Publicó Vicenç Navarro un artículo este pasado miércoles en el diario El País donde reiteraba uno de sus más conocidos argumentos: que los agoreros temores sobre el futuro de las pensiones españolas están absolutamente infundados. ¿La razón? Si continuara creciendo a su media histórica del 1,5% (descontando inflación), el PIB español más que se duplicaría para el año 2060 con respecto a su nivel de 2007, lo que permitiría duplicar las pensiones actuales y duplicar el número de pensionistas que las perciben pasando de un gasto equivalente al 8% del PIB (en 2007) a uno del 15% (en 2060). Argumenta Navarro que el 15% constituye un porcentaje de desembolso en pensiones bastante razonable, porque muchos países europeos ya están asumiendo hoy un coste similar y porque, además, pasar del 8 al 15% tendría un efecto menor que el paso que de hecho hemos dado del 3% que destinábamos a las pensiones hace 50 años al 8% que destinamos ahora.
Las conclusiones parecen sólidas, salvo cuando uno se pone a profundizar un poco en los datos. El Sr. Navarro viene repitiendo el mismo discurso desde hace unos cuantos años, y el problema es que se le ha quedado desfasado. Así, en 2012 ya no gastamos el 8% del PIB en pensiones, como sí hicimos en 2007 (en realidad, el 8,5%), sino el 10,8%. Asimismo, según las proyecciones demográficas del INE, el problema no lo vamos a tener en el año 2060, sino como muy tarde en el 2050: para entonces, el número de personas con más de 65 años habrá pasado de los 8 millones actuales a más de 15 (con la reforma de las pensiones rechazada por el Sr. Navarro, el número de personas por encima de 67 años sería de 14 millones). Y dado que en la actualidad hay un 15% más de pensiones que de pensionistas (algunas pensiones, como las de viudedad y jubilación, son compatibles), no es complicado concluir que para 2050 las arcas públicas tendrán que hacer frente al pago de más de 17 millones de pensiones. Siendo la pensión media actual de 850 euros mensuales, y asumiendo que se incrementen en términos reales un 1,5% al año, como propone Navarro, para 2050 los desembolsos de la Seguridad Social ascenderían a 350.000 millones de euros, el 35% de nuestro PIB actual.
Por supuesto, la carta que el Sr. Navarro se guarda bajo la manga es asumir que, si logramos crecer al 1,5% hasta 2050, el PIB también aumentará hasta casi los 1,8 billones de euros (Navarro calcula el crecimiento desde 2007 a 2060, pero lo lógico es hacerlo desde el actual 2013 al crítico 2050); de modo que el anterior gasto en pensiones no representará el 35% del PIB, sino alrededor del 20% del PIB de 2050. Ya con esto bastaría para mantenernos alerta sobre las optimistas conclusiones de Vicenç Navarro; por mucho que hayamos podido incrementar el gasto del 3% en 1960 al 10% actual, esta tendencia no parece que sea indefinidamente escalable (¿o lo mismo podemos pasar del 10 al 20% que del 20 al 40% y del 40 al 80%?); máxime cuando una población anciana acarrea muchos otros gastos adicionales distintos a los de las pensiones, como pueden ser el sanitario, que también se estima que pueda pasar a representar entre cuatro y cinco puntos adicionales del PIB de 2050. Sólo con la evolución de estos dos rubros, y manteniendo el tamaño del resto del Estado en sus proporciones actuales, nos plantaríamos con un sector público que coparía el 60% del PIB dentro de tres décadas (y el Sr. Navarro en su propuesta todavía quiere incrementarlo más, pues propone crear varios millones de empleos públicos).
Pero el problema de sostenibilidad en realidad es otro. Las tendencias demográficas de España no sólo apuntan a un rápido aumento de la población anciana, también a una considerable reducción de la población en edad de trabajar. Si ahora mismo tenemos algo más de 31 millones de personas entre 16 y 67 años, para el 2050 se calcula que apenas habrá 22 millones. En nuestro mejor momento (año 2007), en España trabajó cerca del 65% de la población con edad para hacerlo, de manera que extrapolando ese muy generoso porcentaje a 2050 nos toparíamos con una población ocupada de 14 millones de personas. ¿Qué significa esto? Pues que si la productividad del trabajo (el PIB por trabajador) era de unos 50.000 euros al pleno rendimiento de 2007, para que la economía llegue a crecer al 1,5% hasta 2050 esta productividad deberá casi triplicarse, hasta los 130.000 euros por trabajador, lo que implica que su crecimiento deberá ser del 2,5% anual y no del 1,5, como asume Navarro (cada trabajador no sólo tendrá que aumentar su productividad con respecto a lo que fabrica ahora mismo, sino que deberá hacerlo en mucha mayor medida para compensar la reducción de personas que están generando riqueza). Para hacernos una idea, si la productividad del trabajo sólo creciera el 1,5% en lugar del 2,5, nuestro PIB de 2050 apenas sería un 25% superior al actual, representando el gasto en pensiones no el 20%, sino casi el 30%. ¿Seguimos creyendo que no hay ningún problema serio a la hora de garantizar su sostenibilidad incluso tras las recientes reformas a las que han sido sometidas (reformas que, dicho sea de paso, se han tenido que suceder en las últimas décadas para garantizar la subsistencia del sistema público, en un contexto en el que hemos crecido a las tasas a las que Navarro encomienda todas sus esperanzas)?
La cuestión, por consiguiente, es: ¿resulta realista pensar que la productividad del trabajo se multiplicará casi por tres en menos de 40 años? Desde luego, la pelota está sobre el techo de esa izquierda que lleva décadas pronosticando el fin del crecimiento económico y el agotamiento de los recursos naturales; un auténtico cul-de-sac que de algún modo deberán resolver: o mantienen que el crecimiento ilimitado es imposible (en cuyo caso el Estado de Bienestar deberá experimentar un tijeretazo morrocotudo) o defienden que sí puede darse y se encomiendan al dinamismo capitalista para mantener a flote su Hiperestado. Otra posibilidad, claro, es combinar la defensa del decrecimiento económico con esa reciente petición del ministro japonés de Finanzas reclamando a los mayores "que se den prisa y mueran"; unas declaraciones que han movido al escándalo generalizado pero que el propio Navarro suscribía hace unos años, cuando condicionaba parte de su defensa del sistema público de pensiones en que la esperanza de vida no aumentara (curioso sistema de jubilación hipersocial ése que observa el alargamiento de la esperanza de vida como una amenaza y no como una bendición).
Personalmente, soy bastante optimista con respecto a nuestras posibilidades de crecimiento futuras, pero, habida cuenta de nuestro declive demográfico, deberá ser un crecimiento que se derive fundamentalmente de la acumulación y de la rentabilización del capital. Y, en ese caso, llegamos al asunto realmente fundamental del debate: si nuestro crecimiento económico futuro va a gravitar sobre el capital, resulta absurdo y profundamente antisocial el no hacer a la población partícipe de ese sano proceso de acumulación de ese capital. Es decir, resulta disparatado no convertir a los ciudadanos en propietarios de ese nuevo capital que tendrá que acumularse; para lo cual habrá que sustituir nuestro piramidal sistema de pensiones actual por uno de capitalización. Apunta el Sr. Navarro que el crecimiento económico real medio ha sido del 1,5%: bien, pues la revalorización real media de la bolsa estadounidense durante los últimos dos siglos ha sido del 7%. O dicho de otro modo, si cada español invirtiera sus cotizaciones medias actuales a la Seguridad Social (6.000 euros anuales) al 7% anual, en 35 años podría jubilarse con un patrimonio de 900.000 euros y con unas pensiones mensuales de 3.000 euros. Ése es el auténtico fraude de la Seguridad Social: el expolio y la pauperización al que han sido sometidos los trabajadores por parte del Estado, privándoles de cualquier posibilidad de acumular un patrimonio medianamente cuantioso que no consista en sus burbujísticas e hiperhipotecasas viviendas.
Por supuesto, uno puede dudar razonablemente de que la bolsa se siga revalorizando al 7% durante los próximos 35 años. Pero en tal caso será imposible que la productividad del trabajo pueda crecer al 2,5% anual durante ese mismo período. Y si no conseguimos esto último, el sistema público de pensiones en su forma actual no es que esté en peligro, es que está muerto.