Desde hace años, Cataluña tiene una de las regulaciones comerciales más restrictivas de España. Todos los gobiernos que han pasado por la Generalidad han hecho bandera de la defensa de sus pequeños tenderos (los botiguers, en catalán) frente a las grandes superficies. No importa los cambios normativos que haya aprobado el Gobierno central, como el decreto de liberalización de horarios comerciales impulsado por Jaime García-Legaz. Las instituciones públicas catalanas siempre se han negado en redondo a liberalizar un sector que consideran estratégico.
Sin embargo, no todos dentro de la administración regional parecen estar de acuerdo con esta postura. Hace unos días, un organismo dependiente directamente de la Consejería de Economía, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), publicó un demoledor informe acerca de las diferentes leyes regionales sobre comercios. Según sus conclusiones, esta normativa no ha conseguido los objetivos de proteger al pequeño comercio y, sin embargo, ha supuesto un enorme perjuicio para los consumidores, que tienen menos oferta, precios más altos y más dificultades para acceder a los bienes que los vecinos de otras comunidades autónomas.
Al mismo tiempo, los autores piden más liberalización, tanto para ayudar a la modernización del sector (especialmente el pequeño comercio) y conseguir más competencia, con los benéficos efectos que esta tiene para el usuario. Por lo visto hasta ahora, no parece que desde el Gobierno regional se hayan dado por enterados del contenido de dicho estudio.
La justificación
Tal y como explica el mismo informe, "la normativa comercial catalana de los últimos 15 años se ha caracterizado por su elevado grado de intervención administrativa", que ha dado lugar a "numerosas restricciones injustificadas a la competencia, básicamente en forma de barreras de entrada, y al ejercicio de la actividad, concretadas en la limitación de horarios comerciales y períodos de rebajas".
La justificación tradicional a este tipo de leyes es que protegen al pequeño comercio frente a las grandes superficies. Sin embargo, numerosos estudios académicos, muchos de ellos incluidos en el informe del ACCO, han desmontado esta creencia. Como podemos ver en este artículo publicado por Fedea hace sólo un par de meses, tanto en Italia como en Francia, los análisis realizados muestran que las restricciones provinciales a la 
apertura de establecimientos comerciales se tradujeron en "aumentos de precios, costes laborales y beneficios de las empresas ya establecidas, reduciendo al mismo tiempo la productividad y el empleo".
En España, Luis Orea realizó un interesante análisis acerca del impacto en los precios de las diferentes regulaciones comerciales de las 17 comunidades autónomas, una cuestión en la que Cataluña destaca como la más intervencionistas y restrictiva. Pues bien, según sus datos, las diferentes leyes pueden provocar cambios en los precios de hasta el 8%, siendo estos incrementos especialmente significativos en el caso de los bienes más económicos.
Y según un informe de la Comisión Nacional de la Competencia de 2011, los principales beneficiarios de la regulación restrictiva han sido los supermercados de menor tamaño. Es decir, que una normativa restrictiva perjudica a los consumidores porque incrementa los precios (sobre todo a los de menor poder adquisitivo) y favorece sobre todo a las cadenas de supermercados de tamaño medio.
Las conclusiones
Todo el informe es absolutamente demoledor. Prácticamente no hay ni un solo párrafo que no sea crítico con las leyes comerciales catalanas. De hecho, si no lo hubiera realizado un departamento dependiente de la propia Generalidad podría ser despreciado como un ataque interesado al Gobierno regional. Sin embargo, son los propios técnicos de la Consejería de Economía los que lo han escrito y por eso debería tener algún impacto en la política del Ejecutivo de Artur Mas, aunque todos sus pronunciamientos hasta el momento han ido en sentido contrario. Éstas son sus principales conclusiones:
- Datos: en Cataluña, en los últimos diez años, el canal tradicional no ha aumentado su cuota de mercado, sino que ha perdido un 2,7%; los hipermercados han reducido su cuota un 9,9% y los supermercados han subido un 19%. Los m2 de superficie de venta de canal tradicional han caído un 24,9% (más que la media nacional) y es la segunda comunidad autónoma con mayor reducción del número de autónomos en este sector.
- Objetivos: "la normativa catalana no ha sido efectiva para evitar la caída del comercio tradicional y ha sido contraproducente para fomentar su modernización y especialización". Asimismo, "limitar nuevas implantaciones ha sido contrario al objetivo expresado de evitar problemas de movilidad obligada". Es decir, que ante una restricción del comercio, los clientes acaban yendo a las grandes superficies, con un coste superior en tiempo y combustible consumido justo lo que en teoría quería evitarse.
- El futuro del sector: "los pequeños comerciantes se sienten protegidos y pierden incentivos para modernizarse y especializarse. La supervivencia del comercio tradicional depende de su capacidad para especializarse en ámbitos donde pueda ser competitivo".
- Licencias más caras: "la regulación restrictiva las convierte en un bien escaso, lo que otorga rentas regulatorias no justificadas a su propietario. La ambigüedad de la normativa puede dar lugar a discrecionalidad por parte de la administración e inseguridad jurídica entre los operadores".
- Menos competitividad: "las empresas, cuando encuentran las empresas, cuando encuentran muchas dificultades para desarrollar proyectos en un área determinada, invierten en otros territorios. La consecuencia es que la creación de puestos de trabajo se produce fuera de Cataluña. Las restricciones también generan efectos negativos sobre el nivel de precios".
- Menos oferta: "las restricciones normativas han provocado que la oferta global sea menor que la potencial; en particular, han limitado el crecimiento del formato hipermercado y de los establecimientos de descuento, lo cual iría en contra de las preferencias y el bienestar de los consumidores".
- Malo para los comercios: "retrasa la modernización y especialización de los pequeños establecimientos y no les permite beneficiarse del polo de atracción que constituyen los grandes formatos, por ejemplo, centros comerciales".
- Peor para los consumidores: "son los grandes perjudicados por una normativa comercial restrictiva ya que todos los efectos identificados en este trabajo acaban repercutiendo negativamente, de forma directa o indirecta, en su bienestar".
- Sin futuro: "visto el crecimiento imparable del comercio electrónico, es un contrasentido establecer barreras al establecimiento físico; el mundo virtual no tiene fronteras y está abierto 24 horas al día. Para que el comercio físico pueda competir en igualdad de condiciones con el mundo virtual, hay que dotarlo de mayor flexibilidad. Precisamente, en un momento de crisis como el actual, es conveniente una regulación comercial flexible que no introduzca trabas a la actividad económica".