la idea de que hay que ayudar a las pequeñas empresas, las que lo pasan mal, están empezando o tienen pérdidas. Y al mismo tiempo, hay que castigar a los grandes conglomerados, que reúnen cientos de trabajadores, tienen importantes beneficios y son reconocidos como líderes en sus sectores.
No parece que esto tenga mucha lógica. En principio, el objetivo de todas las pymes y las microempresas es dejar de serlo. Es decir, si un grupo de inversores monta una pequeña compañía con 5-6 empleados, seguramente estará encantado de ganar cuota de mercado, crecer en facturación y terminar convertido en una empresa de 200 ó 300 empleados. Sin embargo, si lo consiguen, serán penalizados: tener éxito en España se castiga.
El coste en productividad
Es evidente que el tejido empresarial de cualquier país se basa en sus pymes. Podría decirse que son los cimientos sobre los que se construye el resto de su estructura productiva. Pero eso no es motivo para que se deba discriminar a las grandes o no facilitarles las mismas herramientas que a las pequeñas. ¿Por qué bonificar la contratación sólo para las compañías con menos de 50, 100 ó 200 empleados? ¿Por qué no ampliar las ventajas a todas las empresas, sea cual sea su tamaño?
Además, no es sólo una cuestión de filosofía. Diversos estudios demuestran que mantener un porcentaje excesivamente alto de microempresas o dificultar la consolidación de compañías para que adquieran un mayor tamaño es malo para una economía. Según cálculos de Fedea, si España tuviera la misma estructura empresarial que Alemania, podría conseguir un incremento de la productividad del 30%. Sin hacer nada más. Simplemente aprovechándose de los beneficios de un tejido más acorde a las necesidades actuales.
Los datos
En el último índice Fortune 500 que reúne a los 500 mayores grupos del planeta por facturación, España tiene nueve representantes (puesto 12º), frente a los 35 de Francia, 34 de Alemania y los 30 del Reino Unido. Es lógico que un país con menos población y menos PIB per cápita tenga menos presencia que los grandes de la UE, pero la diferencia es excesiva.
La ausencia de gigantes industriales es importante, pero eso está empezando a cambiar. Poco a poco, las multinacionales españolas (Santander, Telefónica, Repsol,...) están creciendo y alcanzando posiciones de privilegio. Lo verdaderamente relevante es que en España falta lo que podríamos denominar como "clase media empresarial", es decir, compañías de tamaño medio (de 100 a 1.000 empleados, por ejemplo), que están dejando de ser pymes para consolidar una estructura muy eficiente y competitiva.
De acuerdo a los datos de la OCDE recogidos en este detallado estudio de La Caixa, en el año 2007, "operaban en España 3.305 empresas con más de 250 trabajadores –lo que se considera gran empresa–, sobre un total de 2.712.397 empresas". En Alemania, el mismo periodo, las cifras eran de 8.995 sobre un total de 1.818.909.
De esta manera, "España destaca por ser uno de los países avanzados con un mayor peso de las microempresas o empresas con menos de 10 asalariados, que representan un 93% del total", versus el 83% en Alemania, que está en la media de la OCDE. En 
términos de ocupación, las pequeñas y medianas empresas (menos de 250 empleados) copan el 78% del total de empleo en España, mientras que en Alemania solo emplean el 60,4% y en Estados Unidos, el 47,3%. Además, "la distribución de empleo también muestra un claro sesgo hacia la microempresa –con el 38,3% del total, versus el 19% en Alemania o el 11% en Estados Unidos".
En el primer gráfico, puede verse la comparación en términos de número total de trabajadores por tamaño de empresa entre España y las otras cuatro grandes economías de la UE (hay leves diferencias con las cifras anteriores por la fuente, en este caso Eurostat vía Fedea).
¿Y esto supone algún problema? Pues en cierto sentido sí. Como puede verse en el segundo gráfico (Fuente: Informe sobre productividad del INE), la productividad de las empresas depende en gran medida de su tamaño. Esto tiene lógica. En numerosos sectores, alcanzar una masa crítica ofrece economías de escala, poder de negociación, sinergias, etc. Por eso, según este mismo estudio del INE la productividad por 
empleado en las empresas de más de 1.000 empleados es de unos 117.000 euros, mientras que en las de 1-3 empleados apenas supera los 31.000 euros. No es porque aquellos sean más listos que los de las micro-compañías. Simplemente es que la acumulación del capital les ayuda a que su trabajo cunda más.
Por ejemplo, en términos generales, la productividad española está en la parte media baja de la UE, con unos 58.815 euros por trabajador. Mientras, en Francia llega a los 66.000 euros y en Alemania supera los 70.000 euros. Sin embargo, si dividimos el análisis en función del tamaño de las empresas, las cifras cambian. Como vemos en el siguiente gráfico, las empresas españolas de más de 250 empleados tienen una productividad superior a sus pares alemanas, inglesas o francesas. Y en las de menor tamaño, las diferencias, aunque favorables a nuestros competidores, son mínimas.
Esto quiere decir que los empresarios españoles son igual de competitivos que alemanes o franceses; lo que les falta es tamaño. O expresado de otra manera, si España consiguiera un tejido productivo en el que las empresas de tamaño medio-grande tuvieran mayor presencia, podría aumentar rápidamente la productividad del conjunto de la economía. Como decíamos antes, según explica Fedea en su informe Una agenda de crecimiento para España, "si mantuviera la productividad actual por cada tamaño pero [tuviera] una composición de empresas idéntica a la alemana, tendría una productividad el 30% superior a la actual".
¿Por qué?
Con todos estos datos encima de la mesa, la pregunta que muchos se hacen es por qué se da en España esta sobre-representación de las microempresas. La intuición puede apuntar a que en los principales sectores de su economía, como el turismo, no son tan necesarias las compañías de tamaño medio-alto. Sin embargo, tal y como se explica en el informe de La Caixa citado anteriormente, "el sesgo hacia la empresa de reducido 
tamaño se observa también en la industria manufacturera, un sector más propenso a una mayor dimensión empresarial".
De esta manera, se abre camino una segunda explicación, la que apunta a la regulación como freno al desarrollo de empresas de mayor tamaño. Como explican los autores de este trabajo, "en ocasiones, algunas políticas específicas destinadas al apoyo de las pymes, como exenciones regulatorias o fiscales o una normativa menos exigente, pueden convertirse en obstáculos para que la dimensión de estas aumente". Es decir, que cuando un empresario llega a un determinado límite (por ejemplo 45 trabajadores) se lo piensa mucho a la hora de seguir creciendo, puesto que sabe que si lo hace perderá ventajas legales. A la larga, esto es un freno muy relevante en el futuro de su empresa.
Un vistazo rápido a los datos (ver siguiente gráfico) demuestra un inusitado crecimiento de asalariados en empresas de entre 20 y 49 empleados y de 200 a 499 empleados, justo los límites que se suelen utilizar en las normas laborales o fiscales españolas. Un estudio del IE de los profesores Santaló y Marcos, corrobora "una relación negativa entre 
intensidad regulatoria en el mercado de bienes y servicios y el porcentaje de empresas con más de 200 empleados".
De hecho, esta circunstancia no es exclusiva de España. Luis Garicano realizó el año pasado junto a dos colegas, un estudio llamado Tamaño de las empresas, distorsiones y productividad: evidencia desde Francia. Y concluyen que "el número de empresas que decide quedarse justo por debajo del umbral de los 50 trabajadores para evitar así la regulación es muy significativo y, por consiguiente, ello tiene importantes consecuencias para la capacidad de crecimiento del tejido productivo galo. De hecho, estiman que el coste generado por esta legislación es equivalente a un aumento de los salarios de entre el 5% y el 10%".
Es decir, que también en el país vecino, la normativa supuestamente pro-pyme, pro-emprendedor o pro-autónomo acaba penalizando a estos mismos empresarios (que es lo que son) cuando quieren hacer lo que cualquiera en su lugar: aprovechar las ventajas de un negocio cada vez más próspero.