El título de estas líneas es tan obvio, que cualquier explicación parece innecesaria. Sin embargo no es así, sobre todo si uno tiene conocimiento de las intenciones de la Junta de Andalucía, la región con mayor desempleo y desempleo juvenil de toda la Unión Europea. Según la doctrina y práctica política de su presidente, el principio que debe imperar en el mundo económico y laboral podría enunciarse así: contra el paro, subvención.
De nada sirven los resultados evidentes de las subvenciones desde hace muchos lustros. La subvención, cualquiera que sea, es un narcótico que adormece las iniciativas y elude las responsabilidades. La subvención ayuda al parado a permanecer en paro en el lugar y el entorno que le es propicio. La subvención eleva el coste de oportunidad para el trabajo y por ello dificulta la incorporación del desempleado a la actividad laboral.
Es posible que la subvención, en una sociedad ya adormecida, despierte votos en unas elecciones, pero no es menos cierto que esos votos tendrán un elevado coste social; un coste representado por la decadencia y degradación de la propia sociedad, que, a través de la subvención, inicia inexorablemente el camino a la marginalidad.
Cualquier subvención, ya sea al trabajador o a la empresa, genera una economía de ficción que, en el mejor de los casos, se sostiene mientras lo haga la propia subvención. Además, esta política es injusta, en el plazo inmediato, para con quienes no gozan de ella, que se verán obligados a competir en el mercado con quienes han obtenido ayudas. Así ha ocurrido, en ocasiones, cuando las empresas subvencionadas, bien directamente o a través de ayudas en el coste de los recursos –trabajo, energía, capital, etc.–, han enterrado a las empresas eficientes, carentes de ayudas, y se han quedado como única alternativa en un mercado falso, manipulado por las subvenciones públicas, y que morirán cuando se acabe la subvención.
El presidente de la Junta de Andalucía está gozoso porque va a disponer de mayores recursos para la subvención y para el despropósito. De la Unión Europea, escandalizada por su tasa de desempleo, va a recibir fondos adicionales –creen en Bruselas que para crear empleo– a los que se le asignen por el Presupuesto español. Estamos hablando de unos setecientos cincuenta millones de euros, que se desvanecerán, una vez más, entre los dedos de quienes dicen administrarlos.
Pretende el presidente andaluz crear 42.000 puestos de trabajo, sin precisar por cuánto tiempo, pero, aun si así fuera, cada puesto de trabajo tendrá un coste de unos 17.800 euros; a partir de ahí, el salario del trabajador. Efectivamente, el mercado nunca crearía puestos de trabajo a ese coste. Sólo nos queda por saber si los nuevos 310 funcionarios que pretende ampliar están incluidos en los 42.000 puestos.
Tanto despilfarro es un lujo que no nos podemos permitir.